Servicio de Biodiversidad, otro proyecto sin participación ciudadana

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 12 de enero 2011.


Uno de los grandes damnificados en el proceso de reforma a la institucionalidad ambiental que culminó con la aprobación de Ley Nº 20.417, fue el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pues la creación de esta institución no fue incluida como parte de los cambios, a pesar de los compromisos adquiridos por la ex Presidenta Bachelet en su campaña y de la mala evaluación que tiene Chile a nivel internacionales en materia de conservación de la biodiversidad. En su lugar y sólo gracias a la alianza entre algunas organizaciones ambientales y parlamentarios, se logró que el gobierno se comprometiera a la creación de este servicio mediante el artículo octavo transitorio de ese cuerpo legal, que estableció un plazo para el envío al Parlamento de una ley con este fin, plazo que vence el próximo 26 de enero. Junto con ello, el Ejecutivo debe enviar una propuesta legal para reformar la institucionalidad de Conaf, fuertemente cuestionada desde hace años.

Desde la sociedad civil, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas es una prioridad desde hace muchos años. Esto en el entendido que, pese a la labor que ha desempeñado Conaf y  a los esfuerzos de muchos de sus funcionarios en la administración de las áreas silvestres del estado, actualmente el tema de protección y conservación del patrimonio natural es bastante más complejo y las formas de gestionarlo se han diversificado.  Además, Conaf no ha logrado desempeñar de manera óptima el papel de protector de nuestro patrimonio natural, debido a que debe lidiar entre promover el fomento productivo y la conservación, y generalmente prevalece el fomento productivo. A esto se une el problema de su condición de corporación privada, pese a cumplir funciones y administrar un presupuesto públicos. Por ello, organizaciones ciudadanas y colectivos de conservación privada han promovido y desarrollado un debate de manera independiente de las instancias oficiales, marco en el cual se han generado una serie de propuestas al respecto.

Para Terram, en términos generales el objetivo principal del nuevo Servicio debe ser garantizar la protección del patrimonio natural y la biodiversidad de la nación. Además, debe tener un claro perfil de garante del bien común y protector del patrimonio que pertenece a todos los chilenos, pues con tanta institución pública orientada hacia el fomento productivo, es urgente al menos contar con un servicio que tenga otra orientación que no sea vender recursos naturales. Con este fin, debe hacerse cargo de una serie de tareas, entre ellas: ejecutar las políticas públicas en materia de conservación; mantener un registro actualizado de información relevante, incluyendo inventarios de especies y su estado de conservación; generar planes de manejo para la recuperación de especies y ecosistemas; proponer la creación de nuevas áreas protegidas; actualizar en forma permanente la lista de sitios prioritarios para la conservación; dar pautas y certificar la conservación privada; establecer e implementar acciones para controlar especies invasoras que afectan a los ecosistemas nativos, entre otras. Para cumplir de manera óptima estas tareas fundamentales, el Servicio debe contar con personal y con un presupuesto adecuados.

Sin embargo, ni esta propuesta ni otras que han surgido desde los sectores interesados, han podido ser planteadas a la autoridad, pese a las numerosas gestiones realizadas, entre ellas, una carta al Presidente Sebastian Piñera, que no ha tenido respuesta, solicitudes de audiencia al Ministro Larroulet que tampoco han prosperado, pues según señalan en Medio Ambiente, este tema se define en la Moneda. Los trascendidos indican que el gobierno, desde distintos ministerios, ha estado trabajando silenciosamente en una propuesta que hasta ahora es una incógnita, y que debiera darse a conocer antes de que termine esta semana a la opinión pública, según lo anunció el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal. Sin embargo, dar “a conocimiento público”, como señaló el funcionario, dista mucho de generar algún tipo de participación ciudadana, por lo que sin duda es poco lo que se puede esperar del proyecto de ley en términos de incorporar demandas de la sociedad civil.

Aún más cuando lo poco que se puede saber con certeza sobre la propuesta para el futuro Servicio no es muy alentador. Esto porque nace con un fuerte condicionante y es que, como parte del Ministerio del Medio Ambiente, deberá someter sus decisiones más relevantes a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, instancia creada en la última reforma y que reúne ministros con eminente vocación productivista (Agricultura, Hacienda, Economía, Energía, Minería, entre otros). Así, forzosamente, ante eventuales disyuntivas, la vocación del Consejo será privilegiar desarrollos productivos por sobre la protección de las áreas silvestres y la biodiversidad.

Así, nuevamente el gobierno de Sebastián Piñera entrega una muestra de lo que entiende por “la nueva forma de gobernar”: legislar sin consultar a la ciudadanía, condicionar y limitar el actuar de las instituciones, en definitiva, gobernar desde el sigilo y sin la ciudadanía.


 

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