Terram denuncia que el país vivirá un “vacío institucional” en fiscalización ambiental

Dado que próximamente dejaría de funcionar la Conama, pero el trámite legislativo no permitiría que entre en funcionamiento a tiempo la futura Superintendencia Ambiental.;Emol.com, 22 de septiembre 2010.

La Fundación Terram denuncia en su último análisis de coyuntura que el país vivirá un "vacío institucional" en materia de fiscalización ambiental, dado que ni el gobierno anterior ni el actual previeron el adecuado tránsito desde la institucionalidad anterior al nuevo esquema dado por la ley N° 20.417.

"Debido a la falta de previsión de las autoridades –tanto actuales como precedentes- el país se apresta a vivir una situación insólita, en la que carecerá de un órgano legalmente autorizado para fiscalizar y sancionar en materia ambiental", dice la entidad ambientalista.

"Esto porque en los próximos días dejará de funcionar la CONAMA, pero aún deberemos esperar varios meses antes de que pueda ejercer sus funciones el organismo sucesor en la materia: la Superintendencia Ambiental, que sólo entrará en vigencia después de que se apruebe en el Parlamento la ley que crea los Tribunales Ambientales, actualmente en primer trámite constitucional", se precisó.

"Pese a que el gobierno envió recientemente al Congreso un nuevo proyecto de ley para intentar superar este impasse, difícilmente éste será aprobado a tiempo para evitar el vacío institucional", destaca el documento.

Al hacer un análisis de los primeros seis meses de gobierno, Fundación Terram dice tener "más incertidumbres que certezas” y comenta que la decisión adoptada por el Presidente Piñera de solicitar a los inversionistas de la Central Barrancones cambiar de ubicación esas instalaciones, si bien demostró un "indiscutible triunfo a la ciudadanía", al mismo tiempo "dio un fuerte golpe a la institucionalidad ambiental del país, en una etapa especialmente crítica, pues ésta se encuentra en proceso de transición".

"El episodio Barrancones refleja la incapacidad del Estado por regular una política energética eléctrica, además de visibilizar los problemas de la antigua institucionalidad ambiental, que se mantienen en las nuevas instituciones", indicó Terram.