Agenda ambiental irrumpe en la CPC

EL viernes 17, los presidentes de las seis ramas que conforman el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunieron a definir las prioridades de su agenda para 2011.

Hubo poco de preámbulo: cada uno de los asistentes comenzó de inmediato describiendo cuáles eran los flancos de sus sectores productivos. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Jorquiera, fue uno de los primeros. Habló de la flexibilidad laboral y de las relaciones con el Sernac. La SNA puso sobre la mesa su inquietud por la baja en el precio del dólar y la Sofofa el abordar la modernización de la infraestructura vial y portuaria. Todos los asistentes, sin embargo, coincidieron en que existía una prioridad: la necesidad de que el gobierno diera señales más claras en torno a la normativa medioambiental y otorgar más plazos para cumplir con las restricciones que prepara el Ejecutivo. El miércoles 1, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad le había entregado al Presidente Sebastián Piñera una propuesta que limita las emisiones que pueden realizar las centrales termoeléctricas y establece plazos de cuatro a cinco años para que las generadoras se adapten y definan parámetros más exigentes. Piñera podría hacer modificaciones y ya circulan versiones en el gobierno de que no quedó conforme con las fórmulas del consejo: consideraría que las plantas se pueden adaptar en un plazo menor a la nueva ley.

A esa altura, los dirigentes aún no olvidaban la decisión de Piñera de echar pie atrás en la construcción de la central Barrancones. Tampoco que el tema medioambiental forma parte de la llamada “nueva derecha”.

“Cuando hay muchas barreras, los inversionistas se desalientan y buscan nuevos rumbos y eso sería malo para el país”, dice Constans, quien enfatiza que el sector energético cruza los sectores productivos y garantiza el crecimiento. Los dirigentes también vieron con preocupación los plazos para dar luz verde a proyectos energéticos y el tiempo que se toma el Ejecutivo para realizar los estudios de impacto ambiental. No sólo eso. La Sofofa planteó en la cita que se debe avanzar en la construcción de una matriz energética más potente y los dirigentes de otras ramas coincidieron en que todos los factores que están en juego terminarán repercutiendo en la construcción de nuevas centrales.

“Vemos con mucho temor que no se estén realizando obras para disminuir el costo eléctrico”, sostiene Luis Mayor, presidente de la SNA.

En este contexto, el nuevo consejo ejecutivo de la CPC sesionó por segunda vez el martes pasado e invitó al ministro de Energía, Ricardo Raineri. Los presidentes de las ramas de la CPC le manifestaron sus inquietudes por la nueva normativa medioambiental y señalaron que estaban dispuestos a cumplir la ley, pero que también necesitaban claridad y plazos para adaptarse. De acuerdo con un asistente, Raineri sugirió que las nuevas normas iban a ser “realistas”. Esa sola palabra alivió a los presentes. No sólo porque existe meridiana claridad de que una medida muy exigente podría provocar una paralización de inversiones y menor oferta de energía. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, que elaboró un proyecto menos restrictivo que el de Piñera, un informe de la Conama de 2009 calculó las empresas debían desembolsar US$ 1.000 millones para adecuar sus inversiones a las normas sobre emisión.

En el intertanto, Constans se reunió el jueves con el ministro Cristián Larroulet para abordar las inquietudes de la entidad. Lo mismo quiere hacer con la titular de Medioambiente, María Ignacia Benítez, y Piñera. En la CPC ya están trabajando para agendar un encuentro con el Presidente y esperan superar los vaivenes que tuvo este año su relación con La Moneda.