Carretera Eléctrica Pública y la Perpetuidad del Modelo Eléctrico
Columna de opinión de Rodrigo Bórquez, economista de Fundación Terram, publicada en portal El Dínamo el 05 de julio de 2011. Vea columna AQUÍ.
El Presidente Sebastián Piñera presentó la idea de que sea el Estado el que impulse la construcción de una “carretera eléctrica pública” como solución al bajo dinamismo del mercado de transmisión, ya que debido a esto se han configurado una serie de problemas que amenazan la viabilidad de nuevos proyectos de generación eléctrica.
Sin embargo, la eventual construcción de este nuevo tendido eléctrico podría servir de ayuda para proyectos “importantes”, según el Gobierno, pero con un elevado rechazo político, técnico y ciudadano, los cuales han visto complicada su viabilidad debido a la necesidad de construir sistemas de transmisión propios, como es el caso de HidroAysén (2.7500 MW) y el proyecto Hidroeléctrico Cuervo (640 MW), ambos contemplados en la región de Aysén y cuya generación eléctrica estaría destinada mayoritariamente a los centros de consumo más importantes ubicados en la zona central del país.
Sin embargo, considerando los requerimientos técnicos expresados por los titulares de estos proyectos, el sistema de transmisión público les resultaría útil sólo si considerara la opción de corriente continua, lo que claramente dificultaría la inclusión de pequeños proyectos de generación, escapándose así del objetivo principal declarado de este anuncio.
En todo caso, antes de plantear la discusión sobre si es prudente o no que el Estado sea quien impulse esta clase de proyectos, lo preocupante de este anuncio y de la visión del Gobierno, radica en la errada convicción -casi paradigmática- de que sistemas extensos -que atraviesan el país- fortalecen la estabilidad del segmento de transmisión eléctrica, desestimando así una serie de problemas propios de proyectos de tales características y que, por lo pronto, presenta el tendido eléctrico del SIC.
El nivel de impactos socioeconómicos que podrían generar los distintos desperfectos técnicos, o que podrían darse por causa de cualquier evento natural propio de las características geoclimáticas de Chile (que abarcan desde eventos volcano-sísmicos hasta temporales de viento y lluvia), configuran un panorama aun más riesgoso, comparable a la inestabilidad evidenciada en el servicio eléctrico con posterioridad al terremoto del 27 de febrero de 2010, cuyas consecuencias se tradujeron en un “apagón” generalizado entre la región de Atacama (III) y los lagos (X), así como una serie de cortes menos extensos, pero aun así importantes, en varios segmentos de este troncal.
Por ello, si el Estado quiere invertir y/o incentivar en este mercado, debería proponer alternativas realmente innovadoras en relación a los problemas ya identificados.
No sólo eso, las características geográficas de Chile ya han advertido en innumerables ocasiones que la planificación centralista del sector eléctrico es contraproducente con la sostenibilidad de este modelo de expansión. Es más, la ubicación de fuentes de energía renovables -planteadas como agentes importantes del futuro de nuestra matriz eléctrica- con las que cuenta el país, principalmente eólica, solar, geotérmica y mini hidro, invitan a reconfigurar el esquema logístico de los actuales sistemas de transmisión, contexto en el que los conceptos de descentralización y autonomía energética a nivel local debieran ser posicionados como puntos referenciales de este proceso de cambio.
Ante esto, la eventual construcción de una “carretera eléctrica pública” representaría un importante espaldarazo a la perpetuidad del modelo centralista del mercado eléctrico que opera en Chile, sepultando así las posibilidades de reestructuración que pudieran existir para este sector. De paso, fomentaría de manera aun más acentuada la inversión en proyectos a “mega” escala, es decir, grandes centrales de generación como la central termoeléctrica a carbón Castilla (la más grande de Sudamérica con 2.100 MW) e HidroAysén, ubicados en lugares extremadamente distantes de sus polos de consumo, y que obligan la construcción de estas extensas redes de transmisión, de más de 2.200 km de largo, convirtiéndola en la más extensas a nivel mundial.
Y por último, establecería un conflicto relevante en términos políticos, ya que plantea al Estado como juez y parte en un proyecto que a simple vista evidencia una importante resistencia ciudadana, situación que sin lugar a dudas es preocupante, ya que entrega pocas garantías para que las inquietudes y demandas sociales sean consideradas durante los procesos de evaluación correspondientes. Una vez más, antes de anuncios públicos de este tipo, resulta necesario el establecimiento de una discusión real, seria y en profundidad sobre el modelo eléctrico de Chile, algo que hasta el momento no existe.