Gobierno rechaza rango constitucional al agua y opta por ajustes legales

Un rechazo frontal al proyecto de ley de reforma que busca conceder rango constitucional a los recursos hídricos dio a conocer el nuevo titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl. El Diario Financiero, 24 de mayo 2010.


Dijo que tras un acabado estudio realizado por una mesa interministerial, se determinó que la citada reforma no representa mejora ni cambio alguno en la gestión de los recursos hídricos, ya que la iniciativa despachada al Parlamento al término del período de gobierno de la administración de Michelle Bachelet se limita a repetir normas que ya están contenidas en el actual Código de Aguas.

Tras establecer ese diagnóstico, se decidió enviar a la presidencia de la Cámara de Diputados un informe que explícita el rechazo al proyecto y que anuncia futuras mejoras a la normativa vigente, las cuales apuntarán, entre otras cosas, a sancionar de manera más severa las infracciones a la ley y el uso ilegal del agua. Además, se contemplan otros ajustes que buscan conceder protección a los glaciares, reservas estratégicas del recurso.

Asegura que dada esta nueva información, los parlamentarios tendrán que ejercer su derecho a estar de acuerdo o no en la votación respectiva. 
 
Gobierno rechaza reforma constitucional al agua impulsada por Bachelet

A cambio, propondrá modificaciones vía proyecto de ley. Su absoluto rechazo al proyecto de reforma que busca dar el rango constitucional al actual reconocimiento legal de los recursos hídricos como bien nacional de uso público, enviado al Parlamento durante la administración Bachelet, anunció el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl.

En su opinión, el proyecto tiene varias falencias, entre ellas, que adolece de claridad, genera asimetrías y, lo más importante, no introduce mejora alguna a la administración del agua en el país.

-El proyecto de reforma constitucional al agua, que se propuso durante la administración Bachelet ¿lo apoyarán?

-El proyecto fue revisado, se conformó una mesa interministerial, y, a raíz del trabajo realizado por esa instancia, de la cual formaron parte los ministerios que de una u otra forma están ligados al tema hídrico, se evacuó un informe que fue enviado a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, que concluye que la posición del Gobierno será de rechazo al proyecto. Paralelamente, se propondrán algunas mejoras concretas a la regulación y la normativa actual.

¿En qué se basa el rechazo?

-Hay un completo diagnóstico en ese informe pero, básicamente, el Gobierno sostiene que el proyecto ingresado por el gobierno de la presidenta Bachelet no mejora ni cambia en absoluto la administración de los recursos hídricos, sino que, más bien, es una repetición de una norma que ya está contenida en la ley, en el Código de Aguas. Por lo tanto, no es un cambio significativo ni una mejora a la situación que hoy día tenemos. Por otro lado, hay diversos constitucionalistas, algunos de la propia Concertación como el ex ministro (Jorge) Correa Sutil, que sostienen que el proyecto era poco claro, generaba asimetrías, y no mejoraba las deficiencias o diagnósticos que se han hecho sobre esta materia.

-¿Cuál será su posición en el Congreso?

-Los parlamentarios tendrán que ejercer su derecho y eso se decidirá en la votación respectiva. Lo que creemos es que éste no es un proyecto que mejore en absoluto la situación o administración del recurso hídrico, al contrario, creemos que introduce incertidumbre.

-¿Cuáles serán las mejoras que ustedes propondrán?

-Básicamente, estarán enfocadas a endurecer las sanciones por infracciones a la ley y por el uso ilegal de agua, es decir, el delito de usurpación de agua, y también a la protección de los glaciares. Estamos generando la propuesta de regular los glaciares en la ley y darle una protección mayor. También, y en algo que ya existe en la ley, queremos impulsar las comunidades de aguas subterráneas, de las que hoy existe una en Copiapó, pero que deben funcionar mucho mejor.

Patentes más costosas

-Entre las propuestas, ¿se contemplan sanciones más fuertes para quienes tengan derechos de agua y no los usen?

-Hoy existe un sistema de cobro de patentes. Quienes no usen sus derechos de agua deben pagar por ello. La ley contempla que, a lo largo de tiempo, se irá haciendo cada día más costoso mantener un derecho sin usar y eso es, precisamente, lo que queremos hacer, un seguimiento bien preciso de esos derechos y hacer el cobro respectivo.

-¿Se evalúa caducar derechos?

-La patente que no se pague puede terminar en un procedimiento de remate con la pérdida de estos derechos. Así, los derechos pueden ser comprados por quienes realmente quieran darle un uso efectivo. Esto la ley ya lo considera.

-¿Cuál es la situación real de sobre otorgamiento de derechos en algunas cuencas?

-Uno de los ejes fundamentales de nuestra política en materia de recursos hídricos tiene que ver con aumentar la información disponible, no sólo para los privados, sino que también para la propia DGA. Queremos tener un diagnóstico acabado de la situación hídrica de todo el país y, particularmente, de la zona norte y centro de Chile.

En ese sentido, hemos venido trabajando en forma muy dura para hacer un diagnóstico de la situación real y hemos detectado que hay varios acuíferos en la zona centro y norte donde existe sobre otorgamiento. En esos acuíferos estamos viendo cuáles son las medidas más adecuadas en orden a poder administrar esos recursos. Y, por lo demás, tenemos unas zonas muy áridas donde existen falta de disponibilidad de recursos.

Incentivos para las plantas desalinizadoras

Respecto de la situación de la minería y de la carencia de agua que existe en algunas zonas del país que dificulta el desarrollo de algunos proyectos, Desmadryl dice que el Gobierno está evaluando introducir incentivos tributarios para incentivar la construcción de plantas desalinizadoras.

"Estamos trabajando en ver alguna forma en que se pueda fomentar la creación de nuevas fuentes de agua. Ahí estamos viendo algunas alternativas, que permitan el incentivo de instalación de plantas desalinizadoras que posibiliten aumentar la disponibilidad de agua en estos sectores.

¿Qué incentivos? El personero dice que, entre las ideas en carpeta, hay "beneficios de fomento, con el objetivo de disminuir los costos de instalación vía exenciones tributarias, cosas que puedan hacer más fácil la instalación de estas plantas".

 

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