Parlamentarios y ciudadanos recurren al Tribunal Constitucional por nueva Ley de Pesca

34 diputados, junto a organizaciones ambientalistas y pescadores artesanales piden declarar inconstitucional las reformas que benefician a la industria salmonera. Argumentan que “no se puede entregar un patrimonio de todos los chilenos a un grupo de empresas”. Radio Universidad de Chile.cl, 22 de marzo 2010.
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Un recurso de inconstitucionalidad en contra del proyecto de ley de pesca a favor de las empresas salmoneras interpuso un grupo de parlamentarios concertacionistas en compañía de ambientalistas y pescadores artesanales.

El argumento de los 34 diputados es que no se puede entregar un patrimonio de todos los chilenos a un grupo de empresas, sin tener consideración con dos de los principales puntos de la norma: el laboral y ambiental.

“Acá no se está cumpliendo con el tema medio ambiental y se está discriminando porque sólo se está favoreciendo a un grupo de empresarios, que además ha hecho pésimo su trabajo”, denunció el diputado y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Enrique Accorsi.

El parlamentario indicó además que existen otras formas de fomentar la industria, sin sacrificar bienes esenciales. “El gobierno podrá ayudarlos de otras maneras, pero no hipotecando el mar y el borde costero que son un bien de uso público, y que por lo demás es de todos los chilenos”, agregó.

En esta misma línea, el diputado por Aysén René Alinco, afirmó que es deber de los parlamentarios “proteger los derechos de los trabajadores y los recursos naturales. No es posible que esta ley considere 25 años para una concesión, porque eso es una vida. Además ni siquiera contempla lo que es un banco natural, algo sumamente necesario para la estabilidad del medio ambiente. Todos sabemos que las industrias salmoneras contaminan”.

El proyecto de Ley de Pesca, que pretende reactivar la industria salmonera, ya fue aprobado por ambas Cámaras, por lo que recurrir al Tribunal Constitucional es el último recurso que tienen los ecologistas y los parlamentarios disidentes para que se vuelva a discutir la ley y se elaboren nuevas condiciones en materia laboral y ambiental.

Problemas de legalidad

Según la Constitución, en el articulo 19 numero 23, dice que todos los chilenos tienen la libertad para acceder a todos los bienes de usos público. Además en el Código Civil se especifica que existen dos tipos de bienes de uso público, los fiscales a cargo del gobierno de turno, como es el caso del Palacio de la Moneda, y los que son de toda la comunidad, como lo son el mar y el borde costero.

El abogado que patrocinó el recurso, Lorenzo Soto Oyarzún, indicó que el proyecto de ley fue aprobado apoyando un delito, que se hipoteque un bien de uso público.

“A nuestro juicio se esta discriminando de manera arbitraria y se están otorgando beneficios económicos a un solo grupo de empresarios del país, cuando otros no tienen las mismas salvaguardas o beneficios. En el fondo, lo que hace la ley es otorgar un bien con carácter de hipotecable.
El problema es que ese bien es de uso público y pertenece a todos los chilenos, y de acuerdo a la ley el mar y el borde costero se va a poder entregar a los bancos”, indicó el jurista.

Asimismo, el abogado agregó que “lo que se hipoteca es la concesión acuícola, es decir, el papel, el problema es que la concesión recae sobre bienes. Y el bien en este caso concreto es el mar. Por lo que al hipotecarse, se impide que cualquier otro que no tenga la concesión pueda hacer uso de ese bien, restringiendo el paso al área entregada, tanto para pescadores, como también para las personas y los turistas”

El corazón de la iniciativa legal que permite las modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, está en los artículos 81 y 81 (BIS), posibilitando la implementación de créditos para las salmoneras, mediante la entrega a “modo de prenda” del borde costero y hectáreas superficiales de mar. Pagándose parte de la deuda de 2500 millones de dólares que la empresa mantiene con la banca. Punto considerado como una “privatización del mar” por los disidentes y que fue la base del debate dentro de las Cámaras.

Para el secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Cosme Caracciolo, esta ley es simplemente un premio para una industria que considera “criminal”.

“Hay muertos producto de las negligencias salmoneras, especialmente en relación a los buzos que pertenecen a la pesca artesanal, por lo que esta ley es un premio  a estas empresas criminales. El gobierno de  la Concertación en conjunto con parlamentarios de la oposición se equivocaron de sobremanera y cometieron un gran error, por lo que espero que el actual gobierno aplique justicia y use de buena manera a la Constitución”, acusa el dirigente.

En caso de quiebra, la Ley permite que las compañías puedan pagar parte de su deuda con las concesiones o también arrendar, vender o permutar el beneficio, tal cual se puede hacer con cualquier bien. Por lo que el Estado pierde autonomía, por lo menos por el periodo  de la concesión (25 años).

Cabe destacar que esta iniciativa es la segunda parte del denominado “salvataje salmonero”, entregado por el gobierno de Michelle Bachelet, y que además del proyecto de ley, incluyó la entrega de 450 millones de dólares por parte del Estado a la industria.

Es importante mencionar que la no renovación de las concesiones acuícolas (que son por 25 años), está sujeta sólo al comportamiento laboral de una firma. Es decir, las concesiones se terminan sólo en caso de que un titular cometa tres faltas a las leyes laborales, comprobables mediante tribunales de justicia y en un periodo de tres años consecutivos. Punto también cuestionado, pues en un 50 por ciento los trabajadores de la industria salmonera obedecen a honorarios o a la subcontratación.

El Tribunal Constitucional tiene diez días para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento, en caso de que se acoja el recurso se espera que en dos o tres meses resuelva si se vuelve a discutir el proyecto.

Lo importante es que si se admite el recurso de inconstitucionalidad se ordenará inmediatamente a la Presidencia de la República  que se paralice el actual proceso de promulgación de la iniciativa.

 

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