Opciones para mejorar el acceso al agua

La reforma al Código de Aguas plantea declarar el agua "bien nacional de uso público", una decisión errada para la Sociedad Nacional de Agricultura, ya que podría afectar los derechos de los agricultores. Propuestas no faltan: una es mejorar la gestión, en especial las cuencas. Otros proponen crear bancos de agua. Revista del Campo de El Mercurio, 29 de marzo 2010.
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Copiapó se seca. El acuífero del valle se recarga a una velocidad de 4 mil metros cúbicos de agua por segundo, pero el consumo promedio es de 8 mil metros cúbicos por segundo. Es decir, se gasta 100% más de lo que entra.

"La DGA dio más derechos que los que la cuenca es capaz de soportar. La brecha entre consumo y recarga del acuífero se ha agrandado porque los derechos existían, pero no se estaban usando, punto que ha cambiado con el aumento de los proyectos mineros y agrícolas. La situación se hace cada vez más crítica y la DGA no puede revocar los derechos otorgados", explica Angélica Osorio, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco).

Ello está significando el agotamiento de napas subterráneas. Eso implica que de donde antes se podía sacar agua a 20 o 30 metros de profundidad, ahora es necesario llegar a 100 o 120, un costo económico que sólo las mineras pueden pagar.
El problema de Copiapó no es único. Tampoco nuevo y se convierte en un escollo más para la ya dramática situación dejada por el terremoto en los sistemas de riego de la zona centro-sur.

Lo que ocurre en la III Región es un ejemplo de una situación que se da en casi todo el país: cada vez hay más competencia por un recurso escaso, entre sectores como la minería, la energía y la agricultura.

"Lo que están haciendo las mineras es cambiar el modo de producción; inyectan agua a través de un pozo, con lo que producen una borra con mineral que les permite agotar la mina en 10 años en vez de 30. Eso asusta, porque necesitan mucha más agua para producir y podrían dejar a Puclaro seco. Dos años atrás las acciones de Puclaro costaban $1.700.000 y actualmente valen más de $4 millones. Es un negocio tentador para los agricultores más viejos que están vendiendo, pero podría acelerarse el proceso de desertificación. Se estima que La Serena podría ser un desierto en 30 años, pero a este paso claramente lo seremos antes", explica Alejandro Meneses, usuario del canal Saturno y canal Bellavista.

La situación ya impacta en la producción agrícola. En el norte, mineras adquieren derechos de agua a agricultores, lo que significa campos que comienzan a secarse.

Alejandro Meneses recuerda que antiguamente de los alrededores del río Loa -en la II Región- se cosechaban 500 hectáreas de hortalizas, de las que hoy no queda nada y piensa que lo mismo podría pasarles a los usuarios del canal Bellavista, en la IV Región.

A nivel nacional, la base del problema, según los agricultores, es la forma en que se distribuyen los recursos: sin que se tomen en cuenta las características de la cuenca, la disponibilidad de agua o el uso que se le dé. Llueve, truene o en medio de la peor de las sequías, de acuerdo al Código de Aguas, los recursos no se distribuyen por prioridades -suministros de agua potable antes que riego, por ejemplo-, sino de acuerdo a quien tenga los derechos. Y aquí es donde entran a jugar los grandes: con más recursos están dispuestos a pagar por los derechos y a comprar incluso más de los que eventualmente necesitarán, aun cuando los dejen sin usar, para anticiparse a una escasez.

Y eso es lo que se intenta corregir a través de una reforma al Código de Aguas, que actualmente está en la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, para ser aprobada en cerca de un año si es que el nuevo gobierno mantiene el interés por llevarlo a cabo -ver recuadro-.

La reforma plantea declarar al agua "bien nacional de uso público" e incorpora puntos como las aguas sólidas: glaciares, que hoy pueden ser intervenidos sin restricciones si están dentro de un campo o que se puedan establecer limitaciones del ejercicio de los derechos en momentos críticos como sequías.

