Ambientalistas preocupados por eficacia de futuros Tribunales Ambientales

En medio de discusiones sobre el proyecto HidroAysén, la instalación de nuevas termoeléctricas y la contaminación en Puchuncaví, avanza en el Congreso el proyecto que crea los Tribunales Ambientales, que podrían contribuir a solucionar conflictos similares, en proyectos ingresados desde el 26 de enero de 2010.

Estos tribunales, que dependerán de la superintendencia del Medio Ambiente,  serán tres y estarán ubicados en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, aun cuando hay quienes que postulan que éste último debiese estar en Valdivia. Estarán integrados por tres personas, dos abogados y un experto en medio ambiente.

Según han explicado las autoridades medioambientales, si hay discrepancias con la resolución de calificación ambiental se recurre, tal como ahora, al comité de ministros donde, de encontrar alguna observación que no haya sido considerada, se acude a los tribunales ambientales.

También se podrá recurrir a ellos en caso de daño ambiental, pudiendo hacerlo tanto el Consejo de Defensa del Estado, como las municipalidades o los afectados.

El presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, advirtió que su implementación tomará un tiempo considerable, pero manifestó su confianza en que serán un cambio positivo en la institucionalidad.

“Yo creo que los tribunales ambientales van a ser un gran avance en cuanto a tener una instancia que pueda resolver conflictos de tipo ambiental. La sola presencia de los tribunales como una instancia judicial especializada va a ser que se tenga mucho más cuidado en decisiones como las que vimos con HidroAysén, donde hay un cúmulo de arbitrariedades hechas por funcionarios del sistema de calificación ambiental. Me parece que son un avance importante en la legislación”, señaló el ecologista.

Más crítica fue Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, quien recalcó que estos tribunales no eran parte de la reforma a la institucionalidad ambiental y que fueron incorporados luego de una negociación de la ex ministra de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, y el senador UDI Pablo Longueria.

Dicha reforma, advirtió la ambientalista, fue casi una falta de respeto hacia la sociedad civil y las agrupaciones que han trabajado estos temas.

Respecto de los tribunales, Flavia Liberona planteó reparos respecto de su funcionamiento, señalando “los tribunales ambientales le van a restar fuerza a lo que sancione la superintendencia, porque cualquier cosa que sanciones la superintendencia ambiental cuando comience a funcionar, porque hoy no funciona, va a poder ser llevada a tribunales y, por lo tanto, si un ciudadano hace una denuncia, que es sancionada por la superintendencia, después la empresa puede ir a reclamar a los tribunales, lo cual obviamente juega mal para la ciudadanía, porque quienes más van a poder reclamar ante tribunales vana a ser las empresas y no los ciudadanos por un tema económico”.

La representante de Terram criticó además que sólo estén ubicados en tres lugares de Chile, dificultando el acceso a la justicia a personas o comunidades de localidades más alejadas.

De pasar su tramitación en la Comisión de Hacienda esta semana el proyecto debería ingresar a la sala la segunda semana de junio para su aprobación. De esta forma, el de Santiago comenzará a funcionar a partir de enero de 2012 y los de regiones desde junio del próximo año. Por Macarena Scheuch