Sernageomin y Sag exponen ante comisión investigadora sobre HidroAysén

María Francisca Falcón, Geóloga del Departamento de Geología Aplicada de SERNAGEOMIN, quien desde el año 2008 formó parte del equipo evaluador del proyecto HidroAysén, asistió a la Comisión de Derechos Humanos -convertida en Investigadora- para informar sobre lo que para ella “es una irregularidad en lo que significa el pronunciamiento de SERNAGEOMIN respecto de la calidad evaluadora del equipo técnico”.

Explicó que al interior de SERNAGEOMIN existía un equipo conformado por cinco geólogos, de los cuales ella era la coordinadora, “no había otro equipo formado en el SERNAGEOMIN destinado a analizar todo lo que tenía que ver con los peligros geológicos de HidroAysén”, aclaró.

El problema -según detalló- se suscitó luego de que como equipo elaboraran el memorandum 33 y 34 los cuales realizaban observaciones a la instalación del proyecto y éste fuese cambiado posteriormente por el oficio 95. “Nos dimos cuenta porque llegó un informe de CONAMA sobre el oficio 95, el que difiere en la forma y contenido de las observaciones que nosotros decíamos en el memorándum 33”, señaló.

“Eso es muy grave porque el memorándum 33 realiza observaciones y solicita que se hagan distintos trabajos para que la empresa conteste lo que nosotros consideramos que son vacíos en la línea base que no nos permiten evaluar el impacto geológico y el oficio 95 dice que no hay observaciones por parte del SERNAGEOMIN”, recalcó Falcón.

La funcionaria del SERNAGEOMIN explicó que las observaciones contempladas en el memorándum 33 tenían que ver con que “en todos los antecedentes hidrogeológicos que ellos presentaron para entregar los parámetros hidráulicos, sólo se basaron en bibliografía, no son ensayos de la zona, por otra parte, utilizaron modelos con acuíferos de hasta 10 metros, en circunstancias de que en muchos de los antecedentes que ellos estaban entregando, los acuíferos tenían 60 metros de profundidad”.

Además, la geológa dijo que “ellos siempre calificaron como estanco las zonas de los embalses y nosotros revisando los sondajes nos dimos cuenta que hay zonas de permeabilidad alta o baja, pero en ningún caso los embalses son estancos, por lo tanto, el proceso de llenado de los embalses seguramente va a ser mayor que lo dicho, corriéndose el riesgo de vaciado repentino”.

Señaló que estas observaciones no fueron consideradas en el oficio 95 y dijo ignorar quién puede haber realizado este cambio. Por esto, puntualizó que se solicitó a las autoridades del servicio realizar una auditoría interna para saber quién tenía las competencias para realizar estos cambios. “Esperamos bastante tiempo y como no tuvimos nunca contestación hicimos una presentación a la Contraloría para que haga un sumario. Nuestro principal alegato es que se hace un daño al no proporcionarle a las autoridades todas las observaciones que tuvo un equipo de trabajo”.

Frente a los dichos de Falcón, el diputado Gustavo Hasbún (UDI), pidió allegar antecedentes por escrito sobre las posiciones en controversia. “Se habla que se hicieron una serie de observaciones a la empresa y me gustaría saber cuándo se hicieron las observaciones, también saber por qué no veo copias para poder compararlo con el oficio 95 y, finalmente, decir que para uno es difícil poder entender ciertos aspectos sin tener documentos que acrediten lo que está diciendo la persona”.

En tanto, el diputado Alfonso De Urresti (PS) manifestó que mediante la presentación de Francisca Falcón “hay un mismo modo operandi. Aquí hubo un conjunto de funcionarios de SERNAGEOMIN o de otros servicios que hicieron observaciones, y para poder consolidar informes favorables a la empresa, entre gallos y medianoche, se cambiaron. Claramente acá hay una constante que se repite, los informes que hicieron los expertos respecto de los informes finales”.

Por su parte, el diputado Sergio Ojeda (DC) -presidente de la Comisión de Derechos Humanos, constituída en Investigadora de HidroAysén- sentenció que “yo creo que objetivamente hay que recibir lo que Francisca Falcón nos ha señalado y es que aquí habrían dos memorándum 33 y 34 que deberían haber sido considerados en el oficio 95”.

Abogado del SAG

En la sesión también participó Héctor Cuevas, Abogado del SAG de Aysén, quien trabajó como apoyo jurídico del equipo de evaluadores de dicho organismo. Al respecto informó que luego de elaborarse el informe, hubo problemas con el sistema electrónico de evaluación, el cual sirve para que los servicios públicos se pronuncien.

“El 2008 el SAG había hecho un informe que decía que el estudio no cumplía con los permisos sectoriales, no tenía la información correspondiente. Cuando estábamos en eso detectamos que el servicio electrónico no tenía el botón de rechazo y lo más llamativo es que si un ingresaba por el botón “aprobación con observaciones”, pedía una pregunta, y eso para nosotros era extraño porque eran observaciones y no preguntas y nuestro informe era de disconformidad”, detalló Cuevas.

Según señaló el abogado, “es difícil que los servicios públicos se pronunciaran en disconformidad si no hay una línea base adecuada”. Asimismo, precisó que cuando el informe ingresa al sistema aparece con otro titulo. “La primera parte no estaba escrita por nosotros, esto lo da el sistema, aquí hay hechos que yo no puedo afirmar de qué forma se producen”, sentenció.

Sobre esto, la diputada Cristina Girardi (PPD) sostuvo que “claramente hay manipulación de un sistema que debiera entregar todas las opciones y que al final de cuentas no las está dando”.

Finalmente, el diputado Hasbún solicitó que se oficie al ex Director de la Corema y del SAG de Aysén ya que “sería bastante ilustrativo saber -si es que estos hechos ocurrieron el 2008- más antecedentes. Lo importante es que podamos tener antecedentes más concretos”.