MOP y DGA arremeten ante la justicia por fatídico alud de desechos mineros
Al recurso de protección de ambas instituciones, se sumó otra acción legal similar del dueño del predio donde vivían las cuatro víctimas fatales registradas en Pencahue. El Centro de Talca, 25 de marzo 2010.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Dirección General de Aguas (DGA) llevaron ante la justicia el fatídico alud de desechos mineros registrado tras el terremoto del 27 de febrero pasado, en el sector rural de Las Palmas, en la comuna de Pencahue, donde murieron cuatro personas y terrenos agrícolas privados fueron contaminados por material de alto contenido tóxico.
La acción legal fue entablada ante la Corte de Apelaciones de Talca por el Secretario Regional Ministerial (s) de Obras Pública, Manuel Gei, junto al director regional de la DGA, Francisco Sandoval. En el extenso documento, las autoridades señalan como responsables a la Compañía Minera del Norte y la Sociedad Minera Las Palmas, como propietaria de los predios Las Palmas Uno y Las Palmas 50.
El recurso subraya que las faenas mineras estaban abandonadas desde el año 1998, con dos depósitos de desechos de alto tonelaje. Agrega que, tras el terremoto, por causas que se investigan dicho material se esparció en una superficie cuya extensión alcanzó a los 350 metros, copando cinco hectáreas de suelo agrícola y afectando un camino público.
RETIRO DE MATERIAL TÓXICO
El documento subraya que, en dicho contexto, una familia completa que vivía en un predio aledaño a la zona de extracción, falleció tras quedar su casa bajo los escombros. A todo ello se sumó que el material tóxico, por cuanto la Policía De Investigaciones (PDI) acreditó alto contenido de cianuro, interrumpió el cauce de dos canales de riego conocidos como “Los Ladrones” y “Las Palmas”.
Las autoridades subrayan que el día 2 de marzo pasado, en el sector se constituyeron funcionarios de la DGA y peritos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín). El resultado de la inspección fue la dictación de un decreto por parte de la DGA, donde se ordena que el responsable legal de las empresas realice faenas para que los canales retomen su curso normal.
El mayor temor de los expertos, según indica el documento, es que la eventual presencia de lluvias provoque una eventual filtración de los elementos tóxicos. Por ello, las peticiones concretas de ambas instituciones a la Corte de Apelaciones de Talca fueron que se ordenara a las empresas dueñas que realicen faenas de retiro del material y encauzamiento de los canales, agregando que el MOP también se encuentra capacitado para cumplir dicha orden, pero a costo de la sociedad minera.
FAMILIA FALLECIDA
En forma paralela a esta acción legal, la oficina del abogado, Francisco Pinochet, entabló un segundo recurso de protección a nombre del empresario agrícola, Henry Jurgens Muzard, quien es dueño de un terreno colindante con aquel predio donde se realizaron las faenas mineras, pero que igualmente sufrió el alud de desechos tóxicos.
El afectado relata que el alud no sólo dañó su casa patronal, sino también una vivienda aledaña donde residía una familia de cuidadores, compuesta por María Chamorro y Alejandro Gálvez, con dos hijas de 4 y 8 años, quienes murieron aplastados. El abogado, Iván Gómez, como parte del equipo jurídico, adelantó que próximamente se presentarán tres querellas por homicidio, daños materiales y daño ambiental.
De esta forma, las dos acciones legales coinciden en denunciar a la Corte que existen perjuicios al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como en el derecho a la vida, además del derecho a la propiedad, en el caso del empresario agrícola.