¿Qué pasa con termoeléctrica Pacífico?

Sin lugar a dudas durante el último tiempo la energía nuclear ha acaparado todos los ámbitos de la discusión energética en el país, más aún considerando que durante el presente año la avanzada lobbista ha rendido sus frutos más importantes, materializados con la firma del acuerdo de cooperación público-privada en materia nuclear con Francia y la reciente firma de un acuerdo similar con Estados Unidos, en el marco de la visita del Presidente Barack Obama a Chile.

No obstante, mientras gran parte de la ciudadanía centra las miradas e inquietudes sobre el desarrollo de la postura que Chile adoptará en esta materia en el corto y mediano plazo, en silencio, y casi desapercibidos por la opinión pública, otro proyecto termoeléctrico a carbón de gran connotación -en términos tanto locales como nacionales- espera por la resolución de su calificación ambiental bajo un clima de amplio rechazo social.

Se trata de la central termoeléctrica Pacifico (350 MW), que se pretende ubicar a 63 kilómetros al sur de Iquique y cuyo principal conflicto está vinculado al desarrollo de su proceso de evaluación ambiental. Esto, porque en octubre de 2009 la Corema de Tarapacá rechazó aprobarla al considerar que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no daba cumplimiento a la normativa ambiental vigente, debido a un cambio en las condiciones iniciales bajo las cuales estaba siendo sometido a evaluación -en relación a los impactos asociados a los sistemas de descarga y succión de agua de mar en el sector de Patache, destinado al funcionamiento del sistema de enfriamiento. Un año después, el Consejo Directivo de la Conama revirtió esta situación al acoger un recurso de reclamación interpuesto por el titular del proyecto.

A la luz de estos hechos, es necesario que tanto los distintos bloques políticos como los ciudadanos avancen hacia el establecimiento de una discusión energética más integral, capaz de aunar la mayor cantidad de demandas ciudadanas para dar fuerza a una propuesta de política en materia de energía para el país. Por el contrario, actualmente hemos visto formarse distintos bloques de demanda que buscan soluciones a proyectos específicos, en iniciativas paralelas que muchas veces contribuyen a la dispersión de los movimientos sociales. Lo que el país requiere en esta materia es la definición urgente de una política energética, que plantee de manera clara los distintos lineamientos, objetivos, proyectos y plazos para el desarrollo de este sector, lo cual en la actualidad constituye una obligación frente a la evidente vulnerabilidad y extrema dependencia energética que caracteriza a nuestra matriz.