Reforma Ambiental al estilo “chilensis”
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 01 de octubre de 2010. Vea blog AQUI.
La reforma a la institucionalidad ambiental que se inicia con la instalación este 1° de octubre del Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, y a la que en un tiempo más podría sumarse la Superintendencia Ambiental, indudablemente nace con el sello del “estilo chilensis”, es decir, a medias.
No es fácil comprender los temas institucionales y regulatorios en materias ambientales, y más difícil aún resulta evaluar si la nueva institucionalidad contribuirá efectivamente a solucionar, al menos en parte, los problemas que presentaba la antigua institucionalidad.
Para entender lo que hoy se inicia, es necesario remontarse un poco en la historia. Esta reforma nace producto de una coyuntura que provocan dos hechos de distinta naturaleza: el informe de la OCDE del año 2005, que hace una evaluación al desempeño ambiental de Chile para el periodo 1990-2004 y entregan 52 recomendaciones; y el conflicto generado en el rio Cruces y el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter producto de los incumplimientos ambientales de la planta de Celulosa CELCO- Valdivia, que dio origen a un importante movimiento ciudadano que, de una u otra forma, pone en la discusión nacional el tema de los conflictos ambientales, la debilidad de las regulaciones y la complicidad entre el gobierno y las grandes empresas.
Con estos hechos como trasfondo, el año 2008 se inicia la tramitación de la reforma institucional, que se plasmó en un proyecto de ley que consignó la creación de tres servicios públicos: el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Esto, pese a que en un comienzo la Presidente Michelle Bachelet había anunciado un cuarto servicio, pero una decisión de última hora eliminó del proyecto la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, uno de los temas hoy pendientes.
Las organizaciones ciudadanas fueron un motor importante en esta reforma y en una primera etapa constituyeron un apoyo constante para el gobierno y la entonces Ministra Ana Lya Uriarte, y cuando esta reforma llegó al Senado en su segundo trámite, se produjo un hecho inédito: 17 senadores formularon 1.350 indicaciones, muchas de ellas acogiendo demandas ciudadanas fundamentales. Sin embargo, en un hecho aún más insólito, estas indicaciones nunca llegaron a discutirse, pues la hoy Coalición por el Cambio suscribió una “acuerdo político” con el gobierno de Bachelet y un conjunto de senadores de la Concertación, fundamentalmente del Partido Socialista. Tras este “acuerdo político”, en sólo una noche la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la creación de tres instituciones públicas -Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia Ambiental-, pero condicionó la entrada en vigencia de esta última a la creación de una nueva institución: el Tribunal Ambiental. Para ello, el acuerdo consignó que al 11 de marzo de 2010 el Parlamento debería haber aprobado un proyecto de ley en esta materia.
Pero como suele ocurrir, los hechos son muy distintos a lo planificado, y el proyecto que crea los Tribunales Ambientales aún no ha completado siquiera su primer trámite en una cámara. En consecuencia, el país tendrá que esperar para contar con la plena vigencia de una superintendencia de fiscalización, lo que hoy impone dificultades a la implementación de la nueva institucionalidad. Esto, porque a partir de la entrada en vigencia del Ministerio y el Servicio, deja de funcionar la CONAMA, que se disuelve, y con ello desaparecen sus capacidades fiscalizadoras y sancionatorias, lo cual genera al menos una dificultad e incertidumbre, pues no existe claridad respecto a quién fiscalizará ahora en materia ambiental.
La complejidad de los cambios institucionales en materia ambiental no queda ahí. Respecto a su contenido, es claro que la nueva institucionalidad no resuelve los problemas que originaron la reforma y que presentaba el marco regulatorio anterior, es decir, no se hace cargo de los conflictos ambientales, de las negociaciones incompatibles, no restringe la localización de los proyectos, no brinda apoyo a las comunidades y a la hora de votar sobre la aprobación o rechazo de un proyecto lo hacen sólo los Seremis.
En este contexto, sin duda el episodio Barrancones y la intervención del Presidente en el caso tiene implicancias más profundas que la no materialización de este proyecto. Piñera con su acción indirectamente dio una señal muy potente en el sentido que la institucionalidad no es capaz de responder a situaciones complejas. Y si se compara el marco regulatorio antiguo con el nuevo, los problemas son los mismos y por ende no vale la explicación que con la nueva institucionalidad temas como el de Barrancones estén solucionados, por ello sin quererlo la acción del Presidente caló hondo en el país y dejó huella. Ahora muchas personas u organizaciones apelarán directamente al Presidente para que intervenga a favor de la ciudadanía respecto de uno u otro proyecto que los afecta, sin importar si sus problemas están bajo el marco de la vieja o la nueva institucionalidad.
Al iniciarse una nueva etapa con la instalación del Ministerio y el Servicio de Evaluación, queda claro que el país no ha resuelto los problemas de fondo, sólo hemos puesto un maquillaje, inventando una nueva “arquitectura institucional”, pero evidentemente se necesita de otra reforma o de un número importante de modificaciones para que esto funcione y deje de ser una reforma al estilo “chilensis “.