La Norma que regula las emisiones de las centrales termoeléctricas, firmada hoy por parte del Presidente Sebastián Piñera, representa un avance en el sentido que viene a establecer límites a una actividad altamente nociva. Sin embargo, las bajas exigencias impuestas en la norma, las serias dudas en relación a la capacidad de fiscalización de los órganos del Estado y la escasa participación ciudadana en los procesos de calificación ambiental de proyectos, permiten esperar que se mantenga el impacto que esta actividad genera en las comunidades y el medioambiente y, por tanto, un alto nivel de conflictividad socioambiental vinculado a las centrales termoeléctricas. Fuente: Comunicaciones Terram 18 de enero de 2011.
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Con la firma del Presidente y después de más de 12 años de discusión, finalmente nuestro país contará con una Norma de emisiones para termoeléctricas. Ahora sólo queda la Toma de Razón por parte de Contraloría y su publicación en el Diario Oficial para convertirse en norma oficial. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el texto a principios de diciembre, sin embargo el Presidente se tomó más de un mes y medio para estudiar la norma señalando que aún estaba disconforme. Al respecto Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram señaló: “El Presidente Piñera hizo esperar durante 45 días a la ciudadanía para estampar su firma en la norma, una espera totalmente innecesaria pues no le introdujo ninguna modificación significativa en relación al texto aprobado a principios de diciembre por el Consejo de Ministros; la norma no es más exigente que en diciembre”.
“Pero lo más importante de destacar, es que esta norma está muy lejos de ser la solución de fondo para el problema de las centrales termoeléctricas a carbón, que son lejos la fuente más contaminante para generar energía, y que sin embargo han crecido y proyectan seguir creciendo en nuestro país”, agregó.
La norma que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, aumenta los límites para las emisiones de material particulado 2,5, Dióxido de Azufre y Óxido de Nitrógeno en relación al anteproyecto presentado por el gobierno anterior, además de ampliar el plazo para que las centrales en funcionamiento adapten sus instalaciones a los nuevos estándares, plazo que vincula a si se encuentra o no en una zona declarada saturada o latente para ciertos contaminantes. Junto con ello, no establece límites para otros contaminantes relevantes, como el vanadio y el níquel.
Pero lo más importante es que, más allá de esta norma, persisten carencias importantes respecto al funcionamiento del parque termoeléctrico nacional. Así, no existe una norma sobre el manejo de las aguas –necesaria en enormes volúmenes para su funcionamiento-; tampoco se ha regularizado la situación de decenas de centrales que no han sido sometidas a un Estudio de Impacto Ambiental, por estar construidas desde antes de la vigencia de la ley respectiva, ni existen un plan de retiro para las centrales más antiguas. La norma tampoco establece la necesidad de realizar monitoreas a la salud de la población en las zonas más afectadas. Finalmente, el mapa que deberá usarse como referencia para las instalaciones de centrales eléctricas en el futuro, y que se encuentra en proceso de elaboración por el Ministerio de Bienes Nacionales, no ha sido consultado con los actores involucrados, tales como comunidades aledañas y pescadores artesanales.
Más información: Flavia Liberona 88286118 / Paola Vasconi (2) 2694499