Proyecto sobre transgénicos y las prioridades del gobierno

El Ejecutivo acaba de anunciar el envío al Parlamento de una indicación sustitutiva al proyecto sobre vegetales genéticamente modificados (VGM), una iniciativa de origen parlamentario presentada el año 2006 por los senadores Coloma, Frei, Flores, Espina y Allamand, que se tramita actualmente en el Senado. La señal del gobierno es clara: al presentar una indicación sustitutiva, el Ejecutivo hace suyo el proyecto de ley, reemplazando el proyecto original por un nuevo texto, y como consecuencia deja de ser una iniciativa parlamentaria y pasa a ser del Ejecutivo. Con este proyecto, el Presidente Sebastián Piñera manifiesta claramente su voluntad de que en Chile se puedan cultivar abiertamente vegetales genéticamente modificados, y se abra completamente la puerta a los cultivos transgénicos.

Establecer regulaciones para vegetales modificados genéticamente es un  tema altamente controversial, tanto entre los agricultores tradicionales y orgánicos, que temen ver irremediablemente afectados sus cultivos debido a la contaminación genética, como por la creciente preocupación que cunde entre consumidores y organizaciones ciudadanas, muchas de las cuales han insistido durante años en que este tema debe ser debatido de cara la país, y que mientras tanto se debe aplicar el principio precautorio.

Sin embargo, el gobierno de Piñera ha tomado claramente la opción de aliarse con una parte del sector agrícola, en el que se encuentran las grandes corporaciones transnacionales como Monsanto y los productores de semillas, que desde hace años realizan un fuerte lobby para liberalizar el cultivo y comercialización de este tipo de productos. En este marco, el gobierno anunció el envío de la propuesta legislativa, que entre otras medidas contempla permitir la liberación de cultivos de vegetales genéticamente modificados al ambiente, con la sola autorización del Ministerio de Agricultura. Si bien el proceso, de acuerdo al Ejecutivo, contempla una instancia de “consulta pública” con participación ciudadana, la experiencia en Chile indica categóricamente que este tipo de mecanismos son ineficaces para lograr incorporar la voz de la sociedad civil, pues simplemente, las decisiones se toman con un criterio político o económico, haciendo oídos sordos a las sugerencias y reclamos de la ciudadanía.

La liberación que solicitan los productores de transgénicos, que ha sido ahora acogida por el gobierno, contrasta con el secretismo con el que se ha desarrollado esta industria dentro del país, hasta el punto que, además de negarse rotundamente a etiquetar los productos transgénicos como tales, han intentado resistirse a informar la ubicación y composición de los cultivos de OGM dentro del país, contra lo expresado por el Consejo de la Transparencia.

La guinda de la torta en relación a la actuación del gobierno frente al tema ha venido de boca del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo al comentar la propuesta legislativa que el etiquetado de productos transgénicos, que permitiría a los consumidores al menos realizar una compra informada, es “irrelevante” y no constituye una prioridad para el Ministerio que encabeza. De acuerdo a Mañalich, la prioridad es alimentar a un “mundo hambriento”, dando por supuesto que los cultivos transgénicos superan en eficiencia a los cultivos tradicionales, afirmación altamente cuestionada en la comunidad internacional.

Es muy lamentable que el presidente y los Ministros Galilea, Benitez, Fontaine y Mañalich, en forma irresponsable, hayan suscrito y enviado al Parlamento un proyecto de esta naturaleza, sin que antes se de una discusión sobre el tema, tanto desde la perspectiva del derecho a saber que tienen todas las personas sobre lo que ocurre a su alrededor, como desde una  mirada país, evaluando si esto es conveniente o no para Chile, haciéndose las preguntas que corresponde respecto ¿a quiénes beneficia? Y especialmente, ¿a quiénes y qué pone en riesgo?

Hacer un recorrido por lo que ha pasado en el mundo y en Chile debería ser el primer paso de un gobierno responsable, antes de tomar decisiones que pueden afectar el capital natural, los ecosistemas y otros tipos de agricultura que difieren de la transgenia. La actual situación está lejos de eso y será motivo de controversia, primero por el riesgo que encierra para productores del agro, y también porque afecta de una manera u otra a todos los habitantes del país.

Al parecer, la generación de políticas públicas serias en temas de recursos naturales no es un tema que ocupe ni preocupe a este gobierno. Sólo con una breve mirada a los contenidos de la propuesta del Ejecutivo, queda muy claro que es un pésimo proyecto de ley, mal pensado, mal escrito y que está lejos de establecer regulaciones; da la impresión que hubiese bastado con mandar un proyecto de un sólo artículo: “desde hoy se permite el cultivo de vegetales genéticamente modificados”. ¿Para qué gastar tiempo, palabras y recursos públicos en escribir una ley que no regula nada?

Es de esperar que al menos algunos parlamentarios entiendan lo que es y lo que implica diseñar una política pública,  se tomen la molestia de leer este texto, abrir un debate serio y comprendan que es necesario  resguardar al patrimonio natural de Chile, así como otras actividades económicas que este proyecto pone en riesgo. ¡Ojala no sea mucho pedir¡