Áreas silvestres protegidas: hora de abrir el debate

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en diario La Nación el 28 de octubre de 2010.;

Aunque el Presidente Piñera intente tras el rescate de los 33 mineros de Atacama imprimir un nuevo sentido a la “manera chilena” de hacer las cosas y proyectar una imagen de eficiencia y perfeccionismo, lo cierto es que la “manera chilena” de hacer las cosas poco tiene que ver con hacerlo bien; la cultura chilena de hacer todo a medias es más fuerte y se impone en muchos ámbitos, teniendo como consecuencia dejar problemas y cuestiones sin resolver. Un claro ejemplo es la reforma a la institucionalidad ambiental que, tras la negociación política que permitió su aprobación sin la debida discusión ciudadana y parlamentaria, fue aprobada a principios de este año.

Esta reforma es claramente imperfecta, incompleta y no resuelve muchos de los problemas ambientales históricos: participación ciudadana y apoyo a comunidades locales, fiscalización, negociaciones incompatibles, regularización de proyectos que no han sido evaluados ambientalmente, protección de la biodiversidad, entre otros. La nueva normativa dejó fuera éstos y otros asuntos de gran importancia, lo que probablemente repercutirá en que seguiremos enfrentando conflictos ambientales sin contar con las herramientas adecuadas para resolverlos.

La reforma ambiental contempló la creación de un Ministerio de Medio Ambiente -que se concretó el 1 de octubre-, un Servicio de Evaluación y una Superintendencia de Fiscalización; en este último caso, su vigencia depende de la aprobación de la ley sobre Tribunales Ambientales, todavía en discusión en el Congreso. Uno de los grandes temas que quedó fuera, y que constituía una reivindicación de larga data desde la sociedad civil, es la creación de una instancia que se hiciera cargo de la protección y conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres, tanto públicas como privadas, acuáticas y terrestres.

Como consecuencia de la presión que hicieron las organizaciones ciudadanas, que lograron convencer a los parlamentarios de la importancia de crear un servicio de esta naturaleza, fue posible la firma de un pacto político entre parlamentarios y gobierno durante la tramitación de la ley de reforma ambiental, a través del cual se estipuló que uno o más proyectos orientados a crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y establecer una institucionalidad pública para Conaf, debían ser enviadas al Congreso antes de enero de 2011. En consecuencia, durante estos meses previos a esa fecha límite, sería esperable que se desarrollara una intensa discusión sobre las características y condiciones mínimas del nuevo servicio. Lamentablemente esto no ha ocurrido.

Las organizaciones de la sociedad han tomado la iniciativa, comenzando a discutir el tema e intentando encontrar la necesaria interlocución con el gobierno. Sin embargo, desde los estamentos estatales ha habido poco eco. Y aunque no se conoce a ciencia cierta el contenido de la propuesta ni se han abierto espacios de debate, las organizaciones ciudadanas están avanzando en identificar los contenidos de fondo que debería contener el proyecto.

En términos generales, el objetivo principal del nuevo servicio -que estará encabezado por un funcionario designado a través del sistema de Alta Dirección Pública- debe ser garantizar la protección del patrimonio natural de la nación, con especial énfasis en la biodiversidad. Entre otras tareas que deberá asumir, se cuenta la ejecución de las políticas públicas en materia de conservación; mantener un registro actualizado de información relevante, incluyendo inventarios de especies y su estado de conservación; generar planes de manejo para la recuperación de especies y ecosistemas; proponer la creación de nuevas áreas protegidas; actualizar en forma permanente la lista de sitios prioritarios para la conservación; dar pautas y certificar la conservación privada: establecer e implementar acciones para controlar especies invasoras que afectan a los ecosistemas nativos. Para cumplir de manera óptima estas tareas, el servicio debe contar con personal y un presupuesto adecuados.

En materia de dependencia, si se sigue la lógica que se aplica en la mayor parte del mundo, el Servicio de Biodiversidad debiera estar al alero del Ministerio de Medio Ambiente, librándose con ello de la influencia de ministerios sectoriales. Sin embargo, y en una nueva evidencia de que en Chile se siguen haciendo las cosas a medias, tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el futuro Servicio deberán validar sus propuestas y políticas ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, entidad que no tiene como prioridad promover la protección del patrimonio natural. En consecuencia, lo más probable es que tengamos en servicio débil, ya que el mencionado Consejo tenderá a favorecer enfoques de producción en desmedro de la protección y conservación. En todo caso, este esquema no es nuevo y es, precisamente, una de las principales críticas al esquema institucional vigente, que determina que la Conaf asuma tareas de protección y, al mismo tiempo, de fomento productivo en el rubro forestal.

El gobierno se planteó, desde la campaña presidencial, el desafío de mejorar en eficiencia la gestión pública, lo que ha plasmado en el eslogan “la nueva forma de gobernar”, a la que se ha agregado la “manera chilena” de hacer las cosas. Pero por ahora, además de una evidente sobrecarga en el horario laboral de ministros y algunos otros funcionarios, no queda claro en qué consiste o cuáles son los beneficios de esta nueva forma en los temas ambientales.

La propuesta para la creación del Servicio de Biodiversidad debiera constituirse en un ícono en el sentido de protección del patrimonio natural y, por tanto, de resguardo del bien común, lo cual difícilmente se puede hacer sin escuchar a los actores en los territorios. Por ello, es de esperar que en los meses que restan el gobierno se allane a incorporar las propuestas ciudadanas, ya que la participación en el diseño de políticas públicas es una de las reivindicaciones más sentidas y persistentes de la sociedad civil.