Puchuncavi y la responsabilidad de Codelco

La Constitución de la República garantiza a todos los ciudadanos del país el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero cada vez con mayor frecuencia somos testigos de cómo se pasa a llevar este derecho establecido en la carta fundamental; aún más, algunos personeros supuestamente responsables de velar por el cumplimiento de este derecho han encontrado formas para restringir la aplicación de la Constitucion en este aspecto, a través, en ciertos casos, de la aplicación de leyes específicas en materia de medio ambiente.

La Ley Nº 19.300, General de Bases del Medio Ambiente, dictada en 1994, y su posterior modificación a través de la Ley N° 20.417 de 2010, definen contaminación como la “presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda a lo establecido en la legislación vigente”. Sin embargo, salvo escasas y tardías excepciones, las autoridades no han sido capaces de fijar ni promulgar las respectivas normativas, con lo que nos encontramos ante la paradoja de que hoy, a más de 15 años de la promulgación de la ley de Bases, en muchos áreas no es posible hacer una evaluación o fiscalización de los contaminantes al aire, agua y suelo, pues no existe la norma pertinente. En efecto, la gestión ambiental y la forma de actuar de las autoridades y de grupos empresariales durante los sucesivos gobiernos ha llevado a que, en muchos casos, simplemente no exista una normativa para muchos de los contaminantes existentes, mientras que en otros casos, ésta es muy poco exigente. Lamentablemente, por la manera en que está diseñada la ley, se deduce que si no hay norma, no hay contaminación, con lo que las grandes empresas no son responsables. Afortunadamente en muchos casos el poder judicial ha sentado precedente a favor de las personas, basándose en lo que establece la Constitución.

Lo cierto es que la tan repetida afirmación de ejecutivos y propietarios de la empresas contaminantes en cuanto a que sus procesos productivos “cumplen la normativa ambiental vigente” en rigor es verdadera, pero eso está muy lejos de ser sinónimo de procesos no contaminantes o amigables con el medio ambiente. Lo que se señala en estos casos es que cumplen con la regulación, pero esto se debe a que no hay norma o parámetros establecidos que puedan ser medidos, fiscalizados y sancionados; además, en general, cada empresa representa un caso particular al hacer el análisis, pues dependerá de cuando se instaló, si fue o no evaluada ambientalmente, qué dice su Resolución de Calificación Ambiental, si ha tenido ampliaciones y si éstas han sido evaluadas, etc.
Es más, ni siquiera la tan comentada ley de emisiones al aire para termoeléctricas puede ser todavía aplicada para este controvertido sector, pues pese a haber sido anunciada por el Presidente de la República hace varios meses, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

Claramente, el país se encuentra en una completa orfandad y desprotección frente a la embestida de empresas contaminantes que, ante la ausencia de normativas y de fiscalización, desarrollan sus actividades regidos exclusivamente por sus propios intereses. Esto en la práctica implica la socialización de la contaminacion y la privatización de las ganancias. En el mejor de los casos, lo que vemos son intentos por minimizar el nivel de conflictividad con las comunidades locales, los que en su mayor parte se quedan en palabras de buena crianza o en entrega de “regalos” que nada tiene que ver con la actividades que producen daño ambiental, y que no se traducen en acciones y modificaciones de conducta concretas.

Es precisamente lo que ocurre con la empresa Codelco en relación a la División Ventanas, con el agravante que se trata de una empresa estatal que debería rendir cuentas ante el país y que, en teoría, debiera tener los mejores estándares ambientales, además de una mayor preocupación por el bienestar de la comunidad. Sin embargo, con su actitud en los últimos días, Codelco ha demostrado la nula voluntad de mejorar su responsabilidad hacia sus vecinos, al insistir, a través de una apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso –que fue acogida y luego confirmada por la Corte Suprema- en mantener en funcionamiento una planta que claramente ha llegado a un punto crítico, ante la evidente saturación de contaminantes en La Greda-Puchuncaví, con las fatídicas consecuencias para la población de las que ha sido testigo el país.

Lamentablemente, el modo de actuar de Codelco es congruente con lo que ha ocurrido desde hace décadas en el lugar. Tanto la estatal como otra decena de empresas privadas instalaron allí un foco de “desarrollo” industrial, a costa del bienestar de todo un pueblo, emplazado hace más de un siglo en el lugar. Hemos sido testigos de la muerte en cámara lenta de la flora y fauna silvestre, de la agricultura local, de la pesca artesanal, del turismo y cualquier actividad no industrial; hoy simplemente asistimos a la última etapa de esta agonía, al verse gravemente afecta la salud de los habitantes de la zona.

El panorama es todavía más grave si se agregan las declaraciones del ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, quien intenta desmarcarse de la situación, aludiendo a la autonomía de la cuprífera estatal. Sin embargo, es claro que Codelco es de propiedad estatal; es el Estado el que debe hacerse cargo de su gestión, y por lo tanto la responsabilidad en lo inmediato recae en el gobierno de turno. El gobierno, a través de Codelco, debiera en esta materia dar un impulso e imponer directrices y lineamientos claros, que puedan establecer un código de conducta exigible a las empresas de capital privado que funcionan en la zona. Sin embargo, en vez de estar al servicio del país, Codelco opta por actuar con el mismo criterio de los privados, buscando maximizar beneficios económicos, aún a costa de la salud de los chilenos.