Obituario a la Participación Ciudadana en la implementación de la nueva institucionalidad ambiental

Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de la Tercera el 29 de junio de 2010.;;


El debilitamiento de la participación ciudadana, una de las preocupaciones más latentes dentro de un grupo importante de organizaciones ciudadanas, que seguimos todo el proceso de discusión y tramitación de la ley que reformó la Institucionalidad ambiental del país (Ley. 20417), creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia Ambiental y que vimos truncadas varias de nuestra propuestas, que fueron motor de la Reforma, parece tomar cuerpo y hacerse aún más presente, bajo la administración del presidente Sr. Piñera y de la nueva Ministra de Medio Ambiente Sra. Benítez, en el proceso de implementación del nuevo sistema institucional ambiental.

Primero, la nueva administración dejó sin efecto el instructivo de la presidenta Bachelet que con fecha 25 enero de 2010 impartía a los organismos públicos las instrucciones acerca de las modificaciones introducidas por la Ley 20.417 a la Ley 19.300, Bases Generales del Medioambiente. Con ello, entre otros, se postergó la implementación de la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos de inversión que ingresan al SEIA vía Declaración de Impacto Ambiental.

Segundo, retiró de Contraloría el Decreto Fuerza de Ley (DFL) que establecía las plantas profesionales y administrativas de las nuevas instituciones y los plazos de implementación de la nueva estructura institucional, retrasando el proceso de instalación y operacionalización de la nueva institucionalidad. El argumento, en esta ocasión, fue que no estaban en condiciones de cumplir dichos decretos, algo entendible, sobretodo en el contexto de una administración que asumía el gobierno después de 20 años de Concertación y que, prontamente, ingresarían los nuevos DFL a Contraloría. Hecho que ocurrió el pasado 20 de mayo, ocasión en que la Ministra del ramo señaló: “Estamos cumpliendo nuestros compromisos y los plazos establecidos. Esta nueva institucionalidad permitirá que como país avancemos en la instalación de políticas ambientales de largo plazo, donde se realicen cambios estructurales y permanentes en beneficio de los ciudadanos, de su calidad de vida y del medio ambiente". Sin embargo, recientemente el Ministerio de Medio Ambiente sufrió un nuevo traspié, en tal sentido pues la Contraloría ha realizado nuevamente observaciones a los decretos, lo que por supuesto significará nuevos retrasos a su implementación.

Además, recientemente con la firma de la Ministra Benítez, circuló al interior de la CONAMA el documento “Estructura organizacional de la nueva institucionalidad ambiental y análisis de competencias establecidas en la Ley 20.417” en el que da a conocer a los funcionarios del servicio los organigramas que tendrá el Ministerio de Medio Ambiente y sus Seremias respectivas, del Servicio de Evaluación Ambiental central y regional y de la Superintendencia de Medio Ambiente, así como las competencias que tendrá cada una de las nuevas instituciones. En este documento no se puede dejar pasar por alto, la carencia en el Ministerio de Medio Ambiente de una división, departamento, oficina o sección dedicada a la Participación Ciudadana. Esto porque además, de ser la Ley 19.300 la primera iniciativa legal en nuestro país que estableció formalmente procesos de participación ciudadana –en la dictación de políticas, planes y normas y en la evaluación ambiental de proyecto- con un departamento dentro de la CONAMA dedicado a ello, las modificaciones realizadas por la Ley 20.417, amplían los procesos de participación ciudadana a nuevos instrumentos de gestión ambiental como la evaluación ambiental estratégica y además, establece explícitamente como parte de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente (Art. 70, letra y) “fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y de emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes de los ministerios sectoriales”, lo que desde nuestra perspectiva y de las discusiones que se dieron entre los legisladores –diputados y senadores- en la tramitación del proyecto, debería significar un fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la discusión y formulación de las políticas públicas ambientales y no de su debilitamiento como ha primera vista pareciera ocurrir con este nuevo diseño.

En su discurso presidencial del 21 de mayo, el presidente Piñera ha señalado como uno de los ejes de su gobierno, el perfeccionamiento de la democracia, para hacerla más participativa, cercana y transparente. Esperamos que el significado de “más participativa” no sea sólo sinónimo de ampliar el padrón electoral para tener más personas votando en las urnas, sino de amplios espacios de participación para que ciudadanas y ciudadanos colaboren en la formulación de propuestas de políticas públicas. Sólo de esta manera fortaleceremos y legitimaremos nuestra democracia. El no contar con un departamento dedicado a la participación ciudadana en el Ministerio de Medio Ambiente, no es una buena señal, sobre todo si consideramos la gran cantidad de conflictos socioambientales a lo largo del territorio. Esperamos que no sea el obituario de la participación ciudadana.

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