Terremoto: cuestionan al gobierno por impacto ambiental

Mucho se ha hablado de los daños y los montos de reconstrucción como consecuencia del terremoto y tsunami, sin embargo, en el aspecto ambiental aún no existe un catastro oficial de los sitios afectados ni los impactos que tendría la catástrofe en el ecosistema y en las personas. Blog Verde Terra 25 de abril de 2010.
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La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, dice que es prácticamente imposible dimensionar los daños en este aspecto, ya que aún no existe plena claridad respecto al impacto del sismo en la infraestructura de servicios básicos, así como en las empresas mineras, de celulosa, generadoras de energía, pesqueras y vitivinícolas.

“Es necesario conocer todo el daño que se haya provocado sobre el patrimonio natural, ya sea plantas, animales u otros organismos, que es muy difícil -por no decir imposible- de valorar, ya que aquello que se dañó y/o se perdió muchas veces no puede ser restituido”, explica la experta a TERRA.cl.

En ese sentido, Flavia Liberona cuestiona la labor del gobierno a la hora de hacer una evaluación del daño ambiental del terremoto, labor que califica de “precaria”. “A casi dos meses de ocurrida la catástrofe no hay información pública sobre los daños y/o impactos ambientales (…) no existe información pública sobre el estado de emisarios submarinos, plantas de tratamientos de aguas servidas, rellenos sanitarios, así como tampoco existe un catastro de las instalaciones y empresas que sufrieron daños y las consecuencias que esto puede tener en el ambiente, a través, por ejemplo, del vertido de residuos líquidos o sólidos, tóxicos u otro tipo de sustancia que pueda provocar una contaminación química o biológica”, puntualiza.

“En casi todos los casos la única información disponible es la que han proporcionado las propias empresas y algunas denuncias que han aparecido en la prensa. Evidentemente, esto significa que estamos ante la presencia de una total falta de fiscalización, lo que da cuenta de una situación bastante más profunda, que devela la precariedad de las instituciones públicas para atender una situación de este tipo”, añade la directora de Terram.

Esta versión es desmentida por el Ministerio de Medio Ambiente, puesto que se elaboró un completo documento sobre los daños y el impacto ambiental del terremoto que fue expuesto por la ministra María Eugenia Benítez, ante la Cámara de Diputados el 7 de abril.

El informe entregado a Terra.cl consigna que “producto de la fuerza del evento (cataclismo), y sobre la base de información preliminar dispuesta por servicios públicos con competencia en materias de biodiversidad, áreas protegidas y vida silvestre, hoy es posible señalar que a lo largo del borde costero ubicado entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, existirían al menos 11 situaciones con efectos ambientales significativos”. Esto se refiere, principalmente a “modificaciones significativas de tipo geomorfológico en el borde costero”.

Según el listado de sitios prioritarios, en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, que además es reserva de Reserva de la Biósfera, se aprecia gran alteración del borde costero, en particular en islotes de baja altitud, que podría tener algún efecto sobre el picaflor del mismo nombre, por pérdida de flora en el lugar.

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Otro de los sitios afectados fue el Parque Nacional “Radal Siete Tazas”, donde por una fisura se filtró gran parte de caudal, secando la zona de las tazas que lentamente ha ido recuperando su nivel normal. Los humedales también forman parte de los sitios prioritarios definidos por el gobierno. Es el caso de El Yali, Reloca y de Tubul Raqui. En este último se observa una elevación del nivel del terreno. La misma situación se aprecia en el área marina de Hualpén y en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén.

El resto de los lugares afectados son las Dunas de Llolleo y Santo Domingo (ribera se hundió casi cuatro metros), el Santuario de la Naturaleza Rocas de Constitución, la reserva nacional Isla Mocha, así como la lobería e Iglesia de Piedra de Cobquecura.

El documento del Ministerio del Medioambiente también sostiene que pese al daño, por tratarse de efectos naturales, “son los propios sistemas ecológicos y su biodiversidad presente, los que bajo una norma evolutiva natural, los enfrentan con sus características de resiliencia, adaptación y cambio”. Sin embargo, los estudios de evaluación del estado de cada uno de los sistemas ecológicos alterados, tomará un mayor tiempo.

LABOR DE LA BRIGADA AMBIENTAL DE LA PDI

La Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI (Bidema) ha intervenido en tres ocasiones para indagar las eventuales responsabilidades criminales en situaciones de riesgo ambiental producto del terremoto, ya que no se ha solicitado su labor en otras situaciones que pudieran haberse registrado.

Una de ellas ocurrió al interior de Talca, donde el sismo provocó un alud de un relave minero que terminó con la vida de cuatro personas. El subcomisario Héctor Chaura, señala que aunque las labores de extracción se encontraban paralizadas hace años, el sismo causó el colapso de un muro de contención y el agua cargada de metales pesados y ácidos, avanzó arrasando todo a su paso por cerca de 400 metros.

“El material todavía está ahí y por el periodo de lluvias del invierno, corre el riesgo de que esto sea arrastrado en una zona agrícola”, advierte el detective y añade que actualmente “el riesgo ambiental es evidente y concreto”.

La Bidema también concurrió a Dichato los primeros días después del terremoto, donde la salida del mar destruyó un laboratorio oceanográfico de la Universidad de Concepción, en el que se almacenaba gran cantidad de productos químicos.

El subcomisario Noel Caro, detalla que muchas sustancias químicas “perjudiciales para las personas” quedaron diseminadas por la zona afectada por el tsunami.

“Lo que más nos preocupaba a nosotros eran 100 gramos de cianuro, que pudieran haber sido manipulados por una persona o un niño”, comenta el policía. La razón de la permanencia de los efectivos de la PDI en el lugar era descartar o corroborar una emergencia química, sobre todo, luego de que los propios habitantes hayan saqueado unos containers con recipientes de sustancias peligrosas para almacenar agua.

Sin embargo, la situación alcanzó a ser controlada a tiempo, sin poner en riesgo la salud de las personas ni del medio ambiente. Una situación que también se dio en una empresa pesquera en Talcahuano, donde toneladas de sardinas habían permanecido almacenadas por cerca de 11 días. “Esto podía generar la concentración de ácido sulfhídrico y fuimos para que la empresa y los trabajadores pudieran solucionar el problema y descartamos la emergencia química en el momento”, añade el subcomisario.