Oposición en suelos movidos

Una serie de fuertes réplicas —la máxima alcanzó los 6.9º en la escala de Richter— del terremoto del 27 de febrero remecieron la zona central de Chile el 11 de marzo, llamando aún más la atención a lo que ya era un evento histórico para este país sudamericano: la juramentación del multimillonario empresario Sebastián Piñera como presidente para un mandato de cuatro años. Con el piso literalmente moviéndose, Piñera recibió la banda presidencial roja, blanca y azul en un momento simbólico que marcó un cambio significativo para Chile. Noticias Aliadas 25 de marzo 2010.


Secuelas del desastre
Piñera ya ha dejado en claro que su principal prioridad ahora es la recuperación y la reconstrucción, lo que significa que sus grandes promesas de campaña —generar un millón de empleos y terminar con la pobreza, la corrupción y el crimen, así como mejorar los sistemas de salud y educación— tendrán que esperar.

Ahora sus primeras tareas serán modificar el presupuesto del 2010, recortando donde sea necesario para asegurar los fondos para la ayuda de emergencia y reconstrucción; relajar las regulaciones ambientales y de edificaciones para estimular la construcción, y establecer incentivos de deducción tributaria para las donaciones privadas.

“El mejor homenaje a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, a nuestros hermanos desaparecidos o damnificados y a esos miles de héroes anónimos, es trabajar sin descanso para superar esta emergencia y reconstruir mejor nuestras viviendas, nuestras escuelas y nuestros hospitales”, dijo Piñera en un mensaje a la nación el 18 de marzo.

Por ahora la Concertación Democrática ha aceptado respaldar los esfuerzos presidenciales. En efecto, en una reunión llevada a cabo cinco días antes del cambio de gobierno, los líderes de los cuatro partidos que conforman la coalición ofrecieron a Piñera una “tregua” temporal. Dicha tregua fue puesta a prueba el 17 de marzo cuando ambas cámaras del Congreso aprobaron una primera legislación enviada por el presidente: el llamado “bono marzo”, un pago de 40,000 pesos ($80) que recibirán unos 4 millones de chilenos pobres y de clase media.

“Nuestra primera tarea es favorecer todas las políticas que busquen la reconstrucción social después del terremoto”, dijo el nuevo senador y presidente interino del Partido Socialista, Fulvio Rossi.

Los analistas coinciden en que la situación favorece a Piñera políticamente. No sólo le permite gobernar con una oposición mínima, sino que le da lo que hasta hace poco parecía una oportunidad improbable de convencer con su llamado a la unidad nacional, mensaje que ha repetido insistentemente desde que ganó la segunda vuelta en enero pasado.

Los riesgos del desarrollo
El terremoto, sostienen grupos como la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (ACCION), expuso las graves deficiencias del modelo de desarrollo chileno, que fomenta la privatización, la inversión extranjera directa, la tercerización de funciones tradicionales del Estado y la desregulación en general. Aunque de hecho el modelo ha generado riqueza para algunos, los críticos afirman que ha ampliado la brecha de ingresos entre ricos y pobres, lo cual podría haber estado detrás de los violentos saqueos que se produjeron en Concepción y otras ciudades duramente golpeadas por el terremoto.

La comunicación también ha sido un problema grave. Al estar en manos privadas los servicios de telefonía celular y fija, el agua, la electricidad, el gas y hasta las propias carreteras colapsadas, ha sido extremadamente complicado para las autoridades coordinar una respuesta básica. El gobierno tampoco tiene acceso a la información que necesita para evaluar adecuadamente la situación, manifestó Flavia Liberona, vocera de ACCION y directora ejecutiva de la organización ambientalista Fundación Terram.

“Tres semanas después del terremoto y todavía no tenemos una cifra exacta del número de muertos. Las autoridades dicen que la van a entregar cuando tengan toda la información a la mano, pero ¿eso viene cuándo? Quizás en un año más”, dijo.

Una interpretación de la llamada tregua es que la Concertación, temerosa de distanciarse de la ciudadanía chilena que exige soluciones inmediatas, decidió que no podía afrontar políticamente el ser demasiado crítica de los esfuerzos de reconstrucción de Piñera. Otra posibilidad es que la coalición centro-izquierdista, a poco tiempo de su primera derrota presidencial, simplemente no ha podido asumir todavía su papel como oposición.

“En ninguno de los partidos ha habido elecciones internas, se pospuso un poco el debate hasta junio, aproximadamente. Más bien obedece a una rearticulación de fuerzas internas dentro de la Concertación que una tregua con el gobierno”, dijo Claudio Fuentes, director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.

Cualquiera que sea el motivo, la aquiescencia de la Concertación hace muy poco para ayudar realmente al país, tanto en el corto como en el largo plazo, dijo Fuentes, quien piensa que sí hay espacio para debatir incluso las estrategias de recuperación inmediata del gobierno. ¿Debería Piñera relajar las leyes ambientales? ¿Debería ofrecer incentivos tributarios para atraer donaciones privadas? ¿No haría mejor en generar ingresos elevando los impuestos a las grandes corporaciones?

“Hay muchos temas donde [la oposición] podría darle al gobierno como la venta de [el restante 11.3% de las acciones de Piñera en la aerolínea] LAN, la falta de compromiso en algunos ámbitos, falta de designaciones [para algunos puestos claves], y que el gobierno no ha hecho”, dijo Fuentes. “Obviamente hay que preocuparse de algunos temas prioritarios. Ahora, por ejemplo, el tema central es cómo financiarla [la recuperación y reconstrucción]. Y eso requiere la discusión sobre impuestos, uso de reasignación de fondos, uso de ahorros, y esa discusión hay que darla”.

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