Expertos identifican las 14 faenas mineras abandonadas más riesgosas del país

Una información vital para la seguridad de los chilenos fue despachada el 13 de enero desde la dirección nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El oficio N° 00264 contenía datos clave: los nombres y la ubicación de las 14 faenas mineras abandonadas que fueron clasificadas como “pasivo ambiental minero” tras la evaluación de un comité interdisciplinario del Servicio. Es decir, faenas que “constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas, o para el medio ambiente”.

El documento está firmado por el entonces director (s) del Sernageomin, Waldo Vivallo Sandoval. Y su destino final era la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Depósitos de Relaves Mineros.

Pero los diputados no recibieron la información. La razón: Waldo Vivallo no envió el documento a la comisión, sino al subsecretario de Minería, Pablo Wagner. El documento se habría mantenido retenido en las dependencias de la subsecretaría de Minería, hasta que el miércoles 9 de marzo, tras enterarse de que CIPER había accedido al oficio 00264 vía Ley de Transparencia, la diputada Adriana Muñoz, integrante de la comisión investigadora de la Cámara, pidió expresamente al ministerio y al Sernageomin el rápido despacho de esa información.

-El nuevo director de Sernageomin rastreó el documento y me señaló que efectivamente estaba retenido en la Subsecretaría de Minería. Recién hoy, 9 de marzo, va a ser enviado a la Cámara de Diputados. Es una negligencia, una obstrucción a la agilidad de entrega de información con la que debe contar esta comisión para realizar su investigación -afirmó a CIPER la diputada Muñoz.

La urgencia de la diputada Muñoz se entiende. Este jueves 10 de marzo se realiza la sexta sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Depósitos de Relaves Mineros. “Le pediré una explicación al ministro y subsecretario de Minería de por qué deja en suspenso el envío de una información tan fundamental”, aseguró la parlamentaria.

No es la primera vez que información elaborada por Sernageomin se “pierde” en los escritorios de alguna repartición pública. De hecho, la Comisión Investigadora sobre Depósitos de Relaves Mineros se constituyó en noviembre del año pasado, tras la difusión de una investigación de la periodista Carola Fuentes -y difundida por CNN Chile-, que reveló la existencia de cientos de faenas mineras abandonadas a lo largo del país (esta investigación fue auspiciada por la Universidad Diego Portales y CIPER, donde se publicó un completo reportaje sobre el tema).

Una de las denuncias más impactantes que hizo el documental de Fuentes (“Minas de oro, desechos de muerte”) fue que el Sernageomin tenía en su poder desde el 2007 un registro con más de 200 faenas mineras abandonadas y cuyo contenido nunca fue informado. Simplemente se ocultó.

De hecho, sólo cuando el Primer Catastro de Faenas Mineras Abandonadas fue revelado por Carola Fuentes y publicado en CIPER, el documento se subió a la página web de la institución. Y eso ocurrió a fines del año pasado. Sólo meses después, las malas prácticas se repitieron con el oficio que contenía los nombres de los 14 pasivos mineros que representan el mayor riesgo para la seguridad de los chilenos.

Los pasivos

En Chile, actualmente, hay catastradas poco más de 400 faenas mineras abandonadas. Son lugares donde alguna vez se trabajó en la extracción de un mineral preciado y que, cuando éste se agotó, la faena se cerró sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Ahora, cuando el Sernageomin clasifica algunas de estas faenas como “pasivo ambiental minero”, lo que está diciendo es que esa faena y sus residuos constituyen un riesgo para quienes habitan a su alrededor, o tienen cultivos en tierras cercanas, o consumen agua de norias que están ubicadas cerca.

La calificación de pasivo, tal como lo explica el Sernageomin en su oficio N° 00264, requiere de “criterios técnicos objetivos” que certifiquen que existe “riesgo significativo producido por la faena minera abandonada o paralizada (…)”. Esa metodología fue la que se aplicó a las citadas 14 faenas.

Que la población y las autoridades cuenten con esa información es vital. Y ello, porque los riesgos asociados a un pasivo ambiental minero pueden terminar en catástrofes. Es exactamente lo que ocurrió hace un año en la Séptima Región. Minutos después del terremoto, las paredes del tranque de relaves de la Ex Mina Las Palmas (comuna de Pencahue) cedieron y un alud de tóxicos bajó por la montaña sepultando a los cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro.
La evaluación de la Ex Minera Las Palmas, cuyo representante legal es un hijo del empresario Francisco Javier Errázuriz, fue hecha en terreno por tres expertos del Sernageomin el 24 de junio de 2009. Ocho meses antes del terremoto esa faena fue clasificada entre las más riesgosas del país. A la familia Gálvez Chamorro nadie les advirtió del peligro que representaba ese cerro situado a pocos metros de su hogar. El que hoy se haga público este documento oficial será un nuevo antecedente que se agregará a la causa penal en curso en tribunales

Lo importante es que el documento da cuenta de otros 13 pasivos sobre los cuales sí se puede actuar. Siendo Chile un país sísmico, la probabilidad de que un tranque de relaves inestable colapse, es muy alta. Así lo ha alertado el propio Sernageomin en publicaciones anteriores.

