Fiscalización Ambiental: ¿y ahora quién podrá defendernos?

Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de la Tercera el 01 de octubre de 2010. Vea Blog AQUÍ.


Hoy sin lugar a dudas, es un día histórico en materia ambiental, pues entra a funcionar de plena vigencia el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (Ley 20.417). Y si bien, la nueva ley ambiental dejó fuera temas de fondo y muchas de las demandas ciudadanas –hecho evidenciado recientemente en el caso Barrancones- el nacimiento de estas dos nuevas instituciones, pero por sobre todo del Ministerio del Medio Ambiente, significaran en la práctica elevar en la discusión política la jerarquía de la temática ambiental, poniéndola al mismo nivel de otros temas tan relevantes para el futuro del país como son economía, empleo, educación, salud, energía, minería, por dar algunos ejemplos. El surgimiento de esta nueva estructura institucional, además, permitirá a nuestro país dar un paso importante en materia ambiental al separar la dictación de las políticas y regulaciones ambientales, que estarán a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, que pasará a manos del Servició de Evaluación Ambiental.

Sin embargo y tal como dijimos en su momento, la nueva ley ambiental significaría una pesada carga para el nuevo gobierno, cualquiera fuese su color político, pues debería asumir los costos de haber aceptado una institucionalidad ambiental que tenía déficits importantes para resolver los problemas ambientales actuales y futuros del país. El turno le toco a Sebastian Piñera.

Uno de los hechos más graves de la Reforma, producto del acuerdo político firmado entre el Gobierno de Bachelet y la Alianza (hoy Coalición por el Cambio) para viabilizar la creación de la nueva institucionalidad ambiental, fue dejar amarrado el funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente al ingreso, aprobación en el Parlamento y puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, proyecto de ley que debió haberse aprobado antes del 11 de marzo de 2010, pero que actualmente aún se discute en el Congreso en primer trámite constitucional y que recientemente ha recibido un informe desfavorable del Tribunal Pleno de la Corte Suprema del país, presidido por el Juez Milton Juica, que señala que el proyecto “no responde a los estándares mínimos para denominar tribunales a los órganos que se crearán, ya que estos tienen carácter administrativo y no jurisdiccional, por lo que se sugiere eliminar la expresión "tribunal". A esto se suma la desprolijidad del Ejecutivo en la era Bachelet, encabeza por la exMinistra de Medio Ambiente Sra. Uriarte y su equipo de asesores, y de nuestros legisladores (parlamentarios) que omitieron en la Ley 20.417 un artículo transitorio que previera esta situación estableciendo claramente cuáles serían las instituciones que asumirían la tarea de fiscalización y sanción ambiental, mientras no estuviera operativa la Superintendencia.

En la práctica, esto implica que en el intertanto, funcionará una Superintendencia sin poder de fiscalización. Peor aún, a partir de hoy 1 de octubre, sin CONAMA, no habrá ningún órgano de la administración del Estado que tenga facultades fiscalizadoras ni sancionatorias en materia ambiental al alero del la Ley 19.300 o de la nueva Ley 20.417. A favor del gobierno de Piñera y de la Ministra del ramo se puede mencionar el envío al Parlamento, a mediados de septiembre, de un proyecto de Ley (Boletín Nº 7213) que busca subsanar este impasse. No obstante, este proyecto se tramita sin ningún tipo de urgencia lo que significa que en el período de transición o mientras no se apruebe este proyecto, el país se encontrará a la deriva en materia de fiscalización y sanción ambiental.

Cabe destacar, además que a la fecha desconocemos la existencia o no de un pronunciamiento oficial por parte de algún organismo del Estado que aclare este punto e identifique cuáles serán las instituciones que asumirán las tareas fiscalizadoras y sancionatorias. Esto, sin lugar a dudas es un hecho grave pues con ello, el Estado de Chile esta dejando de velar por el derecho constitucional que tenemos chilenas y chilenos a vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que a su vez probablemente derivará en una denegación de justicia ambiental por parte del Estado de Chile a todas las chilenas y chilenos ¿Y ahora quién podrá defendernos?

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