Riesgos y desafíos ambientales tras la catástrofe

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, 22 de abril 2010. Para ver blog entre AQUÍ.


Cada 22 de abril, alrededor de todo el mundo se celebra el Día de la Tierra, momento propicio para analizar aspectos contingentes en materia ambiental en cada país y en especial aquellos que tienen relación con los daños y/o impactos que genera la actividad humana en los diversos ecosistemas. Este año Chile vive una situación particular tras haber sido azotado por un terremoto y maremoto, que condiciona cualquier análisis respecto a la situación del país; aún así, no se puede dejar de plantear aspectos ambientales que tienen directa relación con la catástrofe natural vivida a fines de febrero.

Para ello es necesario ir un poco más atrás en la historia y recordar que durante el último periodo del gobierno de Bachelet se discutió y aprobó la reforma a la institucionalidad ambiental, que comprende la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Sin embargo, la implementación de estos servicios públicos en forma total no puede concretarse mientras no se apruebe el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales, que se discute actualmente en el Parlamento, debido al acuerdo suscrito entre el anterior gobierno y senadores de la Concertación y la Alianza. Ese pacto suscrito implicó, además, que muchas propuestas e indicaciones presentadas por senadores de diversas tendencias no fueran siquiera discutidas. En lugar de eso se tramitó una aprobación rápida, que dejó de lado las discusiones de fondo sobre aspectos importantes, respecto a cómo mejorar nuestra legislación en materia ambiental y asegurar mayores exigencias a los proyectos que generan impactos ambientales, y así garantizar el menor daño posible al ambiente y a la calidad de vida de las personas.

Dentro de los temas no abordados en la reforma, hay algunos que hoy cobran mayor relevancia, como es el caso de la implementación de un sistema de regularización ambiental de instalaciones productivas. En efecto, muchas instalaciones productivas que operan hoy en Chile nunca fueron evaluadas ambientalmente, debido a que la Ley General de Bases del Medio Ambiente N°19.300 de 1994 no contiene un mecanismo para que los proyectos construidos antes de la vigencia de la ley se regularicen. En consecuencia, durante todos estos años han seguido operando en el país proyectos sin haber sido evaluados ambientalmente bajo esa legislación.

Durante la tramitación parlamentaria de la reforma a la institucionalidad, Fundación Terram junto a algunos parlamentarios planteamos la necesidad que la nueva institucionalidad, y en especial el Servicio de Evaluación Ambiental, contemplara mecanismos para la evaluación ambiental de proyectos antiguos que no hubieran sido evaluados ambientalmente, como es el caso de complejos agroindustriales, centrales termoeléctricas, proyectos mineros y plantas de celulosa, entre otros. La idea era que éstos pudiesen paulatinamente incorporar las nuevas exigencias ambientales.

Hoy, a más de un mes de la catástrofe, hemos comenzado a conocer sobre diversos problemas ambientales, que son mayores a los planteados inicialmente; esto por que no existe una evaluación ambiental de los daños ni a las instalaciones aprobadas bajo la ley Nº 19.300, ni tampoco a aquellas que operaban con anterioridad y que no fueron nuca evaluadas bajo esta ley.

Después de lo ocurrido el 27 de febrero este problema cobra la mayor importancia, ya que muchas instalaciones fueron dañadas y algunas de ellas no tenían permisos ambientales de acuerdo a la legislación vigente. La situación puede ser aún peor si se considera que ni la ley antigua ni la aprobada recientemente contemplan mecanismos que permitan realizar esta evaluación; tampoco existe regulación alguna que indique cuáles son los mecanismos y criterios ambientales bajo los cuales debe autorizarse la puesta en marcha de las instalaciones que fueron dañadas una vez que sean reparadas, ya sea que cuenten o no con permiso ambiental.

Es por ello que resulta urgente e imprescindible que la autoridad ambiental del país asuma al menos tres desafíos: realizar una evaluación de los daños e impactos ambientales producto de la catástrofe en todas las instalaciones públicas o privadas;  establecer mecanismos y regulaciones que permitan la adecuada puesta en marcha de las diversas instalaciones dañadas dando garantías a la población; y por último generar una  legislación que posibilite que todas aquellas instalaciones antiguas y por ende que no cuentan con un permiso ambiental bajo la ley Nº 19.300, puedan ser evaluadas ambientalmente, sin importar el lugar del territorio donde se ubican. 

El deber de las autoridades es garantizar el bien público, la salud de las personas y el cuidado del patrimonio natural como bien común. Lo peor que nos podría ocurrir es que tras la catástrofe natural comencemos a tener otro tipo de desastres asociados, tales como contaminaciones químicas, biológicas, por desechos peligrosos o tóxicos ocasionadas por la inadecuada puesta en marcha y operación de las empresas afectadas por el terremoto. Siempre prevenir es mejor que curar, y la autoridad debe tomar todas las precauciones necesarias en ese sentido.  

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