Día de la Tierra y Río +20

El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, y este año estamos ad portas de la conmemoración de los 20 años de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro, que sin lugar a dudas marcó un hito mundial en materia de protección y conservación del medio ambiente.

Este fecha es un buen momento para reflexionar cuánto hemos avanzado y los desafíos existentes a 20 años de la Cumbre de la Tierra, instancia en la que se firmaron compromisos y acuerdos ratificados por más de 100 naciones, bajo la propuesta de impulsar un modelo basado en el desarrollo sustentable.

Chile firmó todos los acuerdos emanados de la conferencia, pero sus progresos han sido prácticamente nulos y en estas dos décadas el eje de la economía ha sido las exportaciones de recursos naturales con bajo nivel de procesamiento, manteniendo una fuerte apuesta por la explotación del medio ambiente, particularmente en sectores como minería, pesca, acuicultura, agricultura y silvicultura.

En las deudas que tiene Chile desde la Cumbre de la Tierra, tenemos por ejemplo que no se ha alcanzado una ley de protección de la biodiversidad, no existe un marco regulatorio que proteja el patrimonio filogenético y sus usos tradicionales ni tampoco un catastro de especies amenazadas o planes de recuperación de las mismas. La debilidad de las regulaciones, además, ha permitido la introducción y cultivo de organismos transgénicos que afectan negativamente la seguridad alimentaria debido al sistema de patentes que regula su utilización y que, además, constituyen una amenaza al medioambiente y a la salud.

Si bien, uno de los principales logros a nivel interno es nueva institucionalidad ambiental a través de la Ley 20.417, promulgada a comienzos de 2010, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medioambiente, lo que eleva la interlocución política de la temática ambiental, separa el dictado de políticas y regulaciones de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, crea un organismo autónomo encargado de la fiscalización ambiental y nuevos instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación ambiental estratégica. No obstante, la discusión sobre la reforma no abordó temas de fondo y otros de suma importancia para el fortalecimiento de la democracia y la protección del medio ambiente, lo que dio como resultado una norma que carece de instrumentos para garantizar la protección del patrimonio ambiental de Chile, la participación ciudadana y, en definitiva, la democracia.

Por ende, a casi 20 años más que celebrar, se debe desde la sociedad civil exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de ese modo avanzar en tema como la implementación de regulaciones en materia de biodiversidad; diseñar e implementar una política energética de mediano y largo plazo, y generar los cambios en las regulaciones vigentes para que el Estado sea capaz de planificar la generación eléctrica y establecer fuentes y tipos de combustibles de la matriz eléctrica; mejorar el acceso a información ambiental y participación ciudadana; avanzar en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en la entrega de la Segunda Comunicación Nacional; aprobar y/o aplicar planes de prevención y descontaminación, entre otras materias que no pueden esperar más tiempo ya que se relacionan con la salud de las personas, la protección del medio ambiente y el cuidado de la tierra.