Sin embargo, la preocupación del sector agrícola es que junto con declarar el agua "bien nacional de uso público", queda fuera parte del numeral 24 en el que se establece que "los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Es decir, se podría abrir la puerta para que a futuro se afecte el derecho de propiedad y con ello se desincentiven las inversiones necesarias para optimizar el uso del recurso.

"La reforma es el punto de partida para nuevos cambios. Se establecería una inseguridad en la tenencia de los derechos de aprovechamiento, lo que limitaría las inversiones y con esto la eficiencia del recurso. Actualmente, el promedio nacional de eficiencia de uso en las cuencas es muy bajo en comparación con otros países de la Ocde; se requiere de mayores inversiones para aumentarla y la reforma podría tener el efecto contrario", explica Guillermo Donoso, profesor del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica.

Las soluciones que propone el agro

Para la SNA, los problemas no pasan por afectar los derechos consuntivos -el agua que se usa y luego se devuelve al cauce-, que son parte del patrimonio económico de los regantes, sino por mejorar la gestión.

"Agua hay, pero mal administrada. Lo que ocurre actualmente es por falta de eficiencia. Un caso clásico es cuando se vende un derecho de agua. La DGA hace el traslado, toma conciencia de la venta, pero no se preocupa de si quien vendió sigue sacando el agua, el recurso se explota dos veces", explica Patricio Crespo, presidente del Comité de Aguas de la SNA.

Según las mediciones efectuadas por la SNA, sólo desde la V a la VIII Región se pierden anualmente 2.300 metros cúbicos por segundo, mientras que la cantidad de agua que usan al año todas las actividades del país -incluyendo la minería- es de 680 metros cúbicos de agua por segundo; es decir, se pierde 3,5 veces lo que se consume.

"Estimamos que cerca del 70% de las aguas que se generan a través de nevazones y lluvias desde la I a la VIII Región se desperdicia, porque no hay capacidad para contenerla. Podríamos duplicar las actuales necesidades hídricas sobre la base de construir obras que nos permitan capturar esas aguas", señala Crespo.

De acuerdo con esas cifras, bastaría con invertir en infraestructura para asegurar el agua. La propuesta pasa por generar recursos para construir embalses con ayuda del Estado o al menos reparar la infraestructura existente. Los recursos saldrían del arriendo de los derechos consuntivos de los agricultores que, como son para riego, no se usan todo el año.

"Los derechos que tienen asignados los agricultores son permanentes, en circunstancias que no es necesario regar durante todo el año. Quienes no aprovechan esos derechos podrían meterlos al mercado del agua y arrendarlos para otros usos y con esos recursos, realizar obras de embalse en base a contratos a largo plazo u obras de mejoramiento de éstos. Como pagamos por el agua, cobramos lo que nos cuesta disponer de ella", sostiene el dirigente de la SNA.

Sin embargo, hay un punto que los pequeños agricultores rescatan: la reforma al código podría dar paso a que se privilegiaran usos de agua; por ejemplo, para beber o para la agricultura por sobre la minería o que se fije un precio, lo que ayudaría a defender a la agricultura en zonas críticas.

"Los recursos con que cuenta la minería hacen imposible que los agricultores puedan competir. Lo que se está haciendo en la I Región es osmosis a la inversa; es decir, desalinizar el agua de mar, algo que se ha discutido con las mineras de la IV Región y planean hacerlo en diez años más porque ahora resulta muy caro. Las mineras no deberían optar al agua dulce en las zonas críticas", señala Alejandro Meneses.

Bancos de agua, la solución en el extranjero

La otra cara de la modificación al Código de Aguas, es que abriría la posibilidad de crear Bancos de Agua, es decir intermediarios entre compradores y vendedores del recurso, que además tienen la función de administrarlo. La solución de carácter público- privado se utiliza en Estados Unidos, España y México. En términos prácticos, el sistema es similar al mercado que actualmente existe en Chile, pero además incorpora una región determinada, con un límite geográfico y un mercado más regulado. Implica, por ejemplo, que las autoridades puedan determinar las tasas de compra de los derechos e intervenir en las transacciones.

