Conama amplía plazo para comentar norma de emisión para termoeléctricas

Algunas Empresas buscan plantear sus reparos a nuevas autoridades. El Dario Financiero, 23 de marzo 2010.
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A partir de hoy y durante diez días la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama) ampliará el período de consulta pública, de la polémica norma que regulará las emisiones de las centrales termoeléctricas, que finalizó el 11 de marzo.

La resolución de la entidad, que se hace extensiva a otros procesos en desarrollo, obedece a las repercusiones del terremoto y a la dificultad de llevar a cabo, con normalidad, las etapas de consulta pública en los procesos asociados a la elaboración y revisión de normas ambientales.

Fuentes al interior de la Conama indicaron que, por esta vía, se busca adoptar todas las medidas necesarias para lograr el pleno respeto de los principios de la participación ciudadana y de igualdad de los interesados.

En este sentido, trascendió que algunas de las generadoras que operan o tienen proyectado construir unidades de este tipo, planean reunirse con las nuevas autoridades de las carteras de Medioambiente y Energía, Ricardo Raineri y María Ignacia Benítez, respectivamente, para plantearles sus reparos y observaciones a esta iniciativa que fue elaborada e inició su trámite cuando Ana Lya Uriarte encabezaba la Conama.

La intención de las privadas es poner a los nuevos personeros al tanto de lo restrictivo de los límites de la iniciativa, que para unidades existentes y nuevas son más severos -dicen en la industria- que aquellos vigentes en países desarrollados, todo lo cual -agregan- la hacen inaceptable.

Defensa

Desde que se dio a conocer esta norma, que busca reducir las emisiones de material particulado, dióxido de azúfre, óxidos de nitrógeno, mercurio, níquel y vanadio, con el fin de proteger la salud de las personas, las empresas del sector han planteado sus reparos.

En primer lugar, porque en medio de un escenario en que se requiere seguridad de suministro a partir de una matriz diversificada, esta regulación podría implicar incluso el cierre de unidades en que el costo para adaptarse al nuevo requerimiento -el cual alcanzaría al 50% del valor de una unidad nueva- es excesivo.

En este plazo, las empresas esperan recibir retroalimentación de la autoridad para articular su postura proclive a bajar la exigencia.

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