Generación eléctrica y participación ciudadana

Columna de opinión de Rodrigo Bórquez economista de Fundación Terram, en el marco del Día de la Tierra, abril 2011.;


Como todos los años el 22 de abril pasado se celebró a nivel mundial el Día de la Tierra. En el marco de la conmemoración de este día, resulta importante destacar el rol que en las últimas cuatro décadas han tenido los ciudadanos y las organizaciones ambientales en la articulación de políticas públicas ligadas con el medio ambiente; rol reducido a la mínima expresión en el contexto nacional, sobre todo en el ámbito relacionado a la configuración de la matriz energética del sector eléctrico, cuna de una serie de conflictos socioambientales emblemáticos en los últimos años.

En este sentido, mucho se ha discutido y argumentado sobre la nocividad de las centrales termoeléctricas, principalmente aquellas sustentadas en el uso del carbón, del impacto socioambiental que provocaría la construcción de Hidroaysén, así como de la oposición de los pueblos originarios del norte del país a las exploraciones geotérmicas y los conflictos en Chiloé por la construcción de proyectos eólicos, entre otros, lo que lleva a concluir que la gran mayoría de los proyectos de generación eléctrica se encuentran y/o se encontrarán frente a distintos niveles de oposición ciudadana, dependiendo del grado de cohesión que ésta presente.

Ante esto, resulta necesario entender que la conflictividad pasada, presente y futura del sector eléctrico nacional se proyecta más allá de una oposición per se por parte de los ciudadanos ante la eminente construcción de cada proyecto, sino que ésta se sitúa sobre un problema aún mayor, cuya estructura se encuentra condicionada a la inexistencia de políticas claras, pero sobre todo, a la inexistencia de espacios que permitan la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones en ámbitos tan relevantes como la determinación de la matriz energética, el ordenamiento territorial de las regiones y las políticas de desarrollo socioambiental y económico en el ámbito nacional y local.

Dicha situación, analizada desde la perspectiva del aparato gubernamental y privado, representa una situación bastante compleja, ya que fuera de las pretensiones de ambos sectores, la presión ciudadana que se ha manifestando durante los últimos años en torno a los potenciales impactos de estos proyectos logró cristalizar en 2010 de manera íntegra a través del ya conocido episodio Barrancones y la obligada intervención presidencial, estableciendo un antes y un después en la histórica lucha social por el reconocimiento de estas demandas.

Ahora, lo que cabe preguntarse es ¿qué es lo que como ciudadanos queremos? ¿Cómo queremos que se definan estas estrategias? ¿Cuál es la matriz eléctrica que somos capaces de aceptar? O incluso ¿somos capaces de sacrificar los actuales patrones de consumo para evitar la proliferación de este tipo de proyectos? Así, lo medular de este asunto precede a la definición y/o concordancias respecto a estas políticas, sino que pasa por el proceso de participación y decisión que se llevará a cabo.

Desde la perspectiva social, ésta es la principal arista de la discusión, y a su vez, el frente desde donde se debiese avanzar hacia la formulación de una política energética -no sólo eléctrica- en el corto plazo. Por ello, resulta necesario que tanto el Gobierno como el sector privado comprendan que el primer paso para empezar a pensar en el desarrollo de planes de solución y mitigación de conflictos socioambientales, debe contemplar la inclusión de la ciudadanía a las mesas de discusión público-privadas. De lo contrario, el futuro de la dinámica social frente a estos temas resultará una proyección más de la realidad actual.

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