Servicios plantean reparos a polémica instalación de nueva termoeléctrica en Puchuncaví

Cinco de diez reparticiones públicas se mostraron disconformes con el proyecto Río Corrientes, que debería ser votado a fines de mayo. Mientras, organizaciones ciudadanas y parlamentarios enfatizan la alta contaminación que ya afecta a la zona y acusan responsabilidad de Codelco.;Radio Universidad de Chile.cl, 18 de mayo 2011.

Una nueva polémica se ha instalado en las comunidades de Puchuncaví y Quintero, ante la posibilidad de instalación de una nueva central termoeléctrica a sólo un kilómetro de la Escuela La Greda, ya afectada por la planta de fundición de cobre Codelco División Ventanas, y la planta Campiche, de AES Gener.

El proyecto Río Corrientes, del fondo de inversiones Southern Cross, contempla la instalación y operación de una central térmica equipada con tecnología de combustión de carbón pulverizado, que utilizará carbón bituminoso como combustible.

La iniciativa, de más de US$1.000 millones, estaría constituida por dos unidades de aproximadamente 350 megawatts cada una, es decir, un total de 700 MW de potencia. La primera central entraría en operación en 2015 y la segunda, al año siguiente.

La semana recién pasada, los servicios públicos entregaron sus informes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que éste se pronunciara. Sin embargo, de los diez que votan el proyecto -junto al intendente y la directora del SEA- cinco mostraron reparos o inconformidad con la tercera adenda del proyecto, debido a una serie de falencias en el informe presentado por la empresa para mitigar el impacto ambiental de la planta.

Las principales preocupaciones son la alta emisión de anhídrido sulfuroso (SO2), de acopio de carbón y el material particulado PM 10. En este sentido, los servicios consideran que el acuerdo de compensación de emisiones alcanzado con Codelco no cubriría todas las necesidades del proyecto y sería complejo de fiscalizar, pues no permitiría establecer responsabilidades en caso de incumplimientos.

María Teresa Almarza, habitante de Campiche e integrante de Comunidades por el Derecho a la Vida de Puchuncaví, advirtió que una nueva termoeléctrica sería un acto criminal, aunque destacó que por primera vez se esté hablando del tema: “Se entiende dentro del marco de la absoluta invisibilidad que tenía este problema hasta hace tres o seis meses atrás. Si somos generosos, hasta el momento en que ganamos en la Corte Suprema, en 2009. Antes de eso, no se sabía nada. Y además hay dos termoeléctricas más aprobadas que son de Codelco, mañana podrían empezar a construir y no estarían transigiendo ninguna norma. Ha habido una especie de acuerdo tácito y criminal con esta zona, para los habitantes de allá, porque la gente que no pelea mucho por sus derechos, es abusada”, dijo.

Por su parte, el diputado por la región de Valparaíso, Eduardo Cerda (DC), manifestó su rechazo a la instalación de una nueva planta en una zona declarada en 1993 como saturada de emisiones y subrayó su indignación, ya que este proyecto es posible gracias a que Codelco cedió activos medioambientales: “No aceptamos que haya ninguna otra planta termoeléctrica en la zona de Quintero y Puchuncaví. Lo que más me extraña y enoja es que esto es posible gracias a que Codelco cedió activos medioambientales, después de que dejó la escoba. Esto es responsabilidad del Gobierno, porque las actuales autoridades de Codelco son nombradas por el Gobierno”, acusó.

El parlamentario DC recalcó que esta es una muestra más de la falta de una política energética en el país, que debería ser definida por el Ejecutivo.

Ahora, el SEA deberá determinar si los reparos expuestos a la firma motivan la posibilidad de solicitar una cuarta adenda o si se vota el proyecto en la instancia ambiental el próximo 30 de mayo.

Finalmente, cabe recordar que actualmente existe una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para determinar la participación de Codelco y otras empresas en la contaminación ambiental que afecta a Puchuncaví y otras comunas.