Tsunami y borde costero, los olvidados efectos ambientales

 

El terremoto del 27 de febrero de 2010, generó destrucción, en mayor o menor medida, en toda la zona centro-sur de Chile, mientras que el efecto del tsunami se centró en la zona costera, especialmente de las regiones del Maule y Bío-Bío.  Allí, el borde costero fue dramáticamente modificado por efecto de las olas, hasta el punto que se perdieron caletas pesqueras y se destruyeron de manera parcial o total decenas de pequeños poblados costeros; en amplias zonas, el ingreso del agua de mar modificó la geografía y vegetación de manera permanente, alterando los ciclos naturales y productivos, con un efecto que se dejará sentir probablemente por varios años.

Desde el gobierno central, el esfuerzo post-terremoto se centró, en una primera instancia, en restituir los servicios básicos y luego en la instalación de viviendas de emergencia para los miles de damnificados, pero existió un escaso o nulo esfuerzo por indagar sobre eventuales problemas ambientales o sanitarios originados por el terremoto y tsunami. Pese a que ha transcurrido más de medio año, y que la mayoría de las empresas han reanudado sus faenas, aún no se conoce la situación de las fuentes contaminantes a lo largo de la costa, particularmente de los emisarios de residuos industriales líquidos y los de aguas servidas.

Lo que es más grave aún, el gobierno parece haber dejado completamente de lado este aspecto del proceso de reconstrucción, olvidando la necesaria fiscalización ambiental y delegando estas tareas en el sector privado. De hecho, los primeros informes presentados por las autoridades sectoriales después de tres meses del terremoto -de carácter muy generales y amplios-, respecto a la situación de emisarios submarinos y ductos de desechos domiciliarios e industriales, se elaboraron básicamente con datos suministrados por las mismas empresas afectadas, evidenciando la nula voluntad política y capacidad de la autoridad por contrastar o completar esta información.

De hecho, las empresas reiniciaron sus laborares sin que la autoridad ambiental exigiera y por tanto existiera una evaluación ambiental y sanitaria previa de las condiciones en que lo hicieron; tampoco se sabe si su puesta en marcha se hizo de acuerdo a las resoluciones de calificación ambiental, a la normativa vigente o si están generando mayor contaminación o provocando algún otro problema ambiental.

Con ello, queda claro que el gobierno central optó por priorizar el fomento productivo frente a la evaluación y protección del medio ambiente y la salud de las personas, potenciando la reanudación de actividades económicas por sobre cualquier tipo de fiscalización o control de los privados. Sólo así se explica la nula preocupación por enfrentar una tarea tan básica como la realización de un catastro exhaustivo de la situación ecológica, sanitaria y ambiental y de los alcances de las contaminaciones de diversa índole producidas tras el cataclismo natural. Como consecuencia, existe una completa desinformación al respecto; este no ha sido tema de la agenda pública, no ha habido parlamentarios preocupados por fiscalizar, ni las autoridades han cumplido con su deber de cautelar el bien común y garantizar la salud de las personas y de los ecosistemas.

Como consecuencia, hasta ahora la toma de decisiones en este ámbito ha recaído de manera casi exclusiva en manos privadas –las empresas-, sin prácticamente ninguna supervisión, fiscalización o seguimiento de parte de ninguna autoridad del Estado, con los evidentes riesgos que esto conlleva.