Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, otro proyecto de ley desconocido por la ciudadanía

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog de La Tercera el 26 de enero de 2011. Vea blog AQUÍ.;


El Presidente Sebastián Piñera firma hoy, para su envío al Parlamento, un proyecto de ley que quedó comprometido en la reforma a la institucionalidad ambiental: una iniciativa legal que creará el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, justo cuando se cumple el plazo de un año establecido por la ley que reformó la institucionalidad ambiental del país (Ley Nº 20.417) para estos efectos.

Este proyecto de ley es muy relevante para el país y para las organizaciones ambientales y ciudadanas que trabajan en la protección del patrimonio natural de Chile; por eso, han surgido serias preocupaciones al respecto, ya que las organizaciones de la sociedad civil, impulsoras de esta reforma, no hemos tenido la posibilidad de conocer los contenidos ni alcances de la propuesta del Ejecutivo, la que fue elaborada a puertas cerradas pese a que diversas instituciones manifestamos nuestro l interés por conocerla y aportar en su elaboración. Este interés fue explicitado en reiteradas oportunidades a diversos personeros de gobierno, incluyendo al Presidente de la República, a quién se le hizo llegar una carta suscrita por varias organizaciones en octubre de 2010. La misiva, enviada también al Ministro Larroulet y a la ministra Benitez, solicitaba antecedentes sobre la creación del Servicio, así como la posibilidad de participar en la elaboración del proyecto. Aún no se recibe una respuesta de ninguna de las autoridades.

La carta contenía además un conjunto de propuestas, resultado de un trabajo colectivo de diversas organizaciones. Algunos de las principales propuestas planteadas son que el nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas debe ser una institución estatal de carácter autónomo, es decir, que no responda a los intereses de los ministerios sectoriales. Su misión y rol fundamental debe ser la protección del patrimonio natural de Chile, en especial la biodiversidad y los recursos hídricos. Para ejercer esta función, debe contar con directrices claras, capacidad de interlocución tanto con los distintos organismos del Estado como con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, académicos y el sector empresarial. Además, debe ser descentralizado y con un presupuesto que le permita realizar adecuadamente sus funciones. Respecto a las áreas protegidas terrestres, marinas o de aguas continentales, el Servicio debe ser el encargado de generar propuestas para establecer áreas protegidas públicas, promover el establecimiento y adecuado manejo de áreas protegidas privadas, e integrar ambos tipos de iniciativas con un enfoque ecosistémico en sistemas nacionales, regionales y locales, coordinando con países vecinos la gestión integrada de áreas protegidas binacionales.

Entre las tareas que se le deben asignar se cuenta: elaborar, administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad y recursos hídricos; mantener actualizado un inventario de especies nativas y endémicas; establecer un sistema la clasificación de especies en categorías de conservación según las pautas de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN); aplicar la clasificación de categorías de manejo y tipos de gobernanza de las áreas protegidas según las pautas de la UICN; establecer una clasificación oficial de ecosistemas relevantes y/o amenazados; establecer los sitios prioritarios para la conservación y proponer la creación de nuevas áreas silvestres protegidas; elaborar e implementar planes de recuperación de especies y ecosistemas; elaborar e implementar planes para erradicar especies invasoras; establecer un sistema de acreditación y certificación de áreas protegidas privadas; apoyar la creación de corredores biológicos; desarrollar e implementar un programa nacional de formación y acreditación de guardaparques tanto para áreas protegidas públicas como privadas; coordinar la administración de un sistema nacional de áreas silvestres protegidas públicas y privadas, terrestres y acuáticas; promover el establecimiento de sistemas regionales que promuevan el desarrollo local sustentable en torno a las áreas protegidas; elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad y recursos hídricos.

En tanto, respecto a los pueblos indígenas, se propone que se reconozca una participación activa de las comunidades indígenas en la gestión de las áreas protegidas del Estado. Además, se propone que se potencien las iniciativas de conservación indígenas a través del reconocimiento de la figura de los “territorios indígenas de conservación”, que comprenden sitios, territorios, paisajes terrestres y marinos y lugares sagrados conservados, administrados y manejados por pueblos indígenas y comunidades locales. Además, debe prohibirse expresamente que las áreas protegidas públicas o privadas puedan constituirse sin su consentimiento libre e informado sobre tierras, territorios o recursos que estos pueblos ocupan tradicionalmente. Así también, se debe garantizar que se resuelvan adecuadamente los reclamos territoriales de las comunidades indígenas sobre aquellas áreas protegidas que hayan sido establecidas sin su consentimiento, incluyendo entre las alternativas posibles, que estas áreas protegidas sean objeto de restitución a los mismos pueblos para que sean gestionadas por ellos como territorios indígenas de conservación.

Asimismo, la nueva institucionalidad para las áreas protegidas debiera reconocer un principio de equidad en la distribución de costos y beneficios de la conservación, contemplando herramientas para la resolución de conflictos con las comunidades aledañas, a través de una adecuada metodología de valoración de costos y beneficios, y del establecimientos de instancias de participación que faciliten la negociación de acuerdos compensatorios y el establecimiento de programas de desarrollo local que promuevan modos de vida sustentable en las comunidades aledañas a las áreas protegidas.

Dada la relevancia de la conservación de determinadas áreas, se propone la creación de un fondo para la conservación de áreas protegidas privadas, comunitarias y/o indígenas, que debiera contar con fondos anuales dentro de la ley de presupuesto.
Finalmente, se considera que la nueva institucionalidad debe generar y facilitar la descentralización en la gestión de las áreas protegidas, otorgando a los gobiernos municipales y regionales la posibilidad de crear y administrar áreas. Además, debe servir de soporte para la creación de Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, que potencien el rol que tienen las áreas protegidas en la provisión de bienes y servicios ambientales para sectores clave de la economía regional, y promuevan la aplicación de instrumentos de fomento del desarrollo local sustentable en las comunidades aledañas a éstas. Asimismo, la nueva institucionalidad debe reconocer una figura específica para las áreas protegidas urbanas y periurbanas, homologable a las áreas de preservación ecológica de los Planes Reguladores Urbanos, las que debieran gestionarse a nivel municipal. Junto con ello, se deben contemplar figuras de gestión específica para las áreas protegidas binacionales, ubicadas en áreas de frontera o que incluyan aguas de jurisdicción internacional.

El Presidente Piñera se ha autodefinido en numerosas oportunidades como una persona conservacionista. Es importante que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está impulsado desde su gobierno se construya colectivamente, en el marco de un proceso democrático, y no quede zanjada como parte de un acuerdo político celebrado a espaldas de la ciudadanía; las tareas de conservación y protección de la biodiversidad de un país no pueden imponerse de manera unilateral e inconsulta, sino que deben ser fruto de una discusión abierta y con participación de todos los actores interesados, de manera que la nueva ley entregue soluciones integrales frente a las dificultades que enfrenta la conservación en el país.

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