Gobierno inició profundo proceso de integración de la normativa medioambiental

Busca armonizar los cerca de 2.000 decretos, resoluciones y leyes. El Ministerio de Medio Ambiente -considerando información que recogió la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) en un estudio desarrollado con la Universidad de Chile- inició un proceso denominado "Armonización Regulatoria Ambiental", el cual tiene como objetivo integrar las cerca de 2.000 resoluciones, leyes y decretos que tienen relación con la cartera y que actualmente están dispersos en más de 18 reparticiones públicas. El Diario Financiero,;17 de enero 2011.;


La cartera de Medio Ambiente ya recibió la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para realizar el proceso y estiman que hacia fines de marzo de este año levantarán la información faltante, ya que el estudio sólo toma el período entre 1993 y 2004, tras esto, presentarán, en junio, una propuesta al Consejo para llevar a cabo la implementación en el segundo semestre.

La titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, explicó que el objetivo de este trabajo es "tener una claridad de cuál es la regulación que está vigente. En el fondo va a ser un catastro ordenado y que permita que lo que esté superpuesto con otra norma podemos derogarlo".

Por su parte, el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal aseguró que durante el segundo semestre se presentará el informe al Consejo de Ministros tras lo que esperan a fines de 2011 tener el visto bueno de los distintos ministerios involucrados para implementarlo. Como todos las normativas son de naturaleza distinta -algunos pasarán por la Contraloría General de la República y otros no- estiman que el proceso sea bastante rápido.

El informe que elaboró la Universidad de Chile en conjunto con la ex Conama, arrojó 1.500 normativas del sector. De este número, la gran mayoría -cerca de 700- corresponde a decretos exentos; un poco más de 400 a decretos; aproximadamente 120 resoluciones exentas; las resoluciones bordean las 300 y del orden de 20 corresponden a leyes.

Gran parte de estos reglamentos (695) se encuentra bajo el alero del Ministerio de Economía. Lo siguen el Gobierno Regional (165), el Ministerio de Educación (143), el Ministerio de Agricultura (109) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (108).

Considerando el número que se tenía hasta el año 2004, en el Ministerio estiman que es muy posible que se superen las 2.000 normas con la información restante.

Benítez aseguró que cuando nuestro país firmó el Tratado de Libre Comercio (TDLC) con Canadá el año 1996 -entró en vigencia el año siguiente- se contemplada realizar la revisión y corrección de las normativas, pero no se concretó. "Chile hizo el compromiso cuando se firmó el TDLC con Canadá de hacerlo y no se avanzó nada y nosotros queremos abordarlo ahora", detalló.

Los cambios

El trabajo que se desarrollará con la integración regulatoria, demandará un exhaustivo trabajo, incluso se está evaluando que un equipo externo complemente el trabajo del departamento jurídico de la cartera.

Según Irarrázabal, lo que se busca es "detectar situaciones de duplicidad de normas, duplicidad de materias o incluso aquellas normas que han perdido vigencia por un tema de tecnología o de información y, básicamente respecto a esas normas, ver la posibilidad de derogarlas porque ya están cubiertas en otra regulación, ver la posibilidad de fusionarlas o modificarlas con nuevas redacciones acorde a los tiempos".

Lo clave del trabajo que se desarrollará es que de lo que apruebe el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad será vinculante para los distintos ministerios. "Es la forma concreta de cómo se puede implementar este mecanismo de integridad regulatoria, que de otra forma sería muy difícil", explicó el subsecretario.

Respecto de los beneficios que traerán estas modificaciones, agregó que se verán reflejados en el proceso de evaluación ambiental de proyectos. "Tiene un impacto bastante importante tanto para los privados que presentan los proyectos como para el Servicio de Evaluación Ambiental que tiene que analizar si el proyecto cumple o no con la normativa ambiental aplicable, ese concepto va a variar dependiendo de este ejercicio", sentenció.


 

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