Cómo parar las antenas

Según el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en Chile hay más celulares que habitantes. La tasa de penetración de la telefonía celular llega al 100,15%, es decir, más de 17 millones de celulares de tres proveedoras del servicio, que aumentarán a cinco en 2011.

Pero la instalación de antenas para mejorar el servicio divide. Cada vez que se pretende instalar una, las compañías se encuentran con la oposición de la comunidad, por salud o por su impacto urbanístico.

Tomando en cuenta el problema, hace tres años la Subtel envió un proyecto de ley que, entre otras disposiciones, obligaría a las compañías a compartir sus torres, cuestión que entonces no cayó bien en el sector, dado que han invertido 8 mil millones de dólares en 6 mil antenas.

Los números prueban que a las compañías ya establecidas no les conviene compartir con las nuevas, sin embargo, luego de que el proyecto de ley quedara olvidado en el Congreso y que la propuesta de reconstrucción posterremoto para el sector -actualmente en discusión- incentivara la entrada de empresas que suministren servicios de venta o arriendo de infraestructura para telecomunicaciones, los operadores tradicionales están cambiando de opinión.

“El proyecto de reconstrucción crea los operadores de infraestructura. Con ellos en el mercado, la colocalización no es un conflicto, si no que como ocurre en todo el mundo, la colocalización es voluntaria y se lleva a cabo con el libre acuerdo de las partes”, sostiene Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo).

“Nuestra postura ha sido siempre la misma, la colocalización es factible de forma voluntaria, tal como ocurre hoy en el país y en casi todo el mundo. Es una alternativa más que se usa desde hace muchos años. El problema se genera cuando se hace obligatoria, ya que incentiva comportamientos tipo ‘free riders’ y, por otro lado, limita la capacidad de crecimiento propia, ya que elimina o al menos restringe la posibilidad de usar la torre, por ejemplo, para nuevas tecnologías”, asegura Cristián Cortés, gerente de regulación móvil de Telefónica-Movistar en Chile. El ejecutivo señala que al ser obligatoria desincentiva la instalación de infraestructura de bajo impacto visual (como palmeras o avisos publicitarios), que no es “colocalizable”.

Lo mismo dicen en Entel PCS. Piden que sea voluntaria, porque “la colocalización obligatoria presenta graves problemas de tipo urbanístico, legales y de libre competencia”, indica Manuel Araya, gerente de regulación de la empresa. Además, sostiene que la entrada de la multinacional American Tower, que arrienda estructuras para distintas compañías, ya está operando en Chile y profundizará en el mercado de la colocalización.

“Más allá de las torres, esperamos también traer a Chile los avances con los Sistemas de Antenas Distribuidos (DAS). Estos sistemas son particularmente útiles en zonas de interés histórico o residencial donde el proceso de permisos puede ser particularmente rígido para la construcción de nuevas torres. También hemos tenido éxito en los Estados Unidos en la construcción de sistemas distribuidos de antenas en centros comerciales, hoteles o edificios de oficinas. Con el sólido crecimiento que estamos viendo en Chile, y particularmente en Santiago, creemos que habrá varias oportunidades para el DAS en un futuro próximo”, dice Hal Hess vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales y presidente de American Tower para Latinoamérica.

Esta compañía especializada en rentar estructuras para antenas, firmó hace un mes un contrato para implementar toda la red de antenas de VTR, una de las compañías, que junto a Nextel, ingresa al mercado en 2011. “Se trata de un hecho inédito en la industria móvil del país y de paso nos convierte en el primer operador móvil que desplegará su red bajo el modelo de colocalización, evitando con ello seguir aumentando el parque de torres. El acuerdo que hemos suscrito con ATI considera que todas las torres emplazadas deben permitir que otros operadores se puedan colocalizar sobre las mismas. Esperamos que otros operadores se sumen”, dice Jorge Carey, Vicepresidente de Asuntos Legales y Regulación de VTR.

