Senador Gómez presenta proyecto que prohíbe actividades productivas en áreas silvestres protegidas

En su labor de estar fuertemente involucrado en materias relacionadas con la defensa del patrimonio medioambiental del país, el senador por la región de Antofagasta, José Antonio Gómez Urrutia, presentó un proyecto de ley que en su parte medular sostiene la prohibición de cualquier actividad productiva o de cualquier otra índole en los territorios del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas, iniciativa que busca principalmente otorgar mayor protección a estas zonas. Vea Proyecto de Ley AQUÍ.


El parlamentario puntualizó que el presente proyecto de ley no permite el desarrollo de actividades, obras o programas que se intenten instalar en o próximos a parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales protegidos y glaciares, y que puedan ser susceptibles de generar impacto ambiental.

Manifestó que este proyecto de ley tiene su fundamentación en diversos documentos y firmas, tales como la ratificación por parte de Chile, con fecha 3 de agosto de 1967, de la “Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América”; El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por nuestro país el 5 de junio de 1992 y promulgada como ley de la República el 28 de diciembre de 1994, definiendo como "área protegida" en su Artículo N° 2 como "un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación."; La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 de 1994 y la Ley que Crea el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Biodiversidad y la Superintendencia de Medioambiente N° 20.417 de enero de 2010, establecen la base jurídica para la protección de la naturaleza, la nueva administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas SNASPE y la supervisión de las áreas silvestres protegidas por un futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otras.

Sin embargo, a juicio del senador, el documento más importante y que le brinda su máximo fundamento a esta iniciativa, es lo que está escrito en La Constitución Política de la República de 1980, en su Artículo 19 N° 8, en donde se estipula que es responsabilidad del Estado proteger la Naturaleza y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por ello, Gómez enfatiza que valiéndose de esta mandato Constitucional, considerando las limitaciones y prohibiciones establecidas para el desarrollo de actividades comerciales al interior de Áreas Oficialmente Protegidas, tanto en las leyes nacionales, como en los Convenios Ambientales Internacionales suscritos por el país y tomando en cuenta las recomendaciones emanadas de la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, realizadas por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico-OCDE, de la cual Chile es miembro pleno, no resulta razonable ni jurídicamente admisible que se evalúe ambientalmente un proyecto productivo que, en cualquiera de sus fases, considere uso comercial e impacto ambiental al interior de zonas que gozan de protección.

RELOCALIZACION

Añadió que, siguiendo esta misma línea, la iniciativa plantea la necesidad de un plan de relocalización de aquellos proyectos, ubicados en territorios que contaran con una resolución de calificación ambiental positiva a la fecha de entrada en vigencia de la norma propuesta, lo que debería hacerse en un plazo máximo de diez años.

Agregó que los proyectos que se encuentren con calificación de impacto ambiental positiva y que aún no se encuentren instalados ni operando se les revocará dicha resolución debiendo someterse a una nueva evaluación ambiental fuera de las áreas protegidas.

Expresó que, además se propone, igualmente, que los demás proyectos, ubicados en las zonas antes mencionadas, que se encontraren en etapa de evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pendientes de calificación, al momento de entrar en vigor la norma, se entiendan rechazados ipso facto y de pleno derecho.

El parlamentario señala que este proyecto es motivo de profunda satisfacción, especialmente porque este es el camino para comenzar a cuidar en forma concreta el medioambiente y el patrimonio natural de todos los chilenos, ya que con este proyecto, por ejemplo, en el futuro se podrán evitar desastres como el que sufrió el norte del país, específicamente en los Géisers del Tatio.

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