Chile puede prescindir de Hidroaysén

Columna de opinión de Rodrigo Bórquez, economista de Fundación Terram, 20 de mayo 2011.


Según el último balance energético, Chile cuenta con 14.870 MW de potencia instalada, mientras que, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía, a julio de 2010 se contabilizaban proyectos con aprobación ambiental por otros 9.985 MW, algunos de ellos ya en vías de construcción. A estos casi 10.000 MW, ahora hay que sumar la potencia de centrales termoeléctricas que recientemente recibieron una calificación ambiental favorable, como Castilla (2.354 MW), Patache (110 MW) y Pacífico de (350 MW), con lo que se totalizan cerca de 12.800 MW adicionales a la actual matriz. Además, se podrían adicionar unos 3.925 MW de proyectos que se encuentran en proceso de evaluación ambiental -los que no incluyen a Hidroaysén-.

Con ellos, Chile debiese tener la tranquilidad de cubrir sus necesidades eléctricas por los próximos 13 años, cifradas en cerca de 1000 MW adicionales cada año, considerando el argumento empleado tanto por el gobierno como por el sector empresarial, en el sentido de que para alcanzar -y posteriormente sostener- un crecimiento económico del 6% es necesario aumentar la potencia de generación eléctrica en cerca de un punto porcentual por sobre el crecimiento anual del PIB.

Con estos datos a la mano, y el horizonte de tiempo que determina, es posible sostener con total certeza que el país cuenta con la posibilidad de discutir con tranquilidad respecto al futuro de su matriz eléctrica, a través de un debate abierto, informado y con amplia participación ciudadana.

De esta manera será posible impulsar el desarrollo, y a la vez incorporar con decisión las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), a través de medidas como la modificación de los criterios económico que impiden una participación más activa de éstas en la matriz, la fijación de contratos, el establecimiento de nuevos criterios de despacho del CDEC, la fijación de costos marginales y el pago por potencia firme de cada unidad de generación, además de otras barreras legales presentes en la actual legislación.

Junto con ello, es necesario incorporar y desarrollar planes efectivos de eficiencia energética diferenciados para cada sector, así como la regulación de los impactos socioambientales asociados; entre otros.

De todas estas materias, así como de otras relevantes, es necesario discutir para así alcanzar consensos mínimos que permitan la elaboración de una política energética de largo plazo para el país, con la condicionante previa que tanto desde el gobierno como del sector privado se elimine la presión que implica la supuesta amenaza –claramente desmentida en base a los datos disponibles- de que Chile enfrenta un inminente apagón por falta de capacidad de generación eléctrica.

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