DL 701: ¿ Qué tan positivo?

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog y ;revista Del Campo de El Mercurio el 27 de septiembre de 2010. Vea; blog AQUÍ


Desde su promulgación en 1974 y durante más de 20 años, el Decreto Ley 701 fue un instrumento de política pública para potenciar plantaciones forestales. Así, el 701 se constituyó en un factor de gran relevancia para el meteórico desarrollo de esta industria en Chile, al bonificar la forestación de grandes extensiones de terreno con especies forestales exóticas, con lo que en algunos casos se abrió una competencia con el bosque nativo. Con ello, en las décadas de los 80 y 90 contribuyó a dar un impulso definitivo a la actividad, lo que le permitió posicionarse en un lugar destacado entre los sectores exportadores del país.

Después de varios lustros de una rápida expansión, a mediados de los 90 el proceso de forestación registró una ralentización, principalmente debido a que ya no se disponía de grandes extensiones en el sur del país. Ello derivó en una modificación del 701, en 1998, que dio origen a la ley N° 19.561, dictada con la finalidad de focalizar su acción en los pequeños y medianos propietarios forestales.

Hoy, cuando se acerca el fin de la vigencia de esta segunda ley -fechada para enero de 2011-, se ha registrado un fuerte lobby para solicitar su prórroga, argumentando erróneamente que el instrumento de fomento llamado a reemplazarlo, la Ley de Bosque Nativo Nº 20.283 promulgada en 2008, aún no está lista para tomar su relevo, pues tiene pendiente la aprobación de algunos decretos y reglamentos.

 Sin embargo, la Ley de Bosque actúa en un ámbito distinto al DL 701 y nunca fue pensada como su reemplazo; por el contrario, siempre se señaló que si ambas leyes se focalizaban en los pequeños propietarios, podían ser complementarias.

Desde el gremio forestal la prórroga se ha justificado señalando una serie de externalidades positivas que habría generado la aplicación del 701. Uno de los argumentos más repetidos dice relación con los supuestos beneficios en términos del combate a la erosión y captura de carbono. Sin embargo, lo que se deja de lado en este argumento es que la bonificación ha operado beneficiando mayoritariamente la plantación de especies exóticas, cuya finalidad es la tala para madera una vez cumplido su ciclo de crecimiento. Así, una vez concretada la corta se revierte en un 100% el publicitado efecto positivo, tanto en términos de la protección de los suelos y cursos de agua como de la captura de carbono. Tampoco se menciona que el modelo forestal chileno, basado en plantaciones de especies exóticas, ha dejado importantes impactos sociales y ambientales que deben ser evaluados, más aún cuando la que se invierte es plata de todos los chilenos.

En cuanto a la generación de empleo, lo cierto es que la faena forestal se caracteriza precisamente por un uso de mano de obra poco intensivo, concentrado en el período de plantación y de cosecha. Queda claro, así, que el beneficio queda radicado de manera exclusiva en los destinatarios particulares de la bonificación, y no en la sociedad en su conjunto.

Más allá de esto, la modificación ingresada a la Cámara de Diputados incluye no sólo la renovación sino que otras modificaciones. La más significativa es la relativa a la definición de "mediano propietario forestal". El nuevo concepto es extraordinariamente amplio, pues incluiría a todos "cuya superficie es superior a aquella indicada en la definición de pequeño propietario", con el único límite de registrar ventas por menos de US$ 400.000. Ello permitiría mejorar la bonificación de un amplio número de empresas relevantes, que verían aumentadas las bonificaciones desde un actual 50% a un 75% por faenas de plantación.

La industria forestal chilena registra un alto nivel de concentración, lo que repercute en distorsiones del mercado.
La propuesta de modificación del 701, tal como la plantea el Gobierno, sólo reforzaría  esta concentración y aumentaría el apoyo financiero a sectores que ya han recibido importantes sumas del Estado, dejando de lado, una vez más, a los sectores más vulnerables.

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