Aprueba informe de Comisión que investigó aprobación de proyectos energéticos en Coremas regionales

La Comisión Investigadora fue solicitada por 51 diputados y su creación fue aprobada por la Sala de la Cámara el 14 de abril de 2010, bajo el argumento de que habrían existido irregularidades en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos por parte de las comisiones regionales de medio ambiente, “debido a una serie de hechos que configuran una política de “fast track” energético consistente en el apoyo y fomento de proyectos industriales energéticos poco sustentables, de alto impacto ambiental y al rechazo social”.

La comisión se fue presidida por el diputado Eugenio Bauer (UDI) y celebró 14 sesiones, entre el 21 de julio y el 30 de noviembre de 2010, para analizar los proyectos termoeléctricos de Barrancones (IV Región), Cruz Grande (IV Región), Campiche (V Región) y Castilla (III Región) y los proyectos hidroeléctricos Chacayes (VI Región), Alto Maipo (Región Metropolitana), Hidroaysén (XI Región), San Pedro (XIV Región), Trupán (VIII Región), Angostura (VIII Región) y Palmar-Correntoso (X Región).

En sus conclusiones, el informe sostiene que “no existe una política del medio ambiente que permita aunar planteamientos y consensuar una visión global de la materia. Ello se expresa en el otorgamiento inorgánico de derechos de aprovechamiento de aguas, superponiéndolos unos a otros y provocando el desconocimiento de legítimos derechos”.

“Si bien se crearon instrumentos que promueven la producción de energías renovables no convencionales y otros que establecen franquicias tributarias a los colectores solares, parece indesmentible que no existe una visión consensuada en términos normativos. Esto sin duda viene a ser resuelto con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, órgano que por su naturaleza tiene como facultad plantear políticas públicas”, agrega el documento.

La Comisión enfatiza que “resulta del todo indispensable crear un órgano que genere las condiciones necesarias para armonizar criterios de aplicación del marco regulatorio medio ambiental en las respectivas COREMAS, actual Comisión de Evaluación, a la vez que fiscalice el correcto cumplimiento de la ley por parte de los distintos actores del sistema”.

“Otro ámbito necesario de ser analizado dice relación con la capacidad técnica y analítica del Sistema de Evaluación Ambiental, y de las COREMAS, Comisión de Evaluación. Pues ello, merma la legitimidad del sistema y origina una excesiva judicialización e ineficiencia del sistema”, subrayan los diputados.

El texto considera imprescindible “contar con órganos de competencia ambiental capaces de integrar toda la información disponible pues para lograr un buen desarrollo medio ambiental, resulta fundamental hacer “cruces” de todos los antecedentes y normas que regulan un determinado proceso de evaluación”.

“Es impostergable transparentar los procesos de cambios en los planos reguladores, de lo contrario persistirán las suspicacias respecto de modificaciones a los usos del suelo, que aparentemente se harían para favorecer determinados intereses particulares”, destaca el documento.

Igualmente, la instancia investigadora estima conveniente “avanzar a la brevedad en una planificación del territorio nacional que consigne la zonificación para el establecimiento de actividades necesarias para el desarrollo del país que puedan ser “molestas o contaminantes””.

“Asimismo es necesario corregir, precisar y, en definitiva, aplicar correctamente las normas que determinan los proyectos que pueden ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por vía de Declaración o de Estudio de Impacto Ambiental”, añade el informe.

De igual forma, expresa que “de los testimonios recibidos en la Comisión se pudo concluir que existen en este ámbito importantes deficiencias que permiten que la norma sea burlada, con la finalidad de obtener resoluciones aprobatorias bajo el velo de una aparente legalidad”.

“Es indispensable lograr una mejor coordinación entre las actuales comisiones de evaluación (antes COREMAS), y la Dirección General de Aguas, ya que, plantea, “la descoordinación entre ellas ha vulnerado los legítimos derechos y garantías de los propietarios de derechos de aguas en determinados ríos”.

“La Comisión estima que es necesario dar estricto cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, por lo que es preciso establecer un mecanismo de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como de los sitios ancestrales en la evaluación de los proyectos medio ambientales”.

“La Comisión consideró conveniente solicitar al Presidente de la República elaborar una iniciativa legal que aborde el tema de las compensaciones con el objeto de que transparente la actual situación que permite que las empresas efectúen convenios con parte de la comunidad. Para ello debiera contemplarse un sistema de patentes que beneficie a la comuna, provincia o región donde se desarrolle un proyecto con repercusiones medioambientales”.

Todas las conclusiones descritas fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Investigadora.

Sin embargo, otra conclusión, que fue aprobada en votación dividida, plantea que “la actual legislación debe sancionar en forme severa las irregularidades que se presenten en la tramitación de los proyectos, en especial los de generación eléctrica, ya que situaciones como el examen realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería del proyecto central hidroeléctrica de San Pedro, Región de los Ríos, en que el estudio fue efectuado por un ingeniero en minas y no un geólogo en circunstancias que la central se ubicaría entre dos fallas geológicas, información que fue proporcionada por la propia empresa en el estudio de impacto ambiental, no pueden volver a repetirse. La nueva institucionalidad medioambiental, en especial la Superintendencia y los Tribunales Ambientales, debieran poner término a este tipo de situaciones ejerciendo un mayor control en estos procedimientos”.