Hidroaysén, una campaña inoportuna

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, enero 2011.;


La imagen corporativa del nuevo gobierno ha enfrentado una serie de polémicas, desde el primer y criticado logo, que duró apenas unos meses, hasta la presentación del nuevo logo: el escudo nacional sobre dos franjas roja y azul. Este esquema, de extrema simpleza, guarda una lamentable similitud en términos gráficos con la campaña publicitaria de Endesa y Colbún a favor de su proyecto HidroAysén, añadiendo un nuevo espacio de polémica para el gobierno. La publicidad de HidroAysén, con dos franjas en blanco y negro, constituye una verdadera campaña del terror que, mediante argumentos poco creíbles, pretende sembrar la duda entre la población y convencer que la construcción de cinco mega represas en la Patagonia es la única solución posible para proveer de energía eléctrica a nuestro país en el futuro.

El lanzamiento de la campaña de HidroAysén y el nuevo logo de gobierno en el mismo periodo despiertan suspicacias, pero incluso si se deja de lado la posibilidad de una eventual coordinación entre Endesa y Colbún con el gobierno –cuestión que es inevitable de plantear, frente a la concordancia entre ambos diseños-, lo cierto es que esta situación genera una evidente incomodidad, puesto que se complementa con una coherencia en los mensajes políticos entre ambos. En efecto, al igual que la transnacional eléctrica, el gobierno, en voz de su ministro de Energía, Ricardo Raineri, y del propio Presidente Sebastián Piñera, han insistido en que el suministro eléctrico del país está en peligro, y que megaproyectos como HidroAysén y la termoeléctrica Castilla son la única solución posible para este problema en el mediano plazo.

Tanto HidroAysén como Raineri deciden así ignorar las cifras entregadas por el propio ministro de Energía en el Parlamento, que indican que para el periodo 2010 y 2013 está planificada la construcción de proyectos de generación eléctrica con una potencia instalada cercana a los 3.000 MW, y que entre enero de 2007 y julio de 2010 hay aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental proyectos por un total de 7.000 MW, los que aún no comienzan su construcción.

El Presidente y su Ministro también deciden ignorar los cuestionamientos que existen para ambos mega proyectos debido a irregularidades en sus procesos de calificación ambiental. Además, olvidan el efecto negativo que generan en términos de desincentivo para las Energías Renovables No Convencionales, las que ven cómo se copa el mercado energético con soluciones de bajo costo económico pero alto costo social, dejándoles un escaso margen de maniobra.

Durante la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno, se ha dejado sentir con insistencia la sospecha pública vinculada a la condición de empresario del Presidente Sebastián Piñera, tal como han reflejado las últimas encuestas. Frente a ello, el mandatario ha insistido a nivel de discurso y a través de diversas acciones en su supuesta independencia del sector de los grandes empresarios del país; entre estas acciones, la más mediática fue su intervención para frenar la termoeléctrica Barrancones en Punta Choros, junto al anunciado plan de incorporar el 20% energías renovables no convencionales al año 2020 y la venta de acciones de varias de sus empresas.

Sin embargo, Piñera no logra convencer y se mueve en un espacio incómodo, especialmente cuando su Ministro de Energía se manifiesta abiertamente a favor de HidroAysén, Castilla, la energía nuclear y no asume el rol que le corresponde como servidor público. Tanto el Presidente como el resto de los funcionarios de gobierno debieran ser especialmente cuidadosos a la hora de pronunciarse y actuar frente a diversos temas, con el objetivo de eliminar las legítimas sospechas de la ciudadanía.

El gobierno de Piñera se encuentra en una disyuntiva, y debe decidir si será consecuente con su discurso público en el sentido de potenciar las ERNC y abrir las puertas para una discusión abierta y sincera en materia de energía o si, de lo contrario, cerrará los espacios de participación, permitirá campañas de desinformación y del terror y cada vez con más fuerza dará su apoyo a grandes empresas privadas, en desmedro de los intereses de las comunidades locales y del país en general, abandonado así el rol que le ha encomendado el país.

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