Además de ATI, la española Abertis espera poder ingresar luego de que la ley de reconstrucción de las telecomunicaciones sea aprobada, pues facilita que estas empresas dejen de ser consideradas inmobiliarias, traba que las mantenía al margen.

Paisaje vs. salud

“Este proyecto debería haberse hecho cuando partió la telefonía celular, pero bueno, tenemos que marchar sobre el camino y ahora es un poco complicado, porque cada compañía hizo su distribución y lo que es bueno para una, no es tan bueno para las otras”, explica Óscar Polanco, director del magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Santiago (USACh).

El académico señala que es una medida altamente positiva, pero debido al desarrollo de la estructura es complicado de implementar. “La ley está de alguna manera induciendo a que traten de optimizar y aprovechar instalaciones comunes, esa es la parte buena”, dice.

La parte mala, según Luis Mariano Rendón, abogado y coordinador de la ONG Acción Ecológica, “es que se trata de una medida que puede ayudar a disminuir la cantidad de antenas, pero tiene que ir en paralelo con una estricta regulación de la potencia de la emisión de las antenas. No sacamos nada con acumular muchas en un sólo lugar, es lo mismo que tener menos antenas, pero con mayor potencia, que causen mayor daño en la gente que vive en las inmediaciones”, enfatiza. A su juicio es más importante fiscalizar que las compañías cumplan con la norma máxima de emisión electromagnética (ver recuadro). “El que haya muchas (antenas) no es problema si son de emisiones bajas, a lo más podría haber un impacto paisajístico, pero eso se resuelve”, sostiene Rendón.

El arquitecto Jonás Figueroa, urbanista de la Universidad de Santiago, lo ratifica. Dejando de lado la parte paisajística, sostiene que ha experimentado las consecuencias de vivir cerca de una torre y ha visto cómo ha afectado la calidad de vida de sus vecinos, algunos de los que han enfermado; de su propia esposa, que vive con dolor de cabeza; e incluso de su televisor y su celular, que no funcionan.

“La concentración es fatal, porque va a haber sectores muy afectados y otros que se van a ver liberados a partir de ello. Lo que deberían hacer es pensar en la salud pública, no sólo en la eficiencia de su servicio”, sostiene Figueroa.

Además el impacto en el paisaje no ha sido solucionado del todo. La idea sería evitar el llamado efecto “árbol de pascua”, algo que según Polanco, ya se puede ver en torres de una misma compañía y que Figueroa demuestra con una serie de imágenes que exponen cómo ha aumentado la cantidad de antenas en la torre cercana a su casa en los últimos cinco años.

LA NORMA DE EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La norma que regula la emisión electromagnética señala como límite los 100µW/cm² (microwatts por centímetro cuadrado) en un determinado espacio físico, no importando la cantidad de antenas o torres.

Es una de las cinco normas más exigentes del mundo.

VISIONES ENCONTRADAS

Arturo Samit, presidente de la Asociación de Ciudadanos para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, de Valparaíso, asegura que tienen datos de más de una decena de vecinos que habrían muerto por enfermedades vinculadas a la radiación emitida. “En Chile no existe normativa para controlar la radiación, debería estar en la ley de medio ambiente”, dice.

Samit cuenta que su organización participó de las primeras discusiones de la Ley de Telecomunicaciones, oponiéndose a la instalación de más antenas. “Guillermo Pickering, (Atelmo) en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones dijo que no permitiría la instalación de una antena cerca de su casa. ¿Qué conocimientos tiene de los efectos en la salud de las antenas que no se han traspasado a la comunidad?”, dice.

Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, aboga por la colocalización. Por ello reclaman a los parlamentarios que terminen de discutir la Ley de Telecomunicaciones, porque al mantenerse congelada se producen los abusos. “Aquí los únicos responsables de este impasse han sido los miembros del Congreso Nacional, que no han tenido las agallas para tramitar y publicar una ley que, protegiendo los intereses de ambos, establezca normativas en donde todos ganen”, dice.