"Si un agricultor vende su derecho a una empresa, los Bancos fijan que ésta sólo puede usar el 70%, de acuerdo a regulaciones locales en base a estrategias de producción regionales. Los bancos poseen la legitimidad estatal para el accionar del mercado, no se reconocen las compra-ventas si no pasan por el banco, pero para que esto se lleve a cabo, se necesita la modificación al código que reconoce al agua como un derecho constitucional", señala Juan Pablo Rubilar, Jefe de Proyectos, Área Medio Ambiente y Energía de Fundación Chile.

El principal beneficio es que publican los precios de las transacciones, lo que contribuye a dar mayor transparencia al mercado al eliminar la especulación. Es decir, se establece un ente planificador, el consejo de cuencas, que otorga los derechos de agua de acuerdo con la capacidad de las cuencas y asegura la rentabilidad de los derechos al asignarlos al sector productivo de mayor ganancia.

"Los bancos ponen límites a quienes puedan comprar o alquilar volúmenes de agua, si es necesario, por razones preestablecidas por el consejo de cuencas o el directorio y aseguran que un intercambio de derechos no impacte negativamente los flujos de agua. Además, permiten la compra de derechos para recuperar caudales ambientales o para usos en el mismo cauce, como pesca deportiva o acuicultura, puntos que no reconoce el Código de Aguas actual", explica Juan Pablo Rubilar.

Las ventajas de los bancos de aguas es que ejercen un papel de mediación en la resolución de conflictos entre usuarios legales y aseguran el abastecimiento en épocas de sequía. Además, permiten recuperar el acuífero y zonas con problemas de sobreexplotación y ofrecen seguridad en el abastecimiento en épocas de sequías y periodos estivales.

Sin embargo, no significa que sean la mejor alternativa para la gestión del recurso.

"Los Bancos de Agua son una buena herramienta, ya que generan información transparente para todos los usuarios sobre el mercado, cuántos derechos y cuánta agua hay. Es una alternativa interesante para dar claridad al mercado. Pero la gestión en las cuencas no pasa por el banco de aguas, sino por fortalecer las asociaciones de usuarios", señala Donoso.   
 
Los cabos sueltos del Código actual

Para los actores el diagnóstico es el mismo: falta de gestión, en especial a nivel de cuencas. Falta que las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas se pongan de acuerdo en una gestión integrada. "Hoy Conama tiene avances, pero son programas piloto. El diagnóstico de la DGA es que no hay un uso integral para mejorar la gestión entre las secciones de las cuencas, lo que implica que aún no se logren los caudales mínimos ecológicos que establecieron en 2005", explica Guillermo Donoso. Con una mejora en la gestión se podrían instaurar turbinas para generar minicentrales de pasada -energía eléctrica verde y no contaminante- opción que actualmente no se aprovecha.

Por qué no expropiar

Uno de los problemas que considera grave Sociedad Nacional de Agricultura es que en la modificación al Código de Aguas, daría a la DGA la facultad de extinguir los derechos de agua de un particular sin previa expropiación y por tanto indemnización. "Como cualquier derecho de propiedad, lo que puede hacer la DGA es expropiar los derechos de agua por causa de utilidad pública, con esta modificación lo que se busca es ahorrarse la indemnización", señala Patricio Crespo. Para el Director de la Dirección General de aguas, llevar a cabo la expropiación resultaría demasiado engorroso. "El Estado requiere una redistribución de las aguas cosa que hoy es posible hacerlo sólo previo pago de una indemnización, lo que resulta muy engorroso. En caso de que la falta de agua sea permanente, como lo que sucede en Copiapó, la alternativa es disminuir todos los derechos de agua proporcionalmente, a la mitad por ejemplo. Reducir en 50% los derechos de una persona que tiene 100 litros de agua por segundo puede no resultarle tan significativo, pero el daño que se le produce a un pequeño agricultor que sólo tiene 5 litros e agua por segundo es mucho más grande", recalca Rodrigo Weisner.

 

 

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