De ahí la importancia del oficio despachado por Sernageomin el pasado 13 de enero y que nunca llegó a la Cámara de Diputados. De no ser por la investigación de CIPER, que contó con los testimonios de los propios funcionarios que llevaron a cabo la evaluación de esos 14 pasivos mineros, el oficio N° 00264 podría estar aún retenido en la Subsecretaría de Minería.

La investigación

Lo que los diputados desconocen es que fueron ellos mismos quienes dieron origen al Oficio N° 00264. “A propósito de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se creó, les dimos a conocer dónde se han hecho estas evaluaciones de faenas mineras y cuáles de éstas han sido clasificadas como pasivos”, explicó a CIPER Cecilia Adasme, jefa del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de Sernageomin, el 19 de enero pasado.

-En 2009 empezamos a aplicar esta metodología de evaluación de riesgos, que es como la fase posterior al Catastro. Y la idea fue que, en cada dirección regional, el propio encargado ambiental definiera a cuál faena iba, pues ellos saben dónde están las más complicadas -profundizó la profesional.

Una vez hecha la selección, un equipo multidisciplinario estudió las propuestas: tomaron muestras, hicieron análisis, evaluaron una y otra vez los diagnósticos y concluyeron que de 16 faenas analizadas, 14 constituían pasivos ambientales mineros. Los nombres y su ubicación se incluyeron en el Oficio N° 00264.

¿Por qué el oficio despachado el 13 de enero para informar a los diputados no llegó nunca a la Comisión Investigadora? Un misterio. Pero entre esa fecha y los primeros días de marzo ocurrieron un par de hechos importantes que podrían explicarlo.

Los pasivos que ya no son pasivos

Waldo Vivallo, el director nacional (s) del Sernageomin que firmaba el Oficio N°00264, fue reemplazado por un nuevo director nacional: el empresario, ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica, ex ejecutivo de Elecmetal y director de Asimet, Enrique Valdivieso.

El 20 de enero, cuando el ministro de Minería Lawrence Golborne presentó a Valdivieso, señaló que entre sus tareas principales estaba “en primer lugar aumentar y mejorar profundizando la fiscalización de todo el sector minero nacional”. La respuesta del nuevo timonel del Sernageomin no tardó: una de sus primeras decisiones fue pedirles a los autores del Oficio 00264 que volvieran a evaluar su metodología. No estaba convencido de los resultados, argumentó.

-Yo, como recién asumido, tengo mis discrepancias para entender cabalmente el nivel profesional y la calidad de la información y las métricas con las que hemos determinado un riesgo. Hay faenas que tienen un tipo de riesgo y otras que tienen otro tipo, y la metodología cómo eso se determina es la que me interesa entender. Nosotros no podemos salir a alarmar a la gente. Yo creo que mi responsabilidad va mucho más allá de eso –explicó a CIPER Enrique Valdivieso sobre las razones por las que pidió reevaluar.

Según el nuevo director, el que se haya elaborado un oficio para la Comisión Investigadora de la Cámara que informaba de 14 pasivos ambientales mineros, responde a que “a lo mejor hubo un apresuramiento en entregar la información. Esa es una pregunta que yo debería hacerle a Waldo Vivallo: ¿Porqué se emitió este oficio antes que salieran las conclusiones finales?”, insistió Valdivieso.

-¿No será que usted prefiere no meterse en problemas y esta investigación puede constituirse en una gran problema?
-No, para nada. Yo de riesgo y de seguridad sé harto, porque en mi vida profesional me ha tocado muchísimo este tema. El punto aquí es que nosotros tenemos que emitir algo que estemos tranquilos y que sea una ayuda para el país, porque no puedo emitir un informe con el que voy a generar una alarma pública. Existen algunas faena abandonadas que pueden constituir un riesgo importante, pero esas las tenemos que identificar muy bien.

No es la opinión de la diputada Adriana Muñoz:

-Yo creo que ha sido poco transparente lo que ha sucedido. Sobre todo en la Subsecretaría de Minería.

Y algo extraño hay. Porque desde la nueva dirección nacional de Sernageomin se enviaron a CIPER dos documentos: la copia del Oficio 00264, donde se identifican de manera concluyente los 14 “pasivos ambientales mineros”; y otro informe donde estos antecedentes aparecen relativizados bajo el siguiente título: “Evaluaciones Simplificadas de Riesgo de FMA/P”. En una nota al pie de página se acota: “la evaluación simplificada está basada en muestreos básicos, no sistemáticos. Informes finales en proceso de emisión”. Ello, pese a que a un costado del documento aparece que las faenas fueron sometidas a un software diseñado para evaluar “PAM”, es decir, “pasivos ambientales mineros”.

