Investigadora sobre Coremas analizó situación de Termoeléctrica Castilla

La intendenta de la Región de Atacama, Ximena Matas, indicó a los diputados de la Comisión Investigadora sobre resoluciones de las Coremas que las resoluciones que dictamina el organismo se deben ajustar necesariamente a lo establecido en la legislación. Camara.cl, 18 de septiembre 2010.
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Pocas posibilidades de movimiento afirmó tener la intendenta de la Región de Atacama, Ximena Matas, para poder rechazar un proyecto energético si éste cumple con la normativa vigente, sosteniendo que una resolución arbitraria de las Comisiones Regionales de Medioambiente (Corema) podrían ser considerara ilegal y refutada ante los tribunales de justicia.

“Existe un marco regulatorio muy estrecho y restricto en relación a la normativa medioambiental vigente, no obstante su modificación. A la Corema o a la futura Comisión de evaluación, cuando comience a regir como tal, le marca un escenario respecto del cual sólo en ese sentido se puede pronunciar”, precisó.

Así lo manifestó la autoridad ante los diputados de la Comisión Investigadora sobre resoluciones de las Coremas, instancia que en esta oportunidad se dedicó a analizar los antecedentes sobre la tramitación de proyecto Central Termoeléctrica Castilla, en la Región de Atacama.

Dijo que no hay posibilidad de que un proyecto se instale en un lugar y la Corema diga, por ejemplo, que es un lugar con vocación turística, salvo que se rechace el proyecto porque está en franca oposición con el instrumento de planificación territorial.

“Si se cumple con la normativa ambiental vigente, si cumple con los permisos, si un estudio de impacto ambiental se hace cargo de los efectos que genera el proyecto como tal y hay medidas de mitigación y compensación, ese proyecto no puede ser rechazado porque entonces la autoridad ambiental estaría incurriendo en una ilegalidad”, insistió.

La intendenta explicó que su exposición se limitó a informar sobre el proceso de evaluación ambiental de la central, el cual se inició en diciembre de 2008 y que actualmente se encuentra suspendido por un recurso jerárquico.

Recalcó que la Corema de Atacama ha tenido un espacio muy pequeño para poder pronunciarse sobre el tema, pero estimó que si se revisa el expediente y analiza los pronunciamientos de los distintos sectores durante todo el proceso se da cuenta que no hubo disconformidad respecto de dichas autoridades.

Indicó que hubo un recurso de revisión presentado por la seremi de Salud de la región, para cambiar el estado de calificación industrial del proyecto, por cuanto los antecedentes señalaban que no se superaría la norma y, por tanto, no era contaminante, sino sólo molesto.

Para el Presidente de la Comisión, diputado Eugenio Bauer (UDI), la ley es muy clara y circunscripta y no puede salirse de este margen. “Lo que tiene que hacer la Corema es que el proyecto cumpla ambientalmente con todas las normas y si cumple tendrá que aprobarlo, porque no habrá argumento para decir lo contrario, aunque no siempre gusta, ni es lo ideal”, planteó.

En ese sentido, estimó que el trabajo que ha hecho la Corema de Atacama ha sido el correcto, independientemente de si gusta o no. En todo caso, adelantó que en la última semana de septiembre está contemplado tener el testimonio de los dueños de la termoeléctrica, con el objeto de conocer las razones del emplazamiento y el nivel de contaminación de la planta, entre otros antecedentes.

El diputado Alfonso De Urresti (PS) sostuvo que, en este caso, se vuelve a presentar una contradicción que se ha venido repitiendo en todas los otros casos similares. “Hoy día las autoridades regionales, especialmente intendentes y la Corema en general, hacen una evaluación sólo política de los proyectos, hacen una revisión del cumplimiento de normas y sobre eso aprueban. Generalmente desde el punto de vista formal está vigente y ordenadas las presentaciones, pero aquí debe haber una visión estratégica”, resaltó.

Sostuvo que todos los integrantes de las Coremas que han votado a favor de los proyectos son autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República de turno y, por tanto, se produce una alineación con sus ministros. “Simplemente hay un análisis de cumplimiento de requisitos y sobre eso aprobarlo, entonces aquí quien define donde se pueden instalar los proyectos son los empresarios”, precisó.

Dijo que se espera la aplicación de una política ambiental estratégica; que exista una zonificación definida por ley y no por resolución del Presidente; y un mayor involucramiento de las autoridades regionales para defender su territorio y ordenar dónde se pueden instalar este tipo de proyectos.

 

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