Los desafíos de la Ministra Benítez
Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 06 de abril 2010.
Los desafíos en materia ambiental, especialmente la instalación de la nueva institucionalidad (Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia), que debe afrontar el actual gobierno y específicamente la Ministra María Ignacia Benítez, tienen una historia compartida entre la Concertación y la Alianza que se remonta a fines del año 2009, cuando se suscribió el protocolo de acuerdo que permitió aprobar la reforma a la institucionalidad ambiental, que en ese momento podía entramparse en su discusión en el Parlamento.
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La única misión de la entonces ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, era lograr la aprobación de esta reforma, puesto que el cargo de ministro fue creado durante el gobierno de Bachelet con el propósito casi exclusivo de impulsar y completar la reforma a la institucionalidad ambiental. Además de la ley de bosque promulgada en 2008, poco o nada sería lo que el gobierno de la ex Presidenta tendría para mostrar como logro en materia ambiental de no haberse aprobado esta ley, que había sido ingresada en julio del 2008 al Parlamento; sencillamente, se tendría que haber dado por fracasada la tarea encomendada desde el inicio del periodo a Uriarte, primero en su cargo de directora de CONAMA y luego como Ministra.
Por esto, cuando la ex Ministra percibió el interés de los parlamentarios en participar del proceso de reforma, no dudó en suscribir un pacto político con la Alianza, respaldada por los senadores de su colectividad (PS). Este pacto o “Protocolo”, que viabilizó la aprobación de la reforma, fue seriamente cuestionado en su momento por organizaciones ambientales y de pescadores artesanales, por lo antidemocrático de la forma en que se alcanzó y porque impidió siquiera esbozar una discusión en el Senado, y en consecuencia no permitió resolver importantes falencias del texto de ley, que finalmente fue aprobado.
Ese protocolo estableció una serie de condiciones, así como un cronograma que hoy podría poner trabas en el desempeño de la labor de la actual Ministra Benítez, quien en su momento fue la asesora principal de los parlamentarios de la Alianza para negociar el acuerdo con la entonces ministra de Bachelet.
En primer término, la implementación de una parte significativa de la nueva institucionalidad ambiental quedó condicionada a la aprobación del proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín 6747), iniciativa propuesta por el Consejo Minero y respaldada por los senadores de la derecha y el PS que suscribieron el acuerdo. Sin embargo, estaba pactado que dicho proyecto sería aprobado antes del 11 de marzo de 2010 en el Parlamento, cuestión que no ocurrió. Hoy este proyecto se encuentra con urgencia simple y con un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 3 de mayo; se espera que se active su tramitación, pero es un proyecto al que le queda aún un largo camino antes de ser aprobado, por tanto la nueva institucionalidad tendrá que esperar. Sin la aprobación de esta ley no se pueden implementar las modificaciones al Sistema de Evaluación Ambiental ni crear la Superintendencia Ambiental, es decir, se sigue funcionando casi igual que antes, pues lo que aún está vigente es la ley 19.300 (antigua ley ambiental) y no la reforma (nueva ley ambiental 20.417).
A pesar que el proyecto de ley aprobado no resolvió temas relevantes, asumió ciertos compromisos, como por ejemplo crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como una institucionalidad pública y descentralizada para CONAF. Además, la actual ministra deberá cumplir lo comprometido por Piñera en su programa de gobierno en relación a los planes de prevención y descontaminación, reducción de emisiones de GEI para paliar los efectos del cambio climático, mejoras en el sistema de participación ciudadana, entre otros.
En tanto, tal vez lo más relevante en materia ambiental y que puede tener un estrecho vínculo con la reconstrucción, son las propuestas de una ley de reciclaje, la implementación de medidas para fomentar las ERNC y mejorar la aislación térmica de viviendas, la elaboración e implementación de normas de calidad y emisión de agua, aire y suelo, así como otras medidas de gestión ambiental que permitan a las personas contar con una normativa de estándares internacionales que asegure la garantía constitucional relativa al derecho a vivir en un medio libre de contaminación, así como el acceso a la información en estas materias.
Sin embargo, la implementación de muchas de las promesas contenidas en el programa de gobierno de Piñera, estarán condicionadas a los logros en materia de la instalación de una nueva institucionalidad. La verdad sea dicha, en materia ambiental el panorama se ve complejo; las tareas que debe asumir la ministra en el día a día, tales como la contaminación atmosférica, los procesos de dictación de normas en curso, los compromisos adquiridos en materia de biodiversidad o cambio climático, a los que se suma la tarea de reconstrucción, probablemente incidirán en que el camino para lograr la implementación de una agenda ambiental sea de difícil tránsito.