Otro hecho llama la atención en este segundo documento. Y se refiere explícitamente a la faena de la ex Mina Las Palmas, donde murieron cuatro personas en el terremoto del año pasado. Allí se señala que “la evaluación simplificada no permitió conocer un riesgo de colapso del tranque”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el terremoto. ¿Cuándo se agregó ese párrafo al informe? ¿Está preocupado el Sernageomin por las consecuencias que pueda tener esta información en la investigación que la justicia penal lleva adelante por la muerte de la familia Gálvez Chamorro?

Hay razones para que las autoridades de ese servicio estatal se inquieten. En el informe de evaluación realizado por los expertos de Sernageomin Hugo Constanzo, Paola Ramírez y Jorge Campos el 24 de junio de 2009, y que terminó calificándola como una de las faenas más riesgosas de Chile, se incluyó casi una premonición de lo que ocurrió el pasado 27 de febrero.

En el detalle de la evaluación se identifican más de una decena de peligros de seguridad, entre los que figuran el hundimiento o colapso de la superficie, la caída de rocas y estructuras que podrían afectar a personas y/o el medio ambiente con consecuencias “severas”. Lo interesante es que los funcionarios de Sernageomin consideraron que las probabilidades de que esto efectivamente sucediera eran “bajas”, “medias” e incluso “despreciables”.

De allí entonces que la otra interpretación que surge es que los expertos se equivocaron y por ello nunca nadie alertó a la familia Gálvez Chamorro y tampoco a las otras familias que por décadas habitaron en las inmediaciones del tranque de relaves de la ex minera Las Palmas y que resultaron afectadas. Cualquiera sea la razón, que ocho meses antes del terremoto el Sernageomin haya calificado esta faena como un “pasivo ambiental minero”, constituye para el abogado de la familia fallecida, Leonardo Mazzei, un antecedente fundamental que puede producir un vuelco en el juicio

-Aquí se abriría el abanico de eventuales responsables a los funcionarios de Sernageomin, que habiendo tenido conocimiento de esto, no hicieron nada. Y lo otro es que en definitiva, el trabajo que se hizo fue mal hecho. O sea, los dueños de esa faena no siguieron ninguno de los protocolos que debían respetar no sólo para la seguridad de las personas, sino del medio ambiente. Si esta es una catástrofe no sólo en cuanto a vidas humanas, sino también por el daño que se produjo en el medio ambiente -afirmó Mazzei a CIPER.

Estas son las 14 bombas de tiempo

Entre los operadores de estas verdaderas bombas de tiempo figuran tres empresas del Estado: Codelco Chile (División El Salvador), Enami y Enacar. El resto de las faenas pertenece a empresarios privados.

Los peligros que los expertos de Sernageomin identificaron en estos pasivos mineros son de dos tipos: riesgos de contaminación y de seguridad. Respecto a las consecuencias atribuidas a ellos, estas van desde “despreciables” hasta “catastróficas”.

Por ejemplo, en los 14 pasivos hay probabilidad de que ocurran accidentes con consecuencias “moderadas”, “altas” e incluso “catastróficas”. En este último caso se encuentra la Planta Ojancos, ubicada en medio de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama.

Ojancos fue evaluada por Elizabeth Cortés y Cecilia Adasme el 21 de octubre de 2010. En su informe señalan que un escenario de “liberación violenta de relaves depositados en tranques que podría afectar personas”, tiene una probabilidad “media”, con una consecuencia “catastrófica”.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por Ciper, la Planta Ojancos dejó de operar en 1997 y es propiedad de la Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild S.A., empresa presidida por Joaquín Errázuriz Hochschild y Hernán Hochschild Alessandri, ex presidente y actual director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Otra faena altamente riesgosa es La Higuera, ubicada en la comuna del mismo nombre en la región de Coquimbo. La Higuera fue evaluada por Vinka Rakela, Roberto Ponce y Jorge Campos el 9 de junio de 2009. En su informe señalan que hay una alta probabilidad de que se produzca un hundimiento o colapso de la superficie de la mina, con consecuencias “catastróficas” para las personas, el medio ambiente o las actividades económicas que se desarrollen en la superficie.

En el caso de este pasivo, Sernageomin no entrega el nombre del operador de la faena y tampoco da información que permita identificar a sus propietarios.

Las evaluación de la Planta Río Huasco, que pertenece a la Minera San Esteban I, (los mismos que operaban la mina San José), se realizó el 29 de octubre de 2009. Estuvo a cargo de Elizabeth Cortés y Jorge Campos. En su informe, identifican riesgos de contaminación y seguridad. Sobre los primeros, se informa que hay una probabilidad “alta” con una consecuencia de severidad también “alta” que quienes desarrollan actividades en la superficie de los relaves, de los acopios y suelos contaminados puedan ser afectados “por inhalación, ingestión accidental o contacto dérmico”.

Arica: Planta San Carlos, en la comuna del mismo nombre. Esta faena pertenece a Enami y fue evaluada con graves problemas de seguridad en mayo de 2010.

Antofagasta: La faena Minera Incomin, en la comuna del mismo nombre, es propiedad de Enami. Presenta riesgos en seguridad y contaminación por material particulado.

La Mina Montecristo, en la comuna de Tal Tal, es una faena activa operada por Eulogio Gordon. Las primeras noticias sobre el accidente minero que dejó a dos trabajadores atrapados, uno de ellos muerto, el 28 de febrero de este año, informaban que la catástrofe se habría producido en este yacimiento. Luego se desmintió y el seremi de Minería de Antofagasta, Rodrigo Mendiburu, afirmó que Montecristo “no tenía permiso para funcionar”.

Tarapacá: La faena CASILLA, en la comuna de Pica, es de carácter artesanal, operada por pirquineros. Presenta graves riesgos de seguridad.

La ex Planta de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, presenta riesgos de contaminación. Es operada por el Grupo Minero Errázuriz, cuya cabeza es Francisco Javier Errázuriz. En noviembre del año pasado anunciaron una inversión aproximada de US$ 140 millones para 2011 en esa misma región a través del proyecto “Cosayach Norte Norte”.

Atacama (la región con más pasivos): Planta Río Huasco, en la comuna de Caldera, fue explotada por la Compañía Minera San Esteban I, cuando su dueño era Jorge Kemeny Letay, padre de uno de los actuales dueños de la empresa, Marcelo Kemeny. Presenta riesgo de contaminación a través de material particulado a viviendas cercanas. La misma compañía es la operadora de la Mina San José, en donde quedaron atrapados 33 mineros en agosto de 2010.

Planta Ojancos, en Copiapó, que pertenece a la Compañía Minera y Comercial Sali Hochschild S.A. Los desechos de esta planta inactiva de cobre se encuentran en medio de la ciudad de Copiapó. El informe de Sernageomin señala que a pesar de haber sido evaluada en octubre de 2010, la faena sigue en proceso de análisis.

Planta las Cascadas y Zanja de Relaves: Codelco, a través de su División Salvador, fue la operadora de esta planta y su relave. Esta antigua faena ubicada en la comuna de Diego de Almagro, 2 kilómetros al Este del campamento de Llanta, terminó de operar a fines de la década de los ’80. En el “First International Seminar on Environmental Issues in the Mining Industry” de 2009, Sernageomin y Codelco la describen así: “Existen restos de estructuras, fundaciones de hormigón y remanentes de relaves distribuidos en un área de aproximadamente 15 hectáreas”.

Coquimbo: Distrito Minero de La Higuera, en la comuna del mismo nombre.

Ex Planta California, en la comuna de Illapel, fue operada por Waldo Nacer Esbir. En agosto de 2009, ante el concejo municipal de Illapel, llegaron denuncias por un posible colapso de sus residuos.

Valparaíso: Minera La Paciencia, ubicada en la comuna de Rinconada, pertenece a Hans Hein Steager. Sus relaves manifiestan riesgos importantes de contaminación. Según oficio del director regional de Sernageomin de 2009, Carlos Arias, el relave está “a menos de 100 metros de la Población Los Caracoles, por lo cual se encuentra vulnerable al riesgo ambiental que genera el depósito, asociado a las partículas de material sólido en suspensión y al colapso de la infraestructura detonado por movimientos telúricos o procesos de remociones en masa de laderas”. https://www.e-seia.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3978545

Región Metropolitana: La Planta Lo Águila II, en la comuna de Curacaví. La Compañía Minera Curacaví operaba este yacimiento de oro y cobre. La evaluación de septiembre de 2010 arrojó que presenta riesgo de contaminación. “por reactivos expuestos”.

Región del Maule: Ex Minera Las Palmas (Tranque): Pertenece a la Sociedad Contractual Minera (SCM) Tambillos en la que participa un hijo del empresario Francisco Javier Errázuriz, con otras propiedades mineras en esta misma nómina. El año pasado, el terremoto del 27 de febrero provocó el derrumbe del tranque ocasionando la muerte de cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro. El informe del Sernageomin señala que la empresa fue sancionada por “medidas correctivas incumplidas”.

Región del Bío Bío: Mina Ex Central Plegarias, en la comuna de Curanilahue. Esta antigua mina de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar), presenta graves problemas de seguridad y evidencia “piques inundados”.