La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, explicó que la nueva ley que se aprobó a inicios de 2010, dejó pendiente la puesta en marcha de cerca de 18 reglamentos, los que debieron ser revisados y elaborados una vez que se dictó la ley “y eso fue el proceso que se hizo el año pasado. Fue un trabajo que se consensuó y se trabajó con distintos sectores”.

El 1 de junio comenzará el proceso de consulta ciudadana, en que cualquier persona podrá hacer sus observaciones al reglamento que busca, descomprimir el sistema de evaluación, reduciendo el número de días de tramitación tanto de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) como de los estudios de impacto ambiental (EIA).

El director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, detalló que el nuevo reglamento generará mayor claridad en la tramitación, ya que separa “los impactos ecosistémicos y los socioambientales”.

Toro explicó que el nuevo reglamento contempla reducir el número de Adendas de las actuales tres a dos. “Lo cual genera incentivos para que los proyectos resuelvan sus problemas en la primera Adenda y de esta manera no tener proyectos en evaluación tres o cuatro años”.

Agregó que la idea es que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) tengan un proceso de tramitación no superior a 60 días hábiles considerando que actualmente superan levemente los 120 días.

En tanto, para los estudios de impacto ambiental (EIA), la meta de la autoridad es reducir los actuales 400 días corrido que en promedio demoran.

Tribunales Ambientales


Uno de los aspectos de la nueva ley que aún está pendiente son los Tribunales Ambientales -determinarán la puesta en marcha de la Superintendencia de Medio Ambiente-, los cuales están en segundo trámite legislativo. La semana pasada salieron de la Comisión de Constitución y fue aprobado. Ahora va a revisión a la Comisión de Hacienda.

Se propusieron algunos cambios ya que en principio estarían ubicados en Antofagasta, Santiago y Valdivia. Esta última ubicación se cambió por Puerto Montt.

18 reglamentos quedaron pendientes de ser revisados tras la promulgación de la ley.