La batalla por las semillas chilenas

Monsanto, la gigante transnacional de transgénicos, asociada con empresarios locales, pugna por apropiarse del control monopólico de las semillas chilenas. Si gana, habrá que acostumbrarse a que también manejen los precios de los alimentos. Le Monde Diplomatique, 7 de julio de 2011.


Hay tres leyes en trámite en el Congreso que, aunque el gobierno y los empresarios lo nieguen están tan ligadas; si una se cae, el resto tambalea o simplemente no será viable. Se trata del convenio UPOV 91 actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional, del proyecto de ley sobre obtentores vegetales, y del proyecto de introducción de semillas transgénicas. Las iniciativas en discusión tienen en común que benefician a la transnacional Monsanto productora de más del 90% de la semilla transgénica del mundo, y a sus socios locales. Son leyes que afectan el patrimonio ancestral de campesinos e indígenas, vulneran la biodiversidad y la salud de todos los chilenos.

UPOV 91 es un convenio que favorece a privados, avalado e impulsado por Estados Unidos, que agrupa a nivel internacional a los "obtentores", es decir a Monsanto y a quienes han registrado semillas híbridas o transgénicas para cobrar "derechos" -una suerte de patentea quien quiera sembrarlas (1).

La Ley de Obtentores Vegetales es el instrumento que derogando una ley anterior permitiría que Chile, hasta ahora adscrito a la versión del año 1978 de ese convenio, se cambie ala versión del año 1991, que agrega exorbitantes "derechos" antes no considerados y deja al campesinado en total indefensión frente a esos monopolios. Y finalmente, la Ley de Transgénicos permitirá que los exportadores de semilla transgénica -Monsanto y el restoextiendan su negocio al mercado interno, sin un marco legal que permita enfrentar sus dañinos impactos en el ambiente. en la salud de las personas, en las comunidades campesinas e indígenas, en las exportaciones de la agroindustria y en la producción orgánica y agroecológica.

Estos proyectos tendrán un resultado seguro: el alza de los precios de los alimentos, porque en conjunto apuntan al control monopólico de la semilla, el primer eslabón de la cadena de producción de los alimentos. Hoy la producción de semillas está en manos de muchos agricultores, pequeños y medianos campesinos que abastecen las ferias libres. Estos efectos deben verse en perspectiva ya que, por ejemplo. lo que ofrecerá Indap o los Programas de Desarrollo Rural de las Municipalidades a los campesinos serán estos paquetes tecnológicos: semilla transgénica y el correspondiente plaguicida. Será cada vez más difícil conseguir semillas tradicionales y la autonomía será reemplazada por la dependencia de los campesinos respecto de estas empresas monopólicas.

El convenio UPOV 91 ha sido mundialmente el "caballito de batalla" de las transnacionales de las semillas, que buscan monopolizar su producción y comercialización. Brasil y Argentina, con inmensos territorios y producción agrícola, hasta ahora se han negado a suscribirlo, prefiriendo regirse por las normas de sus respectivas leyes de semillas. Acogiéndose a ello, la Federación Agraria Argentina -que agrupa a medianos y pequeños productoresse ha negado este año a firmar las leoninas condiciones impuestas por Monsanto a quienes deseen cultivar su nuevo producto transgenico estrella, la soya BtRR2. Han afirmado públicamente que no quieren ser "inquilinos" de Monsanto. Si el Tribunal Constitucional chileno ratifica el Convenio UPOV 91,y rechaza los fundamentos jurídicos y sociales expuestos por los 17 senadores que presentaron la petición de ilegalidad, ampliados por organizaciones ambientales y sociales, la cuestión de fondo se zanjará en la discusión de la Ley de Obtentores. Este proyecto busca legalizar las nuevas garantías de los dueños actuales y futuros de la semilla. Porque desde 1996, bajo los términos de la ley 19.342, Chile creó un registro de especies vegetales, controlado por el SAG y ya hay más de 1000 variedades agrícolas con dueño. La mayor parte de los obtentores son extranjeros, con excepciones como INLA, Universidad Austral, Baer y unos pocos chilenos. Sin embargo las empresas se quejan de "piratería" y uno de los cambios propuestos les da el poder de hacer de policias (Art. 48 de la Ley de Obtentores). En el mundo, Monsanto y Syngenta han creado "policías" de control que buscan siembras involuntarias de transgénicos. Para ellos no rige el principio "el que contamina paga" Por el contrario, si un cultivo resulta contaminado genéticamente, es el pequeño productor el que se ve demandado por Monsanto.

En Estados Unidos. de acuerdo a cifras referidas al año 2007 y entregadas por el Center for Food Safely, Monsanto ganó más de 21,5 millones de dólares en juicios contra 57 agricultores. El juicio más grande fue de 3 mil 800 millones de dólares, y el promedio fue de 385.418 dólares.

Peor que UPOV 78

Hasta el Acta de 1978, la UPOV contempló la llamada excepción al derecho del obten-tor, es decir los agricultores podían seguir sembrando lo que obtuvieran en la cosecha a partir de la semilla que habían comprado a una empresa. Pero UPOV 91 ilegaliza o restringe gravemente la selección, multiplicación e intercambio de semilla a partir de la cosecha anterior, que se ejerce ancestralmente por las comunidades campesinas e indígenas. Esta práctica fue reconocida por el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de la FAO, que Chile ha firmado. La diversidad y riqueza genética de la que hoy se apropian estas mismas empresas semilleras tiene ese origen.

En este tratado se reconocieron al mismo tiempo los derechos del obtentor y los derechos del agricultor. Sin embargo Vía Campesina, y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) hacen ver que el reconocimiento de los derechos del obtentor está ligado a leyes concretas, en cambio los derechos del agricultor son sólo declarativos, no vinculantes. El gobierno chileno está planteando estos provectos basados en la "protección de los derechos de los obtentores: para asegurar su ganancia. Para Vía Campesina y la CLOC representadas en Chile por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y la Confederación Ranquil, entre otras, las semillas son patrimonio de las comunidades campesinas e indígenas al servicio de la humanidad. Por el contrario el Convenio UPOV 91 parte de la base del principio de que es posible privatizar los conocimientos y diversas formas de vida.

Al expandir el ámbito del registro a todas las especies vegetales, este convenio y el proyecto de ley de obtentores permiten que toda especie nativa pueda quedar como propiedad de empresas fundamentalmente extranjeras. Sólo se requerirá hacer un trabajo simple para lograr una población o grupo de plantas nuevas, homogéneas y estables. Cualquier empresa podrá apropiarse de las variedades campesinas e indígenas, porque se considerará como "nueva" cualquier variedad no comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual y se extenderá la duración de la patente o "derecho" de obtentor a 20 a 25 años, según la especie. En Chile, Monsanto ya tiene inscritas cuatro variedades de arveja, cebolla melón y poroto; tres de lechuga, dos de tomate y una de cilantro. A través de la empresa Anasac, cuya división de semillas pertenece ahora a esa transnacional, se agregan cuatro de trébol, dos de trigo y tres de ballica (2).

El registro de frutales tiene 382 variedades, la mayoría de empresas de EEUU.

Apenas tres variedades de frutales fueron inscritas por el INIA que sólo ha registrado dos variedades de vides, en forma provisoria. Esto plantea desde ya dificultades para los investigadores chilenos que quisieran trabajar con plantas ya inscritas.

También están inscritas la alcachofa, arroz, avena, avena strigosa, ballicas híbrida, italiana e inglesa; bromo, cebada, chícharo, cilantro, lenteja, lupino, maíz, melón, orégano, papa, pasto ovillo, pepino, quinoa, tréboles blanco, rosado y subterráneo; trigos candeal, panadero y triticale, y zapallo italiano, entre muchas otras especies.

Alimentos tóxicos Para registrar una variedad, UPOV 91 no exige probar que sean útiles o inocuas. Basta mostrar la simple expresión de un carácter agregado a traves de la mani pul ación genética. Esto permite utilizar variedades antiguas y agregar transgenes o genes cosméticos capaces de provocar una diferencia visible para registrarlas como "nuevas". Es también una vía para la introducción de cultivos de producción de medicamentos o vacunas y drogas para la industria farmacéutica (por ejemplo arroz, tomate), que pueden contaminar genéticamente los alimentos por su carácter tóxico. Si esto ocurre, será imposible proteger a la producción alimentaria y agrícola de los procesos de contaminación con genes tóxicos. El país deberá asignar recursos significativos para certificar que no estemos consumiendo alimentos tóxicos y una vez que Chile adquiera fama de país contaminado. la exportación agrícola se verá arruinada.

Por todo ello estos tres proyectos son rechazados por las organizaciones campesinas e indígenas, las comunidades y asociaciones-de agricultores orgánicos del-BioBio y Chiloé, y también por las redes sociales y ambientales de diversas regiones chilenas, las organizaciones de consumidores y un creciente movimiento ciudadano que a través de cabildos y movilizaciones de distinto tipo está conminando a los legisladores. Chile no está en venta, dicen los jóvenes en las manifestaciones callejeras. Pero aún está por verse si efectivamente el Senado se hará parte de esta entrega definitiva del patrimonio genético de Chile o escuchará las demandas populares.  

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