MPX Energía critica la fuerte judicialización existente en torno a proyectos eléctricos en trámite

Firma defenderá en la Corte Suprema la calificación de la central Castilla. María Paz Cerda, fiscal de esta filial del magnate brasileño Eike Batista, adelanta que esperan nuevos conflictos en tribunales.;El Mercurio, 18 de octubre 2010.;


En MPX Energía, la filial del magnate brasileño Eike Batista, que impulsa el proyecto eléctrico Castilla, saben que deberán dar varias batallas judiciales antes de concretar la construcción de esta termoeléctrica en la Región de Atacama.

¿La razón? María Paz Cerda, fiscal de la firma, explica que ello sucederá porque "en Chile se está abusando de los recursos judiciales contra proyectos eléctricos".

"Estamos expuestos a que cualquier opositor por cualquier molestia que tenga, quiera oponerse a cualquier resolución de un proyecto. Tendremos que defendernos, pero creemos que aceptar estas actuaciones es pésimo para la institucionalidad ambiental", señala e insiste en que seguirán adelante porque "estamos seguros que cumplimos con la ley y que el proyecto no es contaminante".

Lo anterior, agrega, porque los recursos de protección son acciones constitucionales que están destinadas a proteger valores esenciales y no "a ser instrumentos de la molestia de algunas personas para entorpecer los proyectos eléctricos".

Hoy, la Corte Suprema comenzaría la vista de la apelación que el Consejo de Defensa del Estado y MPX Energía hicieron para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que, a mediados de septiembre, calificó como ilegal la actuación del ex seremi de Salud, Raúl Martínez, que cambió de "contaminante" a "molesta" la calificación del proyecto termoeléctrico (2.100 MW).

La fiscal explica que el argumento en torno al cual girará la apelación de la empresa, que encabeza el equipo del abogado Andrés Jana, será demostrar que Martínez actuó bien pues "para calificarnos de contaminante se aplicó la metodología en forma incorrecta, actuación errada que debía corregirse, lo que incluso fue ratificado por el Ministerio de Energía en el gobierno anterior".

Opciones

María Paz Cerda añade que el futuro del proyecto Castilla, que demandaría una inversión de US$ 4.400 millones, no depende del fallo de la Suprema, pues si ésta determina que el método de calificación no fue el correcto, que es lo que fue impugnado en tribunales, la empresa puede solicitar una nueva calificación.

Si bien este procedimiento implicaría prolongar la tramitación de la central Castilla, en este proceso se utilizaría la metodología correcta, bajo la cual -de acuerdo con las mediciones de la empresa- el rótulo de la iniciativa debería ser "molesto", lo que destrabaría la evaluación ambiental de esta unidad termoeléctrica.
 

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