Interponen querella criminal contra vicepresidente de HidroAysén por falso testimonio

Los parlamentarios Antonio Horvath (RN) y el diputado Enrique Accorsi (PPD) y representantes ecologistas presentaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. una querella criminal contra el director ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, por la probable entrega de testimonios que faltaron a la verdad ante el Tribunal de la Libre Competencia y por la presentación de medios de prueba falsos.

Quien presentó la querella fue el abogado representante del Consejo de Defensa de la Patagonia, Mario Castillo, a raíz de que Fernández habría desconocido una colusión entre Centrales hidroeléctricas Aysén y Endesa (asociada a la empresa), para obtener los derechos de los ríos Baker y Pascua, sin embargo, el jurista afirmó que habría tenido conocimiento de ello.

Según el escrito, se señala que el 30 de julio del año pasado. el gerente general de Endesa. Joaquín Galindo. remitió a Fernández una carta en la que la compañía desistía de reclamar frente a las solicitudes de HidroAysén sobre los derechos de aguas que le habían sido concedidos en 1990. Tras este arbitrio, se reunían las dos autorizaciones que les entregó la Dirección de Aguas del MOP, y así consiguieron la cantidad de metros cúbicos necesarios para que pudiesen operar las cinco represas recién aprobadas. La misiva habría sido recibida por Fernández el 2 de agosto de 2010, según los denunciantes.

El 12 de agosto del mismo año, Fernández en audiencia ante el TDLC, fue consultado si conocía una carta enviada en 2008 y firmada por el gerente dé Endesa Rafael Mateo Alcalá, en aquel entonces. El ejecutivo, respondió que "no la había visto". Luego se le consultó por la carta del 30 de julio. A lo que Fernández indicó que acababa de verla.

Según el abogado, Fernández no podía desconocer su existencia, porque fue por su misiva. por lo que faltó a la verdad.

En tanto, el abogado de HidroAysén, José Tomás Errázuriz, señaló que esta querella "es un nuevo intento para levantar falsa información sobre el proyecto e intenta perjudicar la imagen del ejecutivo". Agregó que "es un paso más en la estrategia de judicialización que han iniciado quienes se oponen al proyecto aprobado ambientalmente el pasado 9 de mayo".