El terremoto y los desafíos del nuevo gobierno (en pedir no hay engaño)

El megaevento sísmico que despertó al país la madrugada del 27 de febrero encontró al país en un momento político muy especial: en vísperas de un traspaso de mando que marca el fin de los gobiernos de la Concertación, y el inicio de un gobierno de derecha, el primero elegido democráticamente en más de 50 años. Si bien, en una primera instancia Sebastián Piñera sostuvo que la nueva realidad no modificaría su programa de gobierno ni sus promesas electorales, a estas alturas queda claro que el programa de gobierno será modificado y que el período 2010-2014 quedará marcado por los desastres naturales.

En términos generales, el terremoto y posterior maremoto arrasó con parte importante de decenas de comunidades, pueblos y ciudades, tanto costeros como del interior, entre la Quinta y la Novena Región, aunque sus consecuencias más significativas se concentran en las regiones del Maule y Bío-Bío. Allí, afectaron gravemente la infraestructura pública y privada de uno de los mayores puertos de Chile, así como industrias y un centenar de caletas, y dejó en el suelo un importante foco de la producción del país. En términos sociales, la debilidad de las estructuras locales quedó dramáticamente en evidencia, mientras que en términos ecológicos y de impacto ambiental, la evaluación está en deuda, pues aún desconocemos los efectos relativos a la contaminación del aire, ríos, suelos o el mar por efecto de productos tóxicos de las industrias destruidas, incendiadas o por la descomposición de alimentos, peces  u otros animales muertos.

En términos políticos, en tanto, las nuevas autoridades enfrentan una ardua tarea, en la que se deberán tomar decisiones claves para el futuro de las zonas más afectadas. Es evidente que el de Piñera será el gobierno de la reconstrucción, pero la pregunta es ¿qué tipo de reconstrucción? Será necesario observar con atención lo que viene, pues no da lo mismo una reconstrucción basada en lo local, con respeto por la gente, sus costumbres y calidad de vida, a una reconstrucción teledirigida desde Santiago y sin escuchar ni atender las demandas locales.

Pese a las convicciones ideológicas del nuevo Presidente, lo más lógico sería  que en los próximos años el Estado incremente su presencia y control en el abastecimiento de servicios básicos, así como en la toma de decisiones en una serie de áreas, pues es evidente que entregar todo a los privados no es una solución. En la presente coyuntura, los privados han demostrado que no han estado a la altura de las circunstancias, y difícilmente serán capaces de asumir el desafío de garantizar al país que actuarán guiados por el bien común y no las ganancias cortoplacistas. Por ello, y debido a la gran cantidad de inversiones en infraestructura y vivienda que resulta  indispensable contar con mecanismos de control desde el Estado para reactivar al país.

La total destrucción de muchas localidades, incluidas partes importantes de grandes centros urbanos, brinda la oportunidad de hacer un análisis y planificación con mejores estándares para la reconstrucción, pensando en el bienestar real de la población y recogiendo las experiencias del pasado. Hoy tenemos la oportunidad no sólo de mejorar la calidad sísmica de las viviendas, sino también mejorar su aislación térmica, aplicar subsidios para generar mejores políticas públicas de eficiencia energética, promover sistemas de generación distribuida y poner en el debate el acceso al suministro de agua.

Al enfrentarse a cualquier problema, resulta fundamental tener un diagnóstico adecuado para proponer las mejores soluciones, cuestión que hasta ahora se ha echado de menos; carecemos de mucha información relevante y esperamos que esto sea subsanado cuanto antes. La crisis desatada tras el terremoto ha dejado al descubierto una serie de fisuras sociales, técnicas  y políticas que hasta ahora habían pasado desapercibidas, y a su vez ha permitido detectar problemas en la administración del Estado

Con el diagnóstico en la mano el nuevo gobierno ha anunciado que  se abocará a reformular una serie de instancias, con miras a la recomposición nacional. Por ello, muchas organizaciones ciudadanas esperamos que la catástrofe haga reflexionar a las autoridades que llegan, y estas dediquen espacio y tiempo a pensar, observar y entender el país en que viven; sus graves falencias en educación, la pobreza, la inequidad, baja calidad de vida, protección del medio ambiente, todos aspectos que se transforman en tareas urgentes, así como el mejoramiento de los sistemas de comunicación y el desarrollo local.

El proceso de reconstrucción debe incluir a todos, especialmente a las organizaciones locales, se debe fortalecer el tejido social y no sólo el asistencialismo, debemos impulsar una verdadera participación ciudadana a nivel local en la toma de decisiones. El nuevo gobierno  debe tener como prioridad poner el acento en salvaguardar el bien común y el patrimonio que nos pertenece a todos. Las nuevas autoridades que, provienen en su mayoría del sector empresarial, deben esforzarse por dar garantías de acceso a la información, transparencia en la asignación de presupuestos  y de compromiso por la reconstrucción del país de una forma más justa, democrática, con más equidad y respeto por las personas, el medio ambiente y las economías locales, y no actuando en beneficio de unos pocos. Es lo que el país necesita.