Energía: Proyectos País Público-Privados

Columna de Opinión de Hernán Frigolett, economista y presidente del directorio Fundación Terram, publicada en Diario Estrategia el 18 de mayo de 2011


Un proyecto país supone un interés nacional estratégico para el desarrollo y, por esta vía, para el bienestar de la población. Son instancias que deben convocar a la más amplia representatividad nacional, para proponer las alternativas de desarrollo y de modo transparente plantear las opciones que se barajan y evalúan. En esta perspectiva se encuentra la problemática energética, que como tal se debe resolver en una esfera pública, en el que la problemática es eminentemente política.


Localización, sustentabilidad, tecnología e innovación en energía se deben sopesar, de modo que aflore una propuesta estratégica que confluya con una solución socialmente válida. La evaluación ambiental es un proceso eminentemente ciudadano, y es inadecuado abordarlo desde la perspectiva de un buzón de una agencia de servicio público. La institucionalidad heredada de la Concertación fue miope en dejar una maqueta de proyecto de Ministerio y una institucionalidad sin procedimientos adecuados, que se reduce a una instancia meramente administrativa desde el Gobierno Central a una pantomima descentralizada.


Los proyectos estratégicos deben ser iniciativa del Ejecutivo, que en su mirada de políticas de Estado debe converger a un proceso integral de toma de decisiones, en que la definición política debe basarse en los distintos intereses que confluyen. Asumir este proceso es resolver políticas de Estado, y luego se verá el componente más técnico y, por supuesto, serán los privados los invitados a participar y aportarán la óptica eficiente de implementación.


Los procesos de captura de los reguladores son complejos de enfrentar, pero son instancias revisables y en las que una negociación social puede permitir el logro de acuerdos. Una captura de iniciativas de proyectos estratégicos para el interés nacional, es un costo muy elevado, en especial para países emergentes, ya que los costos no son reducibles. Ya en energía, Chile ha pagado cara la propuesta privada de gasificar la matriz energética a partir de intereses privados de corto plazo, que no coincidían necesariamente con el interés público, y lo pagaremos por décadas económica y ambientalmente.

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