Una norma de 2008, que limitaba el valor de esos derechos, ocasionó el reclamo de los agricultores. La Dirección General de Aguas decidió revertir esa resolución.;La Tercera, 10 de mayo 2010.
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Gobierno realiza cambio normativo que revaloriza derechos de agua subterráneos
Sólo un mes lleva encabezando la Dirección General de Aguas (DGA) el abogado Matías Desmadryl. Pese al poco tiempo en el cargo, la autoridad ya tomó una medida relevante en esa repartición: modificó una norma que permite revalorizar los derechos de agua subterráneos.
El 4 de mayo, la Subsecretaría de Obras Públicas -de la que depende la DGA- notificó al Senado de una adecuación al Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos, en relación con los denominados puntos de captación de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Con ello, la actual administración dejó sin efecto una resolución que implementó el gobierno anterior en 2008.
Ese año, la DGA dictaminó que cuando los propietarios de derechos de agua subterráneos solicitaran a la autoridad trasladar el lugar de extracción de sus aguas, debía aplicarse en ese sitio un "coeficiente de uso previsible", que fijaba el nuevo volumen de agua a explotar. Dependiendo del uso destinado de ese derecho -agua potable, riego agrícola o uso minero- se establecía el nuevo límite autorizado por la DGA. En el caso de los agricultores, se estimó un uso de apenas un 20%. "La aplicación de ese factor significaba una rebaja en el volumen total de extracción. En el caso de los agricultores, implicaba que los propietarios de esos derechos debían renunciar al 80% de la capacidad de extracción subterránea", explica Desmadryl.
Esta limitación era, según los privados, expropiatoria. "Está amparado por la Constitución porque es un derecho de propiedad", indica Andrés Lavín, abogado de Carcelén & Cía.
La medida tuvo dos implicancias. La primera fue el reclamo de empresas que recurrieron a la Contraloría. "Dimos esta pelea, porque considerábamos que era una norma inconstitucional y que la DGA no tenía atribuciones para aplicar tal resolución", dice Luis Mayol, presidente de la SNA.
Un segundo efecto fue que entrabó el mercado de las aguas. "Podía producir una rebaja en los precios en los que se transaban esos derechos de agua", indica Desmadryl.
Lavín dice que la medida afectó el costo económico de esos derechos. "Alguien que compraba un caudal de 50 litros por segundo y pagaba un precio por ese volumen, después del cambio normativo podía vender sólo el 20% de esa cantidad. Claramente eso no era negocio", asegura.
El 4 de mayo la DGA revirtió la medida. Desmadryl explica que "la normativa no entrega una facultad expresa a la DGA para aplicar ese factor de uso y las resoluciones administrativas que tiene la DGA no pueden significar afectar el derecho de aprovechamiento de agua que tienen los agricultores u otros usuarios".
El anuncio fue bien recibido por el gremio agrícola. "Va a restituir a su verdadero cauce este mercado", dice Mayol. "Se revalorizarán los derechos de agua, dando certeza jurídica al mercado", indica Lavín.
Para la DGA, más que revalorizar los derechos de agua "se vuelve a la situación original".
Ahora la DGA evacuará un informe informando a la Contraloría su postura en torno a la materia. Luego, ese organismo emitirá un dictamen.
20% del caudal original concedido podía ser extraído tras el cambio normativo de 2008.
4 de mayo Ese día, el gobierno informó el nuevo criterio que prevalecerá.