Las promesas medioambientales del Presidente Piñera

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 24 de junio de 2010.


En su etapa de candidato presidencial, Sebastián Piñera hizo importantes anuncios y promesas orientadas a conquistar el voto verde del electorado. Más tarde, durante el discurso del 21 de mayo, el Presidente hizo una verdadera declaración de principios en términos de la importancia de proteger y no contaminar nuestro medio ambiente, y actuar con visión de futuro impulsando el desarrollo sustentable.

En términos concretos, anunció propuestas vinculadas con la implementación de la institucionalidad sectorial, incluyendo el envío al Parlamento del proyecto para crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además, confirmó el compromiso de Chile en términos de la disminución de emisiones contaminantes, anunciado por el gobierno anterior, y prometió emprender planes de descontaminación del aire para las ciudades más afectadas del país.

A esto, se suma el anuncio hecho por el presidente el 5 de junio, fecha en que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, en relación a reforestación urbana y el de esta semana por la Ministra de Medio Ambiente en orden a que el gobierno está elaborando una propuesta legal que fije un impuesto a las grandes fuentes contaminantes, incluyendo las plantas termoeléctricas.

La imagen del Presidente queda entonces vinculada, a través del partido al que pertenece, a un individuo con un prontuario delictual, que incluye robo y receptación del alerce, una especie declarada Monumento Natural.Sin embargo, frente a estos anuncios que podrían ser considerados como importantes avances en materia ambiental, el gobierno ha comenzado a entregar otras señales abiertamente preocupantes, todas ellas en la dirección de disminuir las exigencias a las empresas en distintos rubros, a través de la flexibilización de normas vigentes o en trámite que muchas veces han sido discutidas durante meses o años, tanto dentro de los servicios del Estado, como con la sociedad civil y los propios representantes de los gremios.

La última de estas señales la dio el propio Presidente Piñera, quien durante su visita a Arica anunció la desafectación de una parte del Parque Nacional Lauca –aparentemente de manera inconsulta y por ende violando leyes nacionales e internacionales- para dar paso a explotaciones mineras por 2 mil millones de dólares.

A este anuncio se suma otra información, conocida sólo unos días antes, en el sentido que el gobierno ingresará cambios en el proyecto de ley sobre cierre de faenas mineras, en discusión en el Parlamento, con el objetivo de flexibilizar las exigencias a las empresas y “tranquilizar” a los representantes del gremio, que habían manifestado inquietud por esta propuesta legal. Si bien, puede parecer deseable simplificar los procedimientos burocráticos para destrabar inversiones que pueden significar un aporte importante para el país, esto no puede significar –como ocurre en este caso- disminuir las exigencias a las grandes empresas. De lo contrario, una vez más, se verán perjudicados los mismos de siempre: el medio ambiente y las comunidades locales, que no cuentan con las herramientas para hacer valer sus derechos y hacerse escuchar por los tomadores de decisiones.

A esto se agrega otros signos preocupantes, como la presencia del presidente de Enersis, Pablo Irarrázaval, en el Palacio de La Moneda, para efectuar una donación en beneficio de los damnificados por el terremoto, ocasión que aprovechó para solicitar que no se hicieran exigencias “demasiado grandes” al proyecto HidroAysén, que pretende construir cinco megarepresas en la Patagonia. La imagen del ejecutivo de la mayor eléctrica del país quejándose del proceso de evaluación ambiental, frente al Palacio de gobierno y en presencia de las más altas autoridades del país, además de ser un hecho inédito, sin duda es un duro golpe a la transparencia de las instituciones del país.

Aún más dudas surgen a raíz de una serie de nombramientos importantes en el gobierno y en la coalición que lo apoya, el último de los cuales es la elección de Nelson Schwerter como presidente de Renovación Nacional para la Décima Región. Es lamentable, pues la imagen del Presidente queda entonces vinculada, a través del partido al que pertenece, a un individuo con un prontuario delictual, que incluye robo y receptación del alerce, una especie declarada Monumento Natural y cuya tala y comercialización se encuentra prohibida por leyes nacionales e internacionales.

Estas son sólo algunas de las consideraciones más complicadas que claramente afectan la imagen del gobierno, sembrando serias dudas sobre la ecuanimidad de los nuevos funcionarios e, incluso, del propio Presidente de la República. Resulta imperativo que Piñera clarifique la situación y aclare, de una vez por todas, si está dispuesto, tal como lo señaló en su Cuenta Anual, a escuchar los “gritos desesperados de alerta… de la naturaleza y madre tierra”.


Publicado en: Opinión

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