Barrancones y la institucionalidad ambiental cuestionada
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en Blog de La Tercera el 15 de septiembre de 2010. Vea blog AQUÍ.;
En un hecho que sorprendió tanto a ciudadanos de a pie como a la clase política y empresarial, el Presidente Sebastián Piñera anunció el 26 de agosto que, tras una petición directa suya, la empresa franco-belga Suez Energy había accedido a “relocalizar” su proyecto termoeléctrico Barrancones, el mismo que sólo 48 horas antes había conseguido la autorización ambiental de parte de la Corema de Coquimbo para instalarse en la comuna de La Higuera. Las espontáneas y masivas protestas que surgieron en distintas ciudades del país el mismo día en que la COREMA aprobó el proyecto fueron, sin duda, decisivas para catalizar la decisión del Presidente, que de esta manera desactivó –al menos temporalmente- lo que se vislumbraba como un masivo movimiento ciudadano, similar al que surgió tras el desastre del río Cruces el año 2005, y que tan profundamente marcó la gestión ambiental de la presidencia de Ricardo Lagos.
Sin embargo, paradojalmente, este triunfo ciudadano abre la puerta a una serie de incertidumbres.
En primer término, es crucial conocer los pasos que tomará la empresa respecto de Barrancones, pues en términos legales y administrativos el proyecto se mantiene vigente y cuenta aún con la aprobación de la Corema de Coquimbo necesaria para su implementación. En efecto, en el marco de la legislación chilena (ley N° 19.300 bajo la cual se evaluó Barrancones), las autorización ambientales tienen vigencia indefinida por lo que, teóricamente, la empresa podría dejar “dormir” el proyecto por varios años hasta que un clima político más favorable le permitiera reflotarlo. Si Suez realmente tiene intención de desechar el proyecto, debe cumplir con el trámite de retirar el proyecto del Sistema de Evaluación Ambiental.
Por otra parte, la forma en que este problema se resolvió -mediante una abierta intervención presidencial-, genera graves consecuencias para la recién reformada institucionalidad ambiental. Este año comenzó a regir la ley 20.417, a través de la cual se debe implementar el Ministerio de Medio Ambiente, así como un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia de fiscalización, pero que no logró resolver satisfactoriamente muchos de los problemas de la antigua ley N° 19.300. Entre ellos, una participación ciudadana efectiva, apoyo técnico desde el Estado a las comunidades afectadas o mecanismos para resolución de conflictos. Tampoco crea mecanismos de ordenamiento territorial, con lo cual permite que sean las empresas las que sigan definiendo dónde, cuándo y cómo instalar proyectos.
Y si bien Barrancones fue aprobada bajo la ley antigua, la inédita decisión de Piñera –que optó por evitar un conflicto social y político, y resolver aceleradamente la crisis en el ámbito informal- cuestiona el funcionamiento de toda la institucionalidad ambiental del país, pues deja la sensación que, independiente de lo que diga la ley o cómo opere el sistema, siempre quedará la posibilidad de recurrir al Presidente para que rechace o apruebe un proyectos.
Más allá de las explicaciones posteriores y de los argumentos de funcionarios públicos y políticos de la Coalición por el Cambio, que han intentado explicar lo inexplicable asegurando que el Presidente actuó de acuerdo a la ley, lo cierto es que el mandatario dejó sin piso político a sus propios funcionarios, abandonados y en una situación incómoda. Se puede esperar que, de ahora en adelante, a la hora de emitir su voto respecto a nuevos proyectos, estos funcionarios pensarán primero en lo que quiere el Presidente, antes que en los méritos de la propuesta. El cuestionamiento a la institucionalidad ambiental que implica este “atajo” presidencial traerá consecuencias, especialmente considerando que la nueva ley ambiental eliminó a los consejeros regionales del órgano calificador de proyectos, con lo cual dejó la decisión de aprobación o rechazo de proyectos exclusivamente en manos de funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente de la República.