Desarrollo y equidad en la agricultura chilena, una ecuación difícil pero necesaria

El desarrollo que ha llevado hasta la actual composición de la agricultura en Chile se ha enmarcado fielmente en el modelo económico implementado por el país desde hace décadas. En las etapas más recientes, se distingue el proceso de la Reforma Agraria comenzado por Frei Montalva e intensificado por Allende, que se alinea en el concepto de justicia social y fortalecimiento de la labor del Estado como redistribuidor de riqueza.

En este periodo el Estado tuvo un aumento sostenido de su participación en el mercado, derivando en grandes reformas económicas y, en su última etapa, el modelo económico se enmarcó en un esquema centralmente planificado. Luego, tras la llegada de los militares al poder, se produjo un retroceso y se desarrolló un proceso de privatización y apertura comercial acelerado, liberando los mercados del rubro; con el correr de los años esto fue derivando en un mayor incentivo a las exportaciones agrícolas no tradicionales sobre la base de un modelo económico neoliberal.

A partir de los años 90, con los gobiernos de la Concertación, se ha desarrollado lo que podría definirse como una política de mercado, que por una parte privilegia el incentivo a las exportaciones silvoagropecuarias y por otra se orienta a paliar la desigualdad del modelo, con el desarrollo de programas y asignación de recursos orientados al fomento de la agricultura familiar y campesina. Ambas líneas están insertas en el modelo social de mercado.

El sector agrícola exportador ha tenido grandes cambios por las evidentes demandas que produce el sistema económico globalizado, y ha persistido la política implementada en el periodo militar que pone el acento en el incentivo a la apertura comercial. Como consecuencia, ha crecido el valor de las exportaciones agrícolas en más de un 400% entre los años 1990 y 2009, lo que ha repercutido en un cambio estructural en el uso de suelos, pues han aumentado las hectáreas destinadas a plantaciones frutales, forestales y viñas en desmedro de los llamados cultivos tradicionales del país (legumbres, hortalizas y cereales).

La clara opción de la Concertación por privilegiar el modelo agrícola exportador ha estado matizada por políticas públicas orientadas a programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), gestionados y distribuidos por INDAP. Pese a ello, la AFC ha sido claramente dañada; las cifras indican que se ve poco beneficiada con las utilidades producto del comercio internacional. Se observa cada vez más marcada la diferencia entre la agricultura a gran escala y la AFC, pues  esta última posee la mayor cantidad (número) de explotaciones, pero pocas hectáreas (superficie) asociadas para su desarrollo; en contraste, las grandes explotaciones, que representan una menor cantidad de explotaciones, tienen la mayor cantidad de hectáreas asociadas, y básicamente dedican su producción a la exportación, no al desarrollo del mercado local.

Asociado a este último punto, ciertas voces señalan que la situación actual, en el contexto del mercado internacional, se perfila como dumping, ya que los principales países que dominan el intercambio comercial, en el ámbito agrícola-alimentario, reciben fuertes subvenciones por parte de sus respectivos países, lo que les permite exhibir menores costos asociados, estableciendo precios más bajos de los que pueden sostener las agriculturas locales, que deben subsistir enfrentados a importaciones baratas, lo que termina destruyéndolos.

En esta línea, se evidencia lo difícil que ha sido combinar criterios de desarrollo económico con la integración social, ya que el logro de uno provoca el deterioro del otro. Esta contradicción responde a la etapa que vive el país, que busca integrarse a la economía global para alcanzar el desarrollo, pero a la vez sacrifica otras variables relacionadas a  la justicia social y la equidad.

No existe la ecuación óptima ni la verdad absoluta en este tema, pero sí es claro y absolutamente necesario poner los acentos y los énfasis en la necesidad de mejorar los apoyos y los recursos en la Agricultura Familiar Campesina (AFC) para que responda de manera real a las necesidades que impone el actual modelo de mercado, que privilegia a los más grandes y deja en el desamparo a los pequeños productores, que se ven perjudicados con una competencia desigual. Sólo de esta manera se podrá garantizar que el desarrollo de la agricultura en Chile se oriente en una senda de crecimiento equitativo, disminuir los índices de pobreza y mala distribución del ingreso, especialmente en las regiones intensivas en la agricultura, de modo de fortalecer el mercado local.

Además, el fortalecimiento de la AFC contribuye en la consecución de otros objetivos, como son la seguridad alimentaria del país, las necesidades de nutrición adecuada de los chilenos, la reducción los niveles de obesidad y, en consecuencia, aporta a la mejoría en la calidad de vida de la población en general.