Consulta pública al Reglamento del SEIA: ¿Participación Ciudadana?

Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog La Tercera el 30 de julio de 2011. Vea Blog AQUÍ.


En carta a La Tercera el Sr. Juan Carlos Monckeberg, jefe división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), hace un análisis de la consulta pública a la propuesta del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental que vence hoy 30 de julio. Al parecer no se cumplirían las expectativas que tenía el SEA en relación a la participación ciudadana, número de observaciones, comentarios y sugerencias a la normativa propuesta pues, hasta el día de ayer en la mañana, sólo se habrían recibido 689 observaciones realizadas por 193 personas.

Para su análisis, el jefe división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, realiza una comparación entre la participación ciudadana que se ha dado, en los últimos años, en el marco de la evaluación de impacto ambiental de ciertos proyectos, que han generado y generan gran conflictividad dado su impacto en las comunidades y el medioambiente –los que han recibido del orden de miles de observaciones-, versus las presentadas, a la fecha de ayer a la propuesta del Reglamento del SEIA, señalando que el SEA preferiría una balanza más equilibrada y que cuando se invita a la mesa a conversar y discutir las reglas del juego no se logra el mismo nivel de participación.

Sin embargo, tengo mis dudas sobre el objetivo principal del SEA con esta consulta pública ¿Cree usted que el SEA realmente buscaba invitar a la ciudadanía a una “mesa de conversación y discusión sobre las nuevas reglas del juego” que regirán la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión? Yo creo que no, o por lo menos que no se dieron todas las garantías para que hubiera una participación ciudadana real y efectiva en el marco de la formulación de este nueva normativa.

¿Por qué digo ésto?

Primero, cabe recordar que en enero de 2010 nuestro país sufrió un cambio importante en materia de legislación e institucionalidad ambiental. Cambio que recién comenzó a implementarse en octubre de ese mismo año y al cual a la propia autoridad le ha costado
adaptase y asumir sus nuevas funciones. Y si bien es cierto, que en términos generales, la ciudadanía conoce la existencia del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente, existen muchos conceptos, instrumentos, funciones, etc. que se establecieron en la nueva ley, que son la base del Reglamento como el que está en consulta pública, que son desconocidos y/o complejos de interpretar por la ciudadanía y las comunidades, lo que claramente limita las posibilidades de participación. En este sentido, creo que la autoridad todavía está en deuda con la ciudadanía sobretodo si consideramos que una de las nuevas funciones de la nueva institucionalidad es “Fomentar y facilitar la participación ciudadana”.

Segundo, la “invitación a la mesa de conversación y discusión de las nuevas reglas del juego”-como ha llamado la autoridad a esta consulta pública- ocurre como siempre de manera expos, cuando ya se tienen predefinidos conceptos, procedimientos, etc. Aquí no hay una conversación o discusión entre actores y/o sectores, aquí lo que se ha hecho es definir un Reglamento y después ponerlo a disposición de la ciudadanía para recibir consultas, comentarios y/o sugerencias. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de consulta no es vinculante, es decir, la autoridad no tiene ninguna de obligación de acoger las propuestas que se hagan desde la ciudadanía.

Finalmente, las intervenciones desde el gobierno en la evaluación de impacto ambiental de proyectos emblemáticos como Barrancones, Castilla, Hidroaysén, que generan gran conflictividad por su impacto en las comunidades y el medioambiente, evidencian el fracaso y descrédito de la reciente Reforma a la institucionalidad -producto de un “Acuerdo Político” entre la Alianza, la Concertación y el Gobierno de Bachelet- que se enfocó fundamentalmente en diseñar la arquitectura institucional (Ministerio, SEA y Superintendencia) y no en darle sustancia y contenido a las nuevas instituciones. Menos aún, en acoger las demandas y propuestas de las organizaciones ciudadanas que fueron la base para cambiar las instituciones en esta materia.

A la luz de la evaluación ambiental de proyectos emblemáticos se evidencia que las decisiones ambientales en nuestro país fueron y siguen siendo decisiones políticas y no basadas en los criterios técnicos de los servicios encargados de la evaluación. Nuevamente queda claro que la reforma a la institucionalidad ambiental que surgió de la Ley 20.417, no reformó, ni solucionó los temas de fondo que la originaron, seguimos teniendo serias carencias. El Ministerio de Medio Ambiente y los servicios relacionados no cuentan con el peso político mínimo indispensable que le permita proteger adecuadamente el patrimonio natural de la nación. Por tanto, muchos son de la opinión que no vale la pena participar en los procesos que a partir de ella se dan, sobre todo tratándose de la consulta pública a la propuesta al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

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