Ciudadanos denuncian conflicto de interés de autoridades en regulación de antenas de celulares

Mientras desde el oficialismo y la oposición reciben con agrado el anuncio de apurar el proyecto de ley que regula la infraestructura para la telefonía móvil, una organización ciudadana acusa irregularidades en su tramitación y conflictos de interés entre compañías y autoridades encargadas de su regulación. “Es una batalla perdida", dicen. Radio Universidad de Chile.cl, 23 de diciembre 2010.

Hace pocos días, el Presidente Sebastián Piñera avisó al Parlamento sobre algunos “encargos”. Uno de ellos era la ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil, ingresada por el gobierno de Michelle Bachelet en 2007 y estancada en las comisiones del Senado, a la que el Gobierno dará suma urgencia, según anunció el mandatario.

La noticia fue recibida con satisfacción por parlamentarios de diversas tendencias, como el senador Francisco Chahuán (RN), uno de sus principales impulsores: “Es un proyecto que responde a las inquietudes ciudadanas. Otorga participación ciudadana para la localización de las antenas, establece estímulos para la colocalización de antenas -compartir la infraestructura entre varias compañías- y establece elementos de orden urbanístico para la elaboración de las estructuras metálicas que las soportan. Es un proyecto que va en la vía indicada”, indica.

En la misma línea, el concejal Francisco Olea (PS), quien ha apoyado los movimientos vecinales que han rechazado la instalación de antenas en La Reina, sostiene que la iniciativa debe perfeccionarse, pero valora que sea debatida con prontitud: “Queremos que esto sea analizado, discutido y aprobado a la brevedad. Un proyecto que lleva 44 meses en el Congreso es inaceptable para los contribuyentes. Ya como iniciativa legal con urgencia, es un avance”, explica.

Sin embargo, en la Asociación de Defensa de la Salud y Medioambiente de Viña del Mar, una de las organizaciones ciudadanas que ha alertado los peligros de las antenas, son escépticos. Su presidente, Arturo Samit, acusa que el lobby de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), que agrupa a Entel, Claro y Movistar, desvirtuó la intención original de la iniciativa legal. Y apunta a Guillermo Pickering, presidente de la entidad y ex funcionario de la Concertación, y al subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, ex gerente y director de Telefónica del Sur, una de las compañías interesadas en ingresar al negocio de las comunicaciones móviles.

La salud, los colegios y la prohibición

Uno de los aspectos que incluía el proyecto eran los eventuales daños a la salud de las personas expuestas a los campos electromagnéticos. La discusión no tiene respuesta definitiva, ya que el perjuicio ha sido descartado y acreditado por igual en diferentes estudios científicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es posible asegurar que la radiación de las antenas sea dañina, pero se debe usar un principio precautorio, consistente en que, ante la falta de evidencia científica, se debe resguardar a la población mientras no se tengan datos concluyentes.

Pero en la discusión, el Gobierno y Atelmo enfatizaron que no existe evidencia de peligro para la salud. Y aunque las compañías muestran estudios para argumentarlo, Arturo Samit responde: “Que le pregunten al señor Pickering por qué se opone a que se instalen antenas cerca de su casa. Él dijo a la comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara que no lo aceptaba. Nosotros habíamos hecho nuestra presentación en la comisión, que se enfocaba a la problemática de salud, y él dijo eso. Lo malo es que nadie lo publica”, acusa.

En la misma línea, el dirigente denuncia que Pickering suele estar en el Congreso y saludarse “amigablemente “con los parlamentarios. “Si eso no es hacer lobby… estará bien que se reúnan antes de las comisiones”, ironiza. Asimismo, dispara contra las concesiones otorgadas antes del cambio de gobierno por el ex ministro René Cortázar a Entel, empresa de la que fue director. ”Cuando un proyecto está a punto de salir, el gobierno de turno envía una indicación sustitutiva que cambia todo y vuelve nuevamente a los puntos de partida. Cuando el ministro de Telecomunicaciones de Michelle Bachelet era funcionario de Entel. Cuando el señor Guillermo Atton era director de la empresa de Telecomunicaciones del Sur. Es el gato cuidando la carnicería”, asegura.

Aunque en la Subtel evitaron referirse al tema mientras no se concrete la urgencia al proyecto, el senador Chahuán descarta que haya conflicto de interés entre los actores involucrados: “(Atton) es un subsecretario que, por el contrario, ha buscado ponerle urgencia al proyecto de ley y quiere que sea despachado a la brevedad, así que tengo la mayor confianza”, dice.

El parlamentario oficialista, sin embargo, reconoce que la influencia de las compañías ha demorado la nueva legislación, mientras se siguen instalando antenas: “Se ha notado particularmente en las comisiones. Me parece bien escuchar a todos los actores, pero obviamente debió haber sido despachada hace mucho tiempo”, comenta. “El Gobierno se ha podido despercudir de ese lobby y ha dado una señal potente al darle urgencia”, matiza luego.

Otro aspecto destacado por las autoridades es la prohibición de instalar antenas en colegios, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas y consultorios, ni a menos de 20 metros de esos lugares. Sin embargo, la restricción quedará sin efecto en caso de que “el servicio respectivo sea requerido por tales establecimientos para sus fines propios”, según el texto. Para Arturo Samit, esa excepción es vital: “Mañana podrían decir, ‘si usted coloca dentro del colegio una antena, le van a donar computadores para la sala de clases. Entonces se puede instalar. (La prohibición) no tiene ni la más mínima relevancia. Eso fue colocado por diputados y senadores que tal vez tengan intereses”, sospecha.

El senador Chahuán, sin embargo, cree que el proyecto igual pone restricciones y “claramente establece resguardos, va a significar un cambio importante en la normativa. En el día de hoy, la ubicación de las antenas es solo con la autorización de la Subtel respecto de una determinada ubicación”.

El concejal Francisco Olea, por su parte, señala que “no nos oponemos al desarrollo de las comunicaciones, al contrario, nos parece muy importante. Sin embargo, las condiciones de uso, las características técnicas y la información pertinente son indispensables para que puedan seguir funcionando”.

Para que el proyecto tenga urgencia debe volver desde la comisión de Constitución, donde podría sufrir cambios, a la de Transporte y Telecomunicaciones, por lo que su promulgación se espera recién para la primera parte de 2011. Sin embargo, la organización presidida por Arturo Samit ya no espera buenas noticias: “Es una batalla perdida, porque no está lo que nosotros queremos, lo que le sirve a la gente”, lamenta. Una batalla que, sin embargo, aún debe darse en el Congreso.