HidroAysén y el fracaso de la institucionalidad ambiental

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 11 de mayo de 2011. Vea blog AQUÍ.


La aprobación del lunes 9 de mayo del proyecto hidroeléctrico HidroAysén por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén por una abrumadora mayoría –con sólo un voto en contra- era algo esperable, pese a lo cual no deja de causarnos frustración e indignación. Los que hemos seguido de cerca este  y otros procesos de calificación ambiental de proyectos sabemos que la institucionalidad ambiental existente, la antigua y la nueva, no fue diseñada para evaluar técnicamente proyectos si no para aprobarlos, y  que no es capaz de garantizar condiciones mínimas de igualdad entre ciudadanos y empresas, lo cual se reflejó nítidamente con la aprobación de este proyecto.

HidroAysén ha actuado como una suerte de catalizador de  muchas otras decisiones del mismo tipo adoptadas en las mismas condiciones y con la misma arbitrariedad; sólo basta recordar las aprobaciones de las termoeléctricas Campiche, Los Robles, Barrancones, Patache, Pacifico, Castilla o el proyecto Isla Riesco por mencionar algunos de los más recientes conflictos ambientales. La gente, los habitantes de esos territorios, conocen su historia y les cuesta poco comprender que aquí está ocurriendo lo mismo que ellos vivieron. La decisión administrativa sobre HidroAysén constituye un importante hito en la medida que deja en evidencia las graves falencias de la institucionalidad ambiental antigua y nueva, la que hemos denunciado desde hace muchos años desde Fundación Terram.

En un momento tuvimos esperanzas, pues con la gestación de la reforma a la institucionalidad ambiental pensamos que podría haber cambios sustantivos y trabajamos para ello. Pero a poco andar nos dimos cuenta que tanto el gobierno de Bachelet como la entonces oposición, hoy gobierno, no tenían interés en mejorar nada; su único objetivo fue maquillar superficialmente e instalar una arquitectura institucional, desprovista de cambios reales y sin dar solución a los problemas de fondo que presentaba la institucionalidad antigua.

La aprobación por parte de 9 de los diez Seremis, a las que se suman los votos favorables de la Intendenta regional y del director del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén, es la culminación de un proceso plagado de anomalías desde sus inicios, y demuestra el fracaso de este sistema. El proceso de calificación ambiental de este proyecto se inició el año 2008 con la institucionalidad ambiental antigua, por lo que fue la antigua CONAMA regional la que recibió los antecedentes y los procesó durante casi dos años. Sin embargo, en este período fue aprobada la ley 20.417, que creó el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que comenzaron a funcionar el 1° de octubre de 2010, con lo  cual quedó disuelta la CONAMA. Una parte de la funciones de CONAMA  fue traspasada la Ministerio y todas las que tenían relaciona con la calificación ambiental de proyectos de inversión se traspasaron al SEA, pero el tránsito entre una institucionalidad y otra ha estado lleno de imperfecciones y vacíos que la ley no contempló, generando mucha confusión y espacio para interpretaciones erróneas o contradictorias de la ley. Por si esto fuera poco, las actuales autoridades ambientales hasta ahora no han sido capaces de elaborar los reglamentos para la aplicación de la nueva ley.

Es en este contexto en que transcurrió la última etapa del proceso de evaluación ambiental de HidroAysén, que desde sus primeras etapas registró una serie de hechos cuestionables. Así, por ejemplo, ante la primera presentación de la empresa en 2008, de los 33 servicios públicos llamados a pronunciarse, 11 manifestaron que adolecía de información relevante y esencial para evaluarlo, y que en consecuencia correspondía no seguir su tramitación ambiental. Sin embargo, en abierto desacato a la normativa vigente, el entonces intendente continuó con el proceso. Y lo hizo, además, antes que concluyera el plazo de 60 días hábiles contemplados por la ley para dar espacio a la participación ciudadana, por lo que más del 90 % de las  11.000 observaciones presentadas por la comunidad quedaron excluidas del proceso. Es decir, este proyecto ha sido evaluado sin atender las observaciones ciudadanas y por tanto incumpliendo la legislación vigente.

Luego, a lo largo de los últimos dos años y medio, y manejando los plazos a su propia conveniencia –posibilidad con la que no cuentan ni los organismos del estado ni la ciudadanía-, la empresa HidroAysén ha presentado tres enmiendas (las Adendas 1, 2 y 3), en las que asegura haber dado respuesta a las casi 2.700 observaciones de los servicios públicos a su presentación original. Aseveración altamente cuestionable, si se considera que el voto aprobatorio de varios de los servicios incluyó condicionantes, modalidad que si bien está contemplada en la legislación, demuestra que quedaron aspectos pendientes sin resolver.

En la última etapa del proceso se han agudizado los cuestionamientos a los integrantes de la comisión evaluadora, lo que llevó incluso a que se solicitara la inhabilidad de cuatro de ellos, mientras varios otros, incluyendo a la Intendenta Pilar Cuevas, fueron también fuertemente cuestionados. Junto con ello, a sólo un par de semanas de la crucial votación renunció el director del Servicio de Evaluación Ambiental regional, Eduardo Lagos Reyes, por motivos personales no especificados. En su reemplazo fue nombrado de manera interina Bolívar Ruiz, militante socialista y Director de CONAMA del Bío Bío cuando se aprobó la polémica central del mismo nombre.

Cabe recordar que todos los votantes son funcionarios públicos de confianza del Presidente de la República y sus ministros. Así, cuando sólo a horas de la votación el segundo hombre del gobierno, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, declara su abierto apoyo a HidroAysén, no viene más que a ratificar el carácter político de una decisión falazmente disfrazada de técnica.  Con todo lo anterior, queda claro lo confuso, engorroso y poco trasparente de este y otros proyectos que en el último tiempo han enfrentado evaluaciones ambientales.  Por tanto, cuando los Ministros de turno Benítez, Golborne, Hinzpeter y otros aseguran que esto se hace de acuerdo a ley, me pregunto si pueden explicarle claramente a la ciudadanía de qué están hablando.

Evidentemente, respecto al futuro a mediano y largo plazo del proyecto hidroeléctrico HidroAysén no está dicha la última palabra. Además de los recursos administrativos y legales que seguramente presentarán ambas partes –y que probablemente escalarán a instancias internacionales-, este año debiera iniciarse el proceso de evaluación de la línea de transmisión de más de 2.200 kilómetros desde Aysén hasta la zona central del país, cuestión que debiera haberse evaluado junto con las represas mismas, anotando una nueva anomalía del proceso. Sin embargo, en este punto ya se puede señalar a HidroAysén como un punto de inflexión que ha marcado un claro y público fracaso de la institucionalidad ambiental chilena